Profundizan investigación sobre la distribución de droga local

Iara Silvestre es la jueza federal subrogante de Santa Rosa y entrevistada por Radio Noticias se refirió a la causa abierta tras la detención del narcotraficante mendocino (Darío Zapata Recabarren), el secuestro de droga, el posterior allanamiento en una vivienda de esa provincia donde se encontró un centenar de kilos de cocaína y la detención de dos personas más.
El lunes se cumplió con la indagatoria de los tres detenidos (Zapata, su madre y su hermana) y se negaron a prestar declaración, a partir de lo cual corren 10 días hábiles para que la jueza resuelva su situación procesal, mientras se mantienen detenidos y comunicados.
Están acusados de integrar una "organización destinada al tráfico ilícito de estupefacientes" entre Mendoza y otros puntos, entre ellos La Pampa.
Por la Ley de Estupefacientes se permite la actuación de los jueces federales "en extraña jurisdicción", cuando las circunstancias del caso y la urgencia pudieran hacer peligrar la investigación. Es por ello que la magistrada pampeana lleva adelante la causa y ordenó las órdenes de requisa y de allanamiento a la vivienda del narcotraficante mendocino, en Godoy Cruz, que dieron como resultado el decomiso de aquella cantidad de droga.
¿De la causa pueden surgir los distribuidores de la droga a nivel local? "Sí, en eso estamos en profundizar la investigación en ese sentido. La idea original era tratar de proceder a la detención de Zapata cuando estaba efectuando la entrega y es por eso que se lo sigue desde la Terminal hasta las inmediaciones del Barrio Atuel", explicó la magistrada.
"Esa idea está supeditada a la instrucción que le di a la policía de no sacrificar el procedimiento, perder la droga, y ante la inminencia de que esa persona se introdujera en el Barrio Río Atuel, con las particularidades de ese lugar, se decidió detenerlo antes, por lo que la entrega no se concretó".
En una segunda etapa investigativa se tratará de determinar quién era el destinatario de esa droga.

Condena.
El Juzgado envió a peritar químicamente la sustancia secuestrada, pese a la prueba de campo realizada al momento del operativo con un reactivo de orientación, que da el indicio que se está en presencia de una droga. Una vez realizado esto, la droga es incinerada.
También se analizan los teléfonos secuestrados para conocer las comunicaciones realizadas y, con ello, vincular a otros protagonistas de esta organización delictiva, incluidos los santarroseños.
Reunida toda esa prueba, la jueza valorará para decidir el procesamiento o no, y con qué calificación legal.
Silvestre informó que Zapata cumplió una condena por infracción a la Ley de Droga, y otra más por tenencia de arma de guerra.
De arribar a un juicio de procesamiento y confirmarse la imputación (tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, su transporte y agravado por la intervención de tres o más personas), la escala penal va de 6 a 20 años de condena.