Rogers, de nuevo procesado por caso de trata de personas

La Cámara Federal de Casación Penal anuló el sobreseimiento que un tribunal inferior había dictado tiempo atrás y volvió a procesar al intendente de Lonquimay, Luis Rogers, por el caso de la trata de personas con fines de explotación sexual en un cabaret de esa localidad. También anuló el sobreseimiento del comisario Carlos Alanís, quien aparece involucrado desde un principio en la causa.
La decisión de la Sala 4 de la Cámara Federal se conoció ayer a través del sitio web del Centro de Información Judicial, donde la Corte Suprema de Justicia "cuelga" los fallos de todos sus organismos. El fallo está firmado por los tres integrantes de la Cámara, Mariano Borinsky, Juan Carlos Geminiani y Gustavo Hornos. Con esta decisión, la Cámara Federal anuló el sobreseimiento con el que la Cámara de Apelaciones de Bahía Blanca había beneficiado a dos de los tres procesados en este caso. El tercero es Carlos Fernández, propietario del cabaret "Good Night", donde habrían ocurrido los hechos bajo investigación.
Rogers, Alanis, Fernández y otras personas habían sido procesados por la jueza federal pampeana Iara Silvestre por integrar una asociación que practicaba la trata de personas con fines de explotación sexual en el cabaret de Lonquimay.
A fines del año pasado, la Cámara Federal de Bahía Blanca revocó los procesamientos en los casos del intendente y del comisario. El fiscal federal de Bahía Blanca apeló los sobreseimientos y ayer la Cámara Federal de Casación Penal le dio la razón.
Los integrantes de la Cámara Federal cuestionaron con dureza el fallo de sus pares de la cámara bahiense. Los señalaron de no fundar debidamente su fallo exculpatorio y de tomar indicios como hechos válidos. También, de ignorar el compromiso asumido por el Estado argentino en la lucha contra la trata de personas y la explotación sexual.

Pronunciamiento.
"El pronunciamiento dictado por la Cámara Federal de Bahía Blanca luce carente de fundamentación, por lo que corresponde hacer lugar al planteo de la defensa y revocar la nulidad dictada", opinaron al analizar el procedimiento de sus pares bahienses.
El juez Hornos, al fundamentar el nuevo fallo, sostuvo que las actuaciones judiciales "lejos de descartar la posible connivencia con autoridades y funcionarios de las áreas políticas o de seguridad, advierta que esa complicidad se presenta usual y eventualmente necesaria para la realización de las múltiples y complejas conductas que deben ser llevadas a cabo simultáneamente para la realización de este tipo de gravísimos delitos".