Proponen ampliar ley de Etica

El diputado nacional Gustavo Fernández Mendía es el autor de una iniciativa que propone modificaciones a la Ley de Ética en la función pública. El proyecto incorpora mecanismos más rígidos para evitar incompatibilidades entre el ejercicio de la función pública y la actividad privada.
El legislador se reincorporó a sus funciones luego de una situación de salud que derivó en una intervención quirúrgica, según informó en un parte de prensa, y presentó el proyecto a fin de introducir modificaciones a la ley de Etica de la función pública (Ley Nº 25.188).
Las mismas consisten en la implementación de mecanismos legales para evitar conductas incompatibles con la función pública como así también para prevenir situaciones de acefalía en las cuales ante la excusación de los funcionarios se permite la celebración de todo tipo de acuerdos y contrataciones sin el debido contralor y, lo que es más grave, que no existan responsables por los efectos negativos de tales negociaciones.
"Por citar solo un ejemplo, recientemente hemos sido testigos del conflicto de intereses suscitado a raíz de la particular situación del ministro de Energía y Minería Juan José Aranguren por su calidad de accionista y como ex CEO de una de las multinacionales de mayor renombre en el campo de los hidrocarburos. A raíz de ello y ante una denuncia, debió intervenir la Oficina Anticorrupción", dijo Fernández Mendía.

Recomendación.
En el expediente, con la firma de su titular Laura Alonso, se resolvió "recomendar" al ministro Juan José Aranguren, que se desprenda de su participación societaria en la empresa Royal Dutch Shell Plc. Asimismo, en la misma resolución se señalan conductas por parte del ministro incompatibles con su función pública que no fueron subsanadas.
Por tal motivo y atento que esta resolución de la Oficina Anticorrupción tuvo un efecto particular para el concreto, resulta necesario dictar una norma de contendido general para evitar este tipo de sucesos en el futuro. Por tales motivos Fernández Mendía promovió la modificación a la ley vigente a fin de impedir que la designación de funcionarios comprometidos con grupos económicos privados permitan que puedan hacer primar sus intereses por sobre el interés general.
En este proyecto se prevén adicionalmente sanciones concretas para quienes incurran en este tipo de conductas, con el objeto de que la obligación de respetar la ley no termine siendo una simple expresión de deseos.