Represión: piden 18 perpetuas

El pedido para que se condene a prisión perpetua a 18 acusados y a penas de entre 10 y 25 años de prisión a otros cinco marcó el final del alegato que durante seis jornadas formularon ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca, el fiscal general Miguel Palazzani y el fiscal ad hoc José Nebbia, en el marco del histórico juicio por "delitos de lesa humanidad y como parte del crimen de genocidio" que tuvieron como fuente de ejecución a miembros de la Armada durante la última dictadura cívico-militar.
Los representantes del Ministerio Público además requirieron que, como parte de la reparación integral de las víctimas, se aplique el "legítimo ejercicio de un tardío pero más que justo y necesario derecho a réplica" previsto en el artículo 14 de la Convención Americana de Derechos Humanos y, en ese sentido, solicitaron que "la parte resolutiva de la sentencia que recaiga en este juicio se publique en el diario La Nueva Provincia y en un lugar destacado y visible para que la sociedad bahiense se pueda enterar" porque de esa manera "se encontrará reparación completa a las existencias biográficas de los que sobrevivieron y de los que no pudieron hacerlo y todavía estamos buscando y seguiremos buscando hasta encontrarlos".
Palazzani y Nebbia mencionaron a las víctimas y sostuvieron que "no hay ninguna razón o derecho para que sus historias queden contadas y fijadas en el diario La Nueva Provincia como historias de delincuentes terroristas enemigos del pueblo argentino" y remarcaron que, de hacer lugar a esta petición, el diario "por primera vez publicará la verdad acerca de lo que sucedió".

Derecho de réplica.
Los fiscales postularon que debe aplicarse el "derecho de réplica colectivo titularizado por este Ministerio Público" dado que "someter a las víctimas y sobrevivientes de graves violaciones a los derechos humanos y de genocidio, y también a sus familiares, a la litigación individual contra La Nueva Provincia, además de empujarlas a un camino judicial interminable, significaría revictimizarlas nuevamente". "A eso se le suma que hay víctimas que están imposibilitadas de ejercerlo porque se encuentran desaparecidas o fallecidas y tienen derecho a que se repare su historia biográfica", completaron.
En el petitorio, los fiscales además requirieron la revocación de la prisión domiciliaria de los acusados que vienen gozando ese beneficio: "Hemos visto cómo leían los diarios, cómo conversaban largamente, como reían; y cómo, cuando fueron indagados, sus aspectos y actitudes cambiaron abruptamente: fueron entonces personas minusválidas".
A su vez, solicitaron al TOCF que "requiera a los organismos que integran Memoria Abierta que realicen trabajos de prospección necesarios en el predio cautelado de la Séptima Batería, a fin de recolectar prueba relativa a los hechos investigados, así como para determinar si allí no existieron enterramientos clandestinos".
También, requirieron la extracción de copias sobre las declaraciones de dos testigos para denunciarlos por falso testimonio y solicitaron que las condenas se comuniquen a los ministerios de Defensa y Seguridad de la Nación, y al Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, para que se dé cumplimiento al procedimiento de baja por exoneración o destitución de los acusados, según corresponda.

El debate.
En el juicio, que comenzó el 8 de julio del año pasado, se juzgan los crímenes ordenados por la cúpula de la Armada contra 66 víctimas, perpetrados en el crucero ARA 9 de Julio, amarrado en la Base Naval de Puerto Belgrano; en la Base de Infantería de Marina Baterías; en las dependencias de la Prefectura naval en Bahía Blanca e Ingeniero White; en el edificio de la Policía de Establecimientos Navales; y en La Escuelita, en el ámbito del V Cuerpo del Ejército.
Los 24 acusados que inicialmente habían comenzado el debate -dos fueron apartados por problemas de salud y luego se incorporó un prófugo capturado- llegaron a juicio por los delitos de asociación ilícita, privación ilegal de la libertad, tormentos y homicidios. Durante las audiencias, con la nueva prueba testimonial recabada, los fiscales reclamaron y lograron que se ampliara acusación a 19 de ellos por delitos sexuales, que en el alegato fueron calificados con el tipo penal de abuso deshonesto.
Al final del juicio, llegaron diez ex miembros de la Armada, siete del Ejército, cuatro de la Prefectura Naval, uno del Servicio Penitenciario Bonaerense y uno de la Policía bonaerense.

Los pedidos de pena
Los fiscales requirieron prisión perpetua para los siguientes acusados: Ex vicealmirante Eduardo René Fracassi (89), ex capitán de corbeta Luis Alberto Pablo Pons (72), a los ex capitanes de navío Enrique de León (70), Oscar Alfredo Castro (85), Alberto Gerardo Pazos (76), Edmundo Oscar Núñez (90), Tomás Hermógenes Carrizo (76) y Leandro Marcelo Maloberti (76), al ex capitán de fragata José Luis Ripa (80), a los ex prefectos Francisco Manuel Martínez Loydi (72), Néstor Alberto Nougues (73), Luis Angel Bustos (66), ex coronel Carlos Andrés Stricker (77), a los ex tenientes coronel Oscar Raúl Otero (70) y Guillermo Julio González Chipont (73) y a los ex suboficiales mayores del Ejército, Víctor Raúl Aguirre (68), y a los ex suboficiales del Ejército, Felipe Ayala (78) y Raúl Artemio Domínguez (75).
Asimismo, requirieron las siguientes penas para Pedro Alberto Pila (76), 25 años; Alejandro Lawless, 19 años; Héctor Luis Selaya (82), 18 años; Domingo Ramón Negrete (85), 17 años; y Víctor Oscar Fogelman (71), 10 años. Además acusaron por integrar una asociación ilítica a Fracassi, Castro, Pazos, Núñez, Ripa, Negrete y Selaya.