Proponen un programa de asistencia

Un diputado radical presentó un proyecto que plantea crear un programa integral para la prevención, asistencia y acompañamiento para la reinserción social de las víctimas de trata de personas en La Pampa.
El diputado Abel Sabarots (Frepam) propuso una ley que crea el Programa asistencial integral de prevención, protección, asistencia, acompañamiento y reinserción social a las víctimas y posibles victimas, especialmente niñas, niños y adolescentes, del delito de trata de personas con fines de explotación sexual en La Pampa.
Un punto fundamental de la normativa es la creación de un fondo de recursos estatal que otorgará asistencia económica mensual a las víctimas que ingresen al programa que prevé un plan de asistencia, prevención y oportunidades. El aporte mensual será variable y se establecerá de acuerdo con la situación social, familiar y psicofísica de la víctima, no pudiendo superar su monto el equivalente a la categoría 16 de la ley 643. Podrá extenderse por un periodo de seis meses, renovable como máximo por un periodo similar, sujeto a evaluación del equipo interdisciplinario.
La iniciativa, además, establece la creación de la Dirección de Prevención, Asistencia y Oportunidades para Víctimas de Trata de Personas con fines de Explotación Sexual, Prostitución, bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social y que deberá abordar la problemática delictual como política pública desde una perspectiva integral, articulando recursos, capacidad y acciones, a través de la movilización y de todos los sectores sociales involucrados, contribuyendo al principalmente para la protección de las victimas.
Su objetivo es garantizar la protección y el ejercicio de los derechos humanos de las victimas de trata de personas con fines de explotación sexual; asegurar la asistencia gratuita médica, psicológica, social, legal y económica a toda victima de trata, evitando su re victimización, promover la autonomía socioeconómica y la reinserción social y laboral de las victimas y garantizar el acceso a la justicia de estas personas.
También se deberá organizar y desarrollar actividades de capacitación en los ámbitos judicial, social, educativo, de salud, laboral, policial, administrativo y de inmigración, con el fin de favorecer la identificación de las posibles víctimas y conocer las formas en que opera el crimen organizado a nivel provincial, nacional y trasnacional relacionado con la trata de personas con fines de explotación sexual. La Dirección contará con un equipo interdisciplinario integrado por un psicólogo, un asistente social, un médico y un abogado, preferentemente con especialidad en Derechos Humanos

Vulneración.
"La trata de personas es principalmente una violación de los Derechos Humanos, ya que se vulnera la dignidad y la libertad de la victima de este delito. El mismo se configura en la captación, transporte, traslado, acogida o recepción de personas a través del uso de la fuerza u otras formas de coacción. La trata para explotación sexual se vincula con la prostitución en una trama social, cultural y económica que las relaciona", fundamentó Sabarots en la iniciativa.
"La pobreza, el desempleo, la falta de oportunidades socioeconómicas, la violencia basada en el género, la discriminación y la marginación son algunos de los tantos factores que pueden colocar a la persona en condiciones de alta vulnerabilidad social, en una situación que la hace proclive a producir fracturas emocionales y de sumo riesgo frente a entornos de violencia, maltrato, abuso o daño a su dignidad. Es una violación a los derechos humanos y la dignidad de las personas, además del impacto devastador que tiene en las victimas, sobre las que se ejerce violencia física y psicológica", agregó.
El diputado radical explicó que "varias provincias han adaptado su legislación y han puesto en funcionamiento políticas de atención y asistencia a las víctimas de tratas. Entre ellas, Buenos Aires, Córdoba, Chacho, Chubut, Santa Fe y Santa Cruz" y destacó que en La Pampa en octubre de 2014 se sancionó la Ley 2795 de por la que se adhirió a la Ley nacional 26364, aunque "no existe en la provincia una política de Estado que implemente programas de persecución, prevención y asistencia".