Procesan a Baraldini y otros ex militares

JUEZ FEDERAL SUBROGANTE DEFINIO EL ABUSO SEXUAL A DOS VICTIMAS COMO DELITO DE LESA HUMANIDAD

El ex jefe de la Policía pampeana durante la última dictadura militar, Luis Enrique Baraldini, y otros ex militares y ex policías, fueron procesados por la Justicia federal, por el delito de abuso sexual en perjuicio de dos víctimas. La resolución fue tomada por el juez federal subrogante, Luis R. J. Salas, quien para tomar la medida consideró que se trataba de delitos de lesa humanidad. Por otra parte agregó que se debe tratar como un delito independiente de las torturas.
Los imputados, además del ex teniente coronel y ex jefe policial, son el ex secretario general de la Gobernación desde el golpe de 1976, Néstor Omar Greppi; y los ex policías Roberto Fiorucci y Carlos Reinhart. Además quedó procesado Jorge Omar De Bartolo, entonces a cargo de la Sección Logística del Regimiento de Toay.
Salas consideró a cada uno “coautor (artículo 45 del Código Penal) de los delitos de abuso sexual con acceso carnal (Artículo 119 del Código Penal), reiterado en dos oportunidades” en perjuicio de dos víctimas, a las que se identifica con iniciales: SMB y ANP.
El juez sostuvo que “los delitos sexuales perpetrados durante el terrorismo de Estado que tuvo lugar en la Argentina a partir del año 1976, por haber implicado un atentado a la condición humana, participan de la calificación excepcional de crímenes contra la humanidad y de los caracteres que el derecho internacional les reconoce, imprescriptibilidad, imposibilidad de amnistía y su aplicación retroactiva”. En razón de esa argumentación concluyó que los delitos investigados son “de lesa humanidad”, y en los casos que se los debe juzgar independientemente “del delito de tormentos”.

Aún 50 años después.
Argumenta Salas que “los delitos sexuales cometidos por integrantes de una estructura estatal en ejecución de una política de Estado y dirigidos contra la vida o dignidad de la persona, bienes que constituyen la base de la coexistencia social civilizada por ser fundantes y anteriores al estado de derecho, deben reputarse crímenes de lesa humanidad, cometidos contra el derecho de gentes que la comunidad mundial se ha comprometido a erradicar por agredir los valores fundamentales (condición humana)”, fundamentó para que no se aplique la prescripción y se los pueda juzgar aún 50 años después de haberse cometido”.
Amplió el juez que “cuando el delito de abuso sexual deshonesto sin acceso carnal (art. 127 CP, t.o. s/ ley 21338) haya sido realizado en el marco de la etapa ejecutiva o consumativa del delito de imposición de tormentos (art. 144 ter, t.o. s/ley 14616), con una voluntad realizadora de ambos tipos penales, carecerá de autonomía, pues se producirá un concurso aparente de leyes (por consunción) que deberá resolverse a favor del tipo de mayor contenido de injusto y con escala penal más elevada, en este caso”. Diferenció que si la situación “de sufrimiento físico o psíquico constituya un abuso sexual deshonesto con acceso carnal (art. 119, CP t.o. ley 11719) por no operar ningún supuesto de exclusión de tipos penales, tanto la violación como los tormentos revestirán autonomía y reclamarán su propia reacción punitiva, la que según los casos, podrá dar lugar aún concurso ideal o real de delitos”.

El debate oral, para dilucidar.
En su argumentación Salas tuvo en cuenta “la claridad de las exposiciones de ambas víctimas” que, dijo, “exime de mayores comentarios en cuanto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que sucedieron los hechos y resultan suficientes para tenerlos por acreditados en esta instancia”.
Analizó que “la violencia sexual que padecieron fue fruto del dominio absoluto que los agentes de la represión ilegal tenían sobre ellos, quienes se vieron impedidos de recurrir a ningún tipo de autoridad en su defensa”.
Se detuvo en apreciar que si bien las víctimas no hicieron la denuncia apenas ocurridos los aberrantes sucesos, pudo tener que ver con “el contexto de represión estatal en que se desarrollaron los abusos sexuales con acceso carnal”, lo que a su criterio “justifica que recién después de muchos años, y luego de que el Estado diera muestras concretas de la voluntad de esclarecer tan aberrantes hechos y sancionar a los responsables, las víctimas se animaran a relatar lo sucedido; si bien ello atentó contra la posibilidad de recopilar pruebas más precisas y que son de práctica en estos casos”.
Sostiene el magistrado que “ante tan vívidos testimonios no cabe más que concluir en que será el ámbito del debate oral el propicio para la discusión de los hechos y su prueba, en el que las partes podrán explayarse ampliamente sobre la cuestión”.

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