Repatriación de presos colapsó la Alcaidía y comisarías pampeanas

Jueces que intervienen.
El hacinamiento y las condiciones inhumanas que deben padecer quienes están alojados en esos pabellones no es solo una cuestión estadística. Los jueces de Ejecución de la provincia Mauricio Pascual y Martín Saravia inspeccionaron la semana pasada las distintas celdas del lugar y reclamaron al Ejecutivo una solución para la situación en la que viven los presos de manera urgente. Además hicieron filmaciones sobre distintos puntos del penal provincial y tomaron fotos -que acompañan esta publicación- en las que queda en evidencia lo que hallaron allí. Y tomaron medidas al respecto pidiendo la reubicación de los presos hacinados en un pabellón.
Pero no es la primera vez que han estado en la alcaidía. En septiembre del año pasado realizaron una visita en la que la realidad era la misma que la actual. En ese momento hicieron un oficio que elevaron al ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad, Leonardo Villalva, en el que le reclamaban "remediar de manera urgente los inconvenientes suscitados en materia edilicia y de hacinamiento que están padeciendo en ese lugar de detención". No se hacía un informe exhaustivo de los inconvenientes edilicios, pero se resaltaba "los más graves e insalubres" y las "riesgosas condiciones de trabajo del personal policial".

Inmediata intervención.
Un mes después, en octubre del año pasado, se reiteró el pedido de la "inmediata intervención" por parte del ministerio "atento a que la situación había empeorado" y en noviembre hubo un tercero. En ese oficio se indicaba "lejos de mejorar la situación, sigue en permanente deterioro, no solo en cuanto a la cantidad de personas allí alojadas, sino que también, y consecuentemente, las malas condiciones de higiene y salubridad han tenido sus primeros resultados a la vista".
Mencionaban que según documentación de las autoridades de la alcaidía cuatro detenidos presentaban cuadros de foliculitis en distintas partes del cuerpo, por las que habían sido atendidos. Un quinto interno, debido al estado de avance e infección, debió ser internado varios días en el hospital. Y también se detectó un grupo de personas con Tiña Pedis.
El 25 de febrero pasado, luego de seis meses de su primera inspección y tras hacer otra, Pascual y Saravia volvieron a presentar otro oficio. Allí indicaron que pese al tiempo transcurrido "la situación empeora y siguen siendo inhumanas y degradantes las condiciones de detención, agravando el estado de situación la circunstancias de que no todos son condenados con condena firme, sino que también se suman, en no pocas circunstancias, personas sin condena firme e incluso 'demorados'".

Quince por cuatro.
En esa visita, los dos magistrados encontraron que en el extremo oeste del pabellón oeste, o sea en las "celdas de castigo", se encontraban alojadas quince personas, cuando el lugar tiene capacidad para cuatro, uno en cada una de las celdas de ese espacio. En tanto, en el extremo este del pabellón, había catorce, o sea, una menos, en igual condiciones.
"Esos lugares no tienen ventanas adecuadas, no son higienizadas correctamente, no tienen ventilación, no poseen agua caliente, no tiene mobiliario, es decir, no hay sillas para sentarse ni mesa donde poder comer", relataron los jueces. En ese sentido, Pascual y Saravia resolvieron disponer en el oficio de la semana pasada que se reubique a los internos y que queden solamente cuatro alojados en las "celdas de castigo".

La causa.
¿Por qué se ha llegado a esta situación en la Alcaidía santarroseña? Los magistrados consideraron que esta problemática se deriva "de la falta de recepción de condenados pampeanos por parte del SPF" y "las evidentes dificultades políticas para encontrar una solución (con el Servicio Penitenciario) sostenible en el tiempo que permita descomprimir la grave situación que se presenta en las alcaidías y comisarías de la provincia".
Esto tiene implicancias no solo en la alcaidía santarroseña, sino en toda la provincia. Los jueces indicaron en una de sus resoluciones que a mediados del año pasado había 224 plazas o alojamientos para presos en dependencias policiales de todo el territorio provincial, y que 215 estaban ocupadas. Si a eso se le sumaban los detenidos ingresados de manera diaria "tenemos a la fecha que la capacidad de plazas se encuentra colmada, los lugares de detención están colapsados, para decirlo con toda claridad y sin eufemismos, no hay lugar en toda La Pampa para alojar presos".

