Prisiones en suspenso

El juez de control Carlos Matías Chapalcaz, dictó tres condenas en suspenso, de entre seis meses y un año, por agresiones a mujeres a través de juicios abreviados. En un caso, la víctima fue la esposa del imputado y en los otros dos, ex parejas.
Dos legajos fueron encuadrados en la ley 26.485 de Violencia de Género. Chapalcaz condenó a Sergio David De Dino a un año de prisión en suspenso, por ser autor del delito de lesiones leves calificadas por la relación de pareja, valorado en el marco de la ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres. La sentencia fue consecuencia de un pedido de juicio abreviado convenido entre el fiscal Walter Antonio Martos, el defensor oficial Martín García Ongaro y el imputado, un empleado de 21 años.
Además de la condena, las partes acordaron que De Dino cumpla, por el plazo de dos años, pautas de conducta.

Esposa.
Chapalcaz también condenó a Julio Horacio Rodríguez a seis meses de prisión condicional, como autor de lesiones leves calificadas por la relación de pareja en concurso real con amenazas simples. La víctima fue su esposa.
Además le impuso reglas de conducta por dos años. La sentencia fue dictada en un juicio abreviado convenido entre el fiscal Andrés Torino, el defensor oficial Juan José Hermúa y el imputado, un empleado público de 38 años, quien admitió su culpabilidad.
El juez dio por acreditado que el 28 de mayo del año pasado a la tarde, cuando la víctima regresó de su trabajo a su domicilio, se generó una discusión con el acusado y por esa razón ella le pidió a su marido que se retirara de la casa que compartían. Rodríguez se enojó y la agredió "con un golpe de puño en la zona de la nuca, por el que la denunciante se cayó, y con posterioridad le manifestó que iba a matarla y le dijo 'me la vas a pagar'".

Tramontina.
Finalmente, el mismo juez condenó a Walter Sebastián Leyes a ocho meses de prisión en suspenso, como autor de los delitos de daño y amenazas en concurso real, valorados en el marco de la ley 26485 de Protección Integral a las Mujeres, y le fijó pautas de conducta por dos años como fijar residencia, someterse al cuidado de la Unidad de Abordaje, Orientación y Supervisión de personas en conflicto con la ley penal; abstenerse de realizar todo acto de perturbación y/o intimidación en forma directa o indirecta respecto de la víctima; y efectuar un tratamiento psicológico.
El abreviado fue presentado por el fiscal Walter Antonio Martos, el defensor oficial Martín García Ongaro y el imputado, un desocupado de 42 años.