Reimpulsan el proyecto sobre delitos contra la seguridad vial

La iniciativa, para que las conductas imprudentes en el manejo de vehículos sean tipificadas como delitos, había sido aprobada por el Senado pero perdió estado parlamentario porque no lo trató Diputados.
Un grupo de directivos de la fundación Estrellas Amarillas, entre ellas la pampeana Silvia González, mantuvo la semana pasada una reunión con la senadora justicialista Nanci Parrilli y autoridades de la Agencia Nacional de Seguridad Vial para reimpulsar el proyecto sobre delitos contra la seguridad vial.
La iniciativa -que prevé que las conductas imprudentes sean tipificadas como delitos y no como meras infracciones- fue aprobada por el Senado por unanimidad a mediados de 2011, pero perdió estado parlamentario porque Diputados no la trató durante dos años a pesar de que la entidad presentó medio millón de firmas adhiriendo a ella.
Del cónclave participaron el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Felipe Rodriguez Laguens; el director de Asuntos Legales y Jurídicos, Pablo López Ruf; los representantes de Estrellas Amarillas, Silvia González, Enrique Shott, Cristina Hernánz y Silvia Vega; y padres de la tragedia de Yen de El Bolsón.
Estos últimos mostraron su malestar por la conducta de la Cámara de Diputados, a pesar de las promesas de que el proyecto sería aprobado, aunque tanto Parrilli como los funcionarios de la ANSG se comprometieron a reimpulsarlo. Al texto original aprobado por el Senado ahora se le hizo una sola modificación a pedidos de los familiares de víctimas de accidente: que el nivel de alcohol en sangre para considerar como agravante el delito de homicidio culposo sea de un gramo y no de dos.
Además se convino iniciar una serie de encuentros técnicos con los asesores de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado e invitar a sus pares de la Comisión de Legislación Penal de Diputados y a los abogados de la Agencia para terminar de acordar el texto final del proyecto.

Pronto tratamiento.
Los familiares señalaron que mantendrán un encuentro con un grupo de legisladores de la Cámara Alta para interiorizarlos de su preocupación y solicitar el pronto tratamiento
en comisión, “para que durante este año el proyecto pueda convertirse en ley en búsqueda de la justicia que esperan” quienes perdieron seres queridos en accidentes viales.
El proyecto de la ley 3.654/10, que perdió estado parlamentario, incluía la figura de conducta imprudente, definida como aquella que atenta contra la seguridad vial, pone en riesgo la salud o la vida y causa lesiones o muerte. Para esos casos preveía el agravamiento de las penas. Por ejemplo, el homicidio culposo estaba sancionado con pena de prisión de tres años y medio a seis (hoy el máximo es cinco), y si además el conductor se daba a la fuga, la pena se elevaba de cuatro años y medio a ocho, además de la inhabilitación para conducir de 10 a 15 años.
Por otro lado, el proyecto incorporaba la pena de prestación de servicio comunitario en instituciones públicas o de bien público sujetas a control estatal, y proponía la inaplicabilidad de la suspensión del juicio a prueba, o probation, para los delitos contra la seguridad vial.