Disputa jurisdiccional.
Este cuadro de sobrepoblación en las cárceles pampeanas se produce porque el SPF no recibe en la Unidad Penal 4 a los condenados locales desde 2013. En ese sentido, ya el gobernador Oscar Mario Jorge envió notas a las autoridades de ese organismo peticionando formalmente que los presos pampeanos sean alojados allí como corresponde. Desde el SPF se indica que ese penal ya no tiene lugar.
Esta situación surgió después de que en 2013 el Tribunal de Impugnación Penal hizo lugar a una acción de hábeas corpus presentada por el defensor general, Eduardo Aguirre, y el defensor oficial, Alejandro Osio, y ordenó que los presos pampeanos que estaban fuera de la provincia fueran "repatriados" para cumplir sus penas en la U4. En ese marco, la gresca ocurrida en enero en ese establecimiento en el que murió Marcos Maximiliano Luquín, de 27 años, fue producto del choque entre dos grupos de internos pampeanos.

Aumento constante de detenidos
En uno de los oficios de los jueces de Ejecución Mauricio Pascual y Martín Saravia, se indica que en los últimos años la cantidad de detenidos ha ido en aumento, mientras que la capacidad de alojamiento se mantiene igual y los condenados no pueden ser trasladados a la U4 porque el SPF no los recibe.
Los magistrados evaluaron si la superpoblación es una cuestión meramente transitoria o no para llegar a la resolución que tomaron. De esta manera evaluaron la cantidad de presos que había en la Alcaidía de Santa Rosa en agosto de 2014 y en los mismos meses de los dos años anteriores. Establecieron que en 2012 había 60 personas alojadas, en 2013 se incrementaron a 71 y el año pasado llegaban a 86 -aunque aclararon que pocos días después sumaban 91-.
"Queda claramente reflejado que, año tras año, la cantidad de personas alojadas en esa dependencia policial va en aumento a razón de un promedio de 19,5% interanual", indicaron los magistrados en el informe.

Un reto para el Servicio Penitenciario
En el oficio firmado el 10 de septiembre de 2014 los jueces Mauricio Pascual y Martín Saravia criticaron al Servicio Penitenciario Federal por no cumplir con el convenio en el que debía recibir a condenados pampeanos en las celdas de la Unidad Penal 4 a cambio de la construcción de un pabellón exclusivo a tal fin. Y además consideraron "política" e "ilegal" esta decisión.
El año pasado, los magistrados ordenaron trasladar a los condenados pampeanos a la U4, pero desde allí su director Emiliano Blanco indicó que no se podía hacer porque se estaban realizando reparaciones. Sin embargo, en agosto el SPF envió un camión con 19 presos de Buenos Aires que fueron alojados allí.
Pascual y Saravia consideraron que esa medida "contrasta groseramente" con los justificativos de las autoridades de la U4 y la tildaron como "descarada, sabiendo de la grave situación que padece nuestra provincia". Y se preguntaron: "¿Es necesaria tanta arrogancia?", por parte del SPF.
"Pretender encuadrar su accionar, como un mero auxiliar de la justicia, es subestimar su verdadero poder en el ejercicio efectivo del poder punitivo" indicaron los jueces, y resaltaron: "Es necesario destacar también, que los ciudadanos pampeanos, con nuestros impuestos hemos contribuido en sumas millonarias para remodelar la U4 local, con el compromiso, por parte de la institución federal de reservar 300 plazas para condenados pampeanos. Conclusión: el SPF nunca cumplió con el acuerdo".