Piden que abran una Cámara para no depender de Bahía Blanca

El legislador nacional pampeano argumentó que la ausencia de un órgano jurisdiccional federal de segunda instancia "obliga a los justiciables a trasladarse hasta la sede de la Cámara Federal en Bahía Blanca, con el dispendio que ello supone".
A través de un proyecto de declaración, el diputado nacional (PJ -La Pampa), Gustavo Fernández Mendía, solicitó la creación de una Cámara Federal de La Pampa. El legislador pidió al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación que adopte los recaudos institucionales para que se cumpla con el artículo Uno de la ley 25269 procediendo a la constitución e inmediata puesta en funcionamiento de la Cámara Federal de La Pampa.
"Y que lo realice coordinando la implementación de las acciones conducentes a este fin con la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Consejo de la Magistratura. En igual sentido, esta Cámara vería con beneplácito que el jefe de Gabinete de Ministros, Jorge Capitanich, en ejercicio de las atribuciones conferidas en la Ley de Presupuesto de la Administración Pública Nacional, realice las reestructuraciones presupuestarias que fuesen necesarias para proporcionar los recursos financieros para asegurar lo preceptuado en esta ley".
En los fundamentos, Fernández Mendía expuso que el 28 de junio del 2000, el Senado de la Nación y la Cámara de Diputados de la Nación sancionaron la Ley 25269, la que quedó parcialmente promulgada por Decreto del Poder Ejecutivo de la Nación dictado el día 17 de Julio del mismo año. A través del Artículo Uno de la norma, quedó consagrado que los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional Federal que actualmente funcionan en las provincias de Catamarca, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja, Neuquén, San Juan, San Luis, Santa Cruz, La Pampa, Santiago del Estero y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, que no cuentan con Cámaras Federales de Apelaciones en las respectivas provincias, pasarán a constituirse y denominarse como cámara federal adicionándosele el nombre de la jurisdicción provincial a la que corresponda.

Solución.
De acuerdo con Fernández Mendía, de acuerdo con el artículo séptimo, las cámaras federales creadas debían asumir su nueva jurisdicción y competencia a los sesenta días de publicada la ley de creación, pero ello no ocurrió en La Pampa. Amplió que la conversión de los tribunales orales en cámaras federales fue concebida como una solución orientada a garantizar la eficacia del servicio de administración de justicia, promoviendo un esquema de descentralización territorial y funcional destinado a dar los mayores niveles de tutela posible a las exigencias inherentes al debido proceso. "En el caso de La Pampa, la ausencia de un órgano jurisdiccional federal de segunda instancia, obliga a los justiciables a trasladarse hasta la sede de la Cámara Federal con asiento en la ciudad bonaerense de Bahía Blanca, con el dispendio que ello supone.
La puesta en funcionamiento de las cámaras federales que ya se encuentran creadas por la conversión de los Tribunales Orales Federales, permitiría que todos los ciudadanos cualquiera sea su lugar de emplazamiento, tengan las mismas posibilidades de acceder a la jurisdicción y que esta se imparta con igual calidad, celeridad e inmediatez.

Traslado.
En el desarrollo de sus fundamentos, Fernández Mendía afirmó que al momento de su dictado, fue especial la ponderación por los diputados que participaron del proceso deformación y sanción de la Ley 25269, evitar la multiplicidad de inconvenientes que se suscitan a los ciudadanos de una provincia que carece de órgano de alzada, los que se ven obligados a desplazarse cientos de kilómetros hacia otras jurisdicciones provinciales, con el consecuente agravio al pleno acceso de la Justicia, uno de los derechos fundamentales de un Estado constitucional y democrático de derecho. "Esta iniciativa busca arbitrar los recaudos administrativos necesarios para dar estricto cumplimiento a una ley que va a cumplir catorce años de sanción", cerró.