Reclaman a Nación por paritaria docente

LOS LEGISLADORES DEL PRO Y MOFEPA SE OPUSIERON AL PROYECTO

La Cámara de Diputados de La Pampa reclamó ayer al gobierno nacional que cumpla con la ley de financiamiento educativo y convoque a la paritaria nacional docente, al aprobar por mayoría un proyecto de resolución en ese sentido, para resolver el conflicto salarial que generó un inicio de clases complicado, con los primeros paros y los gremios estatales con medidas de fuerza, reclamando en las calles.
Sobre la iniciativa, que fue levantada por el PJ a partir de un reclamo del sindicato docente Utelpa, el diputado Jorge Lezcano planteó en la sesión “la necesidad” y “urgencia” de pedirle al gobierno de Mauricio Macri que convoque a la paritaria como establece la ley sancionada en 2005 y señaló que “se está delegando a las provincias una negociación sin un piso” salarial en el país.
“Esto no es por una cuestión salarial solamente, también hay pautas educativas y los fondos que corresponden al sector para la promoción de la igualdad y de la educación pública. Estamos sin clases y los docentes reclamando en la calle, por eso es necesario cumplir con la legislación”, agregó Lezcano, al argumentar el voto afirmativo del oficialismo y en sintonía con el reclamo del gobierno provincial.
El proyecto aprobado por mayoría fue rechazado por los diputados Josefina Díaz, Maximiliano Aliaga y Adriana Leher (PRO), quien también es docente, y Héctor Fazzini (Mofepa). El resto de los bloques Frepam, Pueblo Nuevo, Frente Renovador y Frente Pampeano para la Victoria acompañaron el planteo. “Hay incumplimiento del gobierno nacional. Convocando a la paritaria, se podría haber evitado mucho de lo que se está viviendo”, dijo el socialista Luis Solana.
El legislador del Frepam añadió que “detrás de la ley de financiamiento educativo hay una larga lucha de los trabajadores, y la paritaria fue una conquista porque ahí pueden hacer oír su voz” y explicó que en La Pampa hay una paritaria provincial que “jamás se le ocurriría a ningún gobernante dejarla cesante ya que generaría movilizaciones y reclamos. Esperamos se revierta la decisión”.
El macrista Aliaga salió en defensa del gobierno de Cambiemos y justificó el rechazo al proyecto, manifestando que “somos un país federal donde todos se tienen que hacer cargo de los salarios”. En sintonía, Fazzini pidió que cada gobierno provincial se haga cargo de sus decisiones porque “no podemos darle toda la responsabilidad a Nación. La cuestión de la pobreza, los salarios, todo es problema nacional, nunca desde la provincia nos hacemos cargo de nada”.
El kirchnerista Eduardo Tindiglia cuestionó la subejecución del presupuesto nacional en el gobierno de Macri y un “fuerte ajuste educativo”. Pidió, además, que se agregue en el proyecto un artículo contra las acciones que condicionan el derecho a huelga de los docentes porque “terminan estimulando el conflicto social y un enfrentamiento entre docentes, familiar y alumnos”.
La iniciativa también fue apoyada por Darío Hernández, del massismo, quien dijo que la ley de financiamiento educativo busca resolver los problemas financieros de las provincias que no pueden pagar a los docentes” y pidió darle un “fin” al conflicto porque “se transforma en un problema político y nos estamos olvidando de los alumnos”, y por Daniel Robledo, de Pueblo Nuevo.
Después de las exposiciones, Lezcano salió al cruce de Aliaga y manifestó: “Los diputados de Cambiemos desvían la discusión, porque la ley ya fue debatida y pareciera que volvemos a tener que discutir si la educación es federal o no y eso no es lo que planteamos en el proyecto, lo que está claro es que se está violando una ley. Queremos que el gobierno cumpla”.
A su turno, Ariel Rauschenberger (PJ) explicó que la paritaria nacional docente “fue muy importante para recomponer el salario mínimo docente y La Pampa la instrumentó en 2006, y ahora tiene el tercer mejor salario del sector del país por debajo de Tierra del Fuego y Santa Cruz. Desde el justicialismo, entendemos la educación como la base del desarrollo y eso se ve en las medidas tomadas”.

Gómez Centurión.
Otro tema que generó polémica y fuertes cruces fue el tratamiento de un proyecto de repudio a las declaraciones del director nacional de Aduanas, Juan José Gómez Centurión, quien negó que la existencia de un plan sistemático de desaparición de personas durante la última dictadura. Sorpresivamente, el PRO había apoyado en comisión el planteo del kirchnerismo, Frepam y Pueblo Nuevo, donde también se pide la renuncia del funcionario, aunque ayer se retractó en el recinto. Al momento del debate, la jefa del bloque macrista Josefina Díaz se retiró del lugar y regresó para el siguiente punto.
Tindiglia manifestó que los dichos de Gómez Centurión “ofenden la memoria de las víctimas, ninguna persona que ejerza este negacionismo puede ser funcionario” y recordó cuando el presidente Macri dijo que en su gestión terminaría “con el curro” de los Derechos Humanos. “Nosotros reafirmamos nuestro compromiso con la memoria, la verdad y la justica”, indicó.
El justicialista Marín calificó los dichos como “una barrabasada” pero además contó que Gómez Centurión también dijo que “Galtieri es un personaje al que nadie va a recordar, pero eso tiene una intencionalidad manifiesta. Yo no quiero invisibilizar, quiero que se recuerde a Galtieri y Videla como los personajes nefastos que fueron”.
Al intentar una salida decorosa, la diputada Leher señaló que existió un “genocidio y avasallamiento a los derechos humanos durante la dictadura, pero no compartimos la remoción porque eso depende del gobierno nacional que trabaja sobre una pesada herencia”. Robledo, en tanto, rechazó los dichos de Gómez Centurión y que “se pretenda volver al desprecio por los derechos humanos en el país”.
En el final, la oficialista María Soledad Sciu, como presidenta de la comisión de Derechos Humanos, se quejó porque “el proyecto fue aprobado por unanimidad y parece extraño que Leher diga ahora que está en desacuerdo con un artículo”. La iniciativa se aprobó finalmente pero en la versión taquigráfica quedó planteado el rechazo del PRO y el Mofepa al artículo que solicita la renuncia.