Piden que Baraldini vuelva a la cárcel

El arresto domiciliario que otorgó el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Rosa al ex jefe de la Policía pampeana durante la última dictadura, Luis Enrique Baraldini, continúa generando polémica y ahora la querella pidió que se revea la medida.
Actualmente, el ex policía permanece desde el pasado jueves en la casa de su hija Sandra en una vivienda del centro de esta capital pampeana.
Los abogados Franco Catalani, Miguel Villagra, Maximiliano Corroinca y Juan Resia, representantes del Movimiento Popular Pampeano por los Derechos Humanos, de la UNLPam, del Partido Comunista y de cinco víctimas, solicitaron que "se deje en suspenso" la resolución en la que el TOF otorgó el beneficio a Baraldini.
Según el escrito presentado ayer, señalaron que con la decisión del tribunal de efectivizar la salida de Baraldini de la cárcel "no se dio legal y cabal ejecución de la resolución", que fue apelada.
Agregaron que el Código Procesal Penal de "manera clara y precisa" en el artículo 441 establece que la interposición de un recurso, sea ordinario o extraordinario, tiene efecto suspensivo, salvo que se diga lo contrario, algo que no sucedió en el fallo del TOF.

Facilita la fuga.
También manifestaron que es "necesario" que los efectos de la medida "permanezcan sin cumplirse durante el plazo para impugnar y aún después", mientras se tramita el recurso porque "la resolución puede ser alterada y también podría ocasionar perjuicios irreparables".
En los fundamentos, los abogados recordaron que Baraldini estuvo prófugo en Bolivia hasta 2011 -donde logró esquivar el juicio de la Subzona 14 I en 2010- y darle la domiciliaria "equivale poco más que a facilitarle la fuga y frustrar así 4 décadas de ingentes y colectivos esfuerzos para cumplir con la obligación del Estado de brindar justicia a sus habitantes".
En rigor, los querellantes sostuvieron en el escrito que el recurso interpuesto contra la decisión del TOF de beneficiar a Baraldini "no puede hacerse efectiva" como sucedió, ya que la medida debe quedar suspendida hasta que se resuelva el cuestionamiento.

Idas y vueltas.
El primer hecho sobre el pedido de la domiciliaria de Baraldini fue el rechazo a la solicitud el 16 de diciembre del año pasado por parte del Tribunal Oral Federal que consideró los riesgos de fuga para justificar el encarcelamiento preventivo.
Sin embargo, la resolución del TOF fue anulada el 28 de junio pasado por la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal que hizo lugar al recurso interpuesto por la defensa de Baraldini, y ordenó dictar un nuevo pronunciamiento.
La Cámara de Casación Penal declaró inadmisible el 13 de septiembre un recurso extraordinario federal que interpuso la fiscalía y dio luz verde para la salida de Baraldini de la cárcel, ordenando al TOF que dicte una resolución en ese sentido.
El 22 de septiembre, el TOF decidió por mayoría hacer lugar al pedido de detención domiciliaria de Baraldini, bajo la modalidad de vigilancia electrónica. Seis días después, los querellantes interpusieron un recurso de casación ante ese tribunal contra la resolución del 22 de septiembre y pidieron que se ordene la prisión preventiva de cumplimiento efectivo y común del Baraldini.
A pesar de los intentos, finalmente el 3 de octubre pasado el TOF el recurso de casación interpuesto y elevó el planteo a la Cámara de Casación Penal para que resuelva, pero mientras tanto a las pocas horas -precisamente el jueves 5- el ex policía fue trasladado a la casa de una de sus hijas.

Greppi, en Buenos Aires
El ex militar Néstor Omar Greppi, que fue secretario general de la Gobernación en la dictadura, siguió la audiencia por videoconferencia ya que obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria y reside en Capital Federal.
Greppi fue condenado en 2010, por el primer juicio, a 20 años e inhabilitación perpetua por privación ilegal de la libertad agravada en cuatro hechos; y dos casos de tormentos físicos y psíquicos agravados. En 1976, era oficial encargado del Destacamento Militar 101, sede de la Subzona 14. En este segundo juicio por delitos de lesa humanidad, está acusado de asociación ilícita, secuestros y torturas en perjuicio de 91 personas.
Por otra parte, en el marco del programa "La Escuela va al Juicio de la Subzona 14 II", que se desarrolla en el Colegio de Abogados de Santa Rosa, estudiantes de quinto año del Colegio de la Universidad presenciaron ayer una nueva jornada del debate, donde se investigan delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en la provincia. La actividad, de la que también ya participaron otras instituciones, es organizada por la Secretaría de Derechos Humanos de La Pampa.