Por no invertir, UTE debe multas por u$s 2 millones

GOBIERNO QUITO CONCESION DE SALINA GRANDE I

La comisión de Asuntos Agrarios de la Legislatura emitió despacho favorable por unanimidad al proyecto de ley del Poder Ejecutivo que declara de interés estratégico el área Salina Grande I, tras la rescisión del contrato que tenía una UTE y que decidió el gobierno, y dio luz verde para otorgarle a la empresa estatal Pampetrol Sapem los permisos de explotación y exploración. “El contrato entre el gobierno y Pampetrol será trabajado por una comisión de diputados y luego se firmará. Tendrá una vigencia de 25 años para que la empresa como concesionaria explote el área de la manera que lo considere”, afirmó el subsecretario de Hidrocarburos y Minería, Matías Toso, que expuso ante los diputados en la Legislatura.
El área, conformada por tres lotes, estaba a cargo de una Unión Transitoria de Empresas (UTE) conformada por Gregorio, Numo y Noel Werthein, Energial SA y Petrosiel SA y el contrato fue rescindido por incumplimiento de las empresas, vinculado principalmente a la falta de inversiones que llevó una deuda de 2 millones de dólares en multas, aunque todavía se está realizando una revisión de los números.
Toso asistió ayer a la comisión que preside el oficialista Roberto Robledo junto al director de Hidrocarburos y Biocombustibles, Juan José del Río y el subdirector de Inspecciones, Cristian Buss, quienes explicaron que actualmente los pozos no están en funcionamiento. “Cuando dictamos el auto administrativo de rescisión, se puso el freno a todos los pozos”, manifestaron. Sobre el crudo almacenado en la batería, dijo que “lo que ya se extrajo pertenece a la operadora, pero la empresa tiene deudas con la Provincia y la rescisión genera multas que deben ser abonadas. Hay que valorar si el Estado puede quedarse con parte del crudo que en realidad no algo significativo sobre la deuda que es por inversiones comprometidas y no realizadas”. Salina Grande I tiene 11 pozos y 9 en condiciones de producir y está lista para comenzar a operar en 30 días.
La UTE “ya no tiene derecho sobre el área, es probable que el anterior concesionario vaya a la Justicia para tratar de revertir la rescisión. No tenemos impedimento judicial y hasta ahora no tenemos conocimiento que la empresa haya iniciado acciones legales”, agregó Toso. Sobre los incumplimientos en el lote uno, el subsecretario señaló que la empresa había presentado un plan de inversiones “en cero para 2015 que fue rechazado, luego recurrido y finalmente, sumado a que se dejó de producir en el área por más de dos meses, se rescindió por no cumplir con el pedido ni presentar un nuevo plan”. Sobre los otros dos lotes, la rescisión pasó por incumplimiento de inversiones acordadas.

Jagüel.
La comisión de Asuntos Agrarios también le dio el visto bueno a un proyecto del Poder Ejecutivo en el que se establece una serie de modificaciones a la ley que asignó a Pampetrol funciones operativas sobre el área Jagüel de los Machos para que pueda contar con mayor certeza en las condiciones para la búsqueda de inversiones. Se trata de un área que tiene en total 92 pozos y 62 en producción. Con esto, se pretende establecer un plazo de concesión de 25 años más diez de prórroga para Pampetrol y que además se le permita establecer las regalías.
“El tema es la situación jurídica porque se trata de un área que necesita fuertes inversiones ya que promete bastante y cuando Pampetrol sale a buscar inversiones no dice cuánto tiempo y cuánto paga de regalías, la situación jurídica no le impide explotarla pero sí darle proyección a futuro con inversiones sostenibles”, dijo Toso. “Se busca igualar con el resto de las áreas”, añadió.

Pozos abandonados
El diputado Ricardo Consiglio (Frepam) se mostró satisfecho por la postura del justicialismo que apoyó en general la iniciativa de su autoría, junto a José Luis Vendramini, que pretende establecer normas y procedimientos, por ley, para el abandono de pozos petroleros en La Pampa. En la provincia, hay entre 150 y 200 pozos, informaron los funcionarios de Hidrocarburos. “Nos sorprendió el número de pozos sin tapar que hay en la provincia, acá tenemos entre 150 y 200, según dijo Toso, por eso hay que tomar cartas en el asunto para solucionarlo”, destacó el legislador, agregando que “entre cuatro y cinco años podría acordarse que un pozo difícilmente puede ponerse en producción. Cerrar un pozo definitivamente cuesta 250 mil dólares”.