San Martín: piden la intervención

En forma inminente se formalizará una denuncia en la justicia civil, pidiendo la intervención del Club General San Martín. Dos abogados santarroseños ya tienen prácticamente redactada la demanda, que requiere que el Gobierno provincial, a través de la Dirección General de Personas Jurídicas, disponga el cese del mandato de quienes hoy se presentan como autoridades de la histórica institución de la Villa Santillán.
La semana venidera los abogados Cristian Ramos y Jésica Forestier, harán la presentación en la Justicia Civil, pidiendo la intervención del Club San Martín. La pretensión es que se haga un nuevo reempadronamiento, y que se permita ampliar la masa societaria para que se hagan elecciones con todas las garantías estatutarias, algo que -se sostiene- no se hizo desde hace varios períodos.

Socios nuevos, no.
Desde hace bastante tiempo un numeroso grupo de simpatizantes a la entidad pretendieron regresar al club, pero no lograron hacerlo porque la comisión directiva, que encabeza hace años Graciela Loyola no mostró ninguna intención de permitirlo. Más que eso, puso muchas trabas para no permitir que hubiera nuevos asociados; cuando es sabido que por el contrario, en general, las instituciones de nuestro medio bregan por ampliar su cantidad de asociados.
Hubo consultas de algunos ex asociados a la Dirección General de Personas Jurídicas, pero las respuestas no existieron en algunos casos, en otros resultaron elusivas pero lo cierto es que nunca apuntaron a una democratización del manejo institucional.

¿Y Personas Jurídicas?
Es más, algunos de quienes se acercaron a Personas Jurídicas se mostraron sorprendidos porque en la dirección se desempeñan familiares de la presidenta del club de la Villa; lo que sospecharon podrían incidir en la falta de decisiones por parte del organismo. Hace algunos meses este diario pudo saber que en aquel organismo oficial se registraban 101 socios -no todos con la cuota al día-, muchos de los cuales son familiares de Loyola, lo que le permitiría un manejo absolutamente discrecional de la entidad.
Un numeroso grupo de personas -más de 70- se movilizaron hace un par de años con la intención de asociarse al Club, pero los obstáculos que se les puso truncó ese intento. Entre los requerimientos se les exigía que cada uno de los postulantes certificara su firma por parte de autoridad policial o escribano; les exigieron certificado de buena conducta; y hasta les mencionaron que no podían ser socios de otros clubes.
Antiguos socios -ex dirigentes, ex deportistas y vecinos de Villa Santillán- que promueven la recuperación de la entidad, apuntan que hoy en día el club sólo muestra como actividad el alquiler a particulares de una canchita de fútbol cinco, y un espacio donde entrenan boxeadores (habría también alguna actividad de artes marciales que daría un hijo de la presidenta). También señalan que los balances son dibujados, y que no existe una contabilidad seria y confiable.
Ante todos esos argumentos Personas Jurídicas hasta hoy solamente mostró una exasperante pasividad.

¿Negocio inmobiliario?
Por otra parte un tema que está candente es el del predio de la ex Quinta de las Monjas, ubicada sobre la avenida Palacios. Por un lado hubo quejas de vecinos por el "estado de abandono", con árboles que parecen caerse sobre calle Toscano; y por meses el paisaje fue de altos pastizales y parrillas y bancos abandonados. Lo cierto es que está enclavado en una zona que se observa próspera y residencial, pero las instalaciones no lucen como debieran.

Controversia.
En ese lugar vivió durante bastante tiempo Eduardo Watson, a quien hace algunos meses la dirigencia del club denunció como "intruso". El ocupante advirtió que los directivos "quieren comercializar las tierras para provecho propio".
Dijo que la presidenta Graciela Loyola quiso echarlo del lugar que él dijo ocupar en calidad de cuidador del espacio.
El "intruso" acusó a Loyola de "buscar la vuelta para que no haya socios", agregó que tampoco había espacio físico para inscribirse como tal ni lugar donde abonar la cuota mensual.
"La actuación de esta gente ha asustado mucho a los pocos socios que quedaban y así, consiguieron que nadie más concurra", aseveró Watson.
Manifestó también que "nadie hace nada porque cuatro de las personas que se encuentran en la comisión del club se desempeñan en el área de Personas Jurídicas, por lo que denunció al titular de ese organismo Guillermo Eduardo Rovano por no actuar.
Como se puede advertir demasiadas irregularidades denunciadas que, ahora, la Justicia deberá dilucidar. ¿Actuará finalmente Personas Jurídicas, ante la intervención de la Justicia?
El Club General San Martín fue un ícono de la Villa Santillán. Hoy en día tiene una muy escasa actividad, y muy pocos socios. ¿Habrá refundación?

Otras denuncias a la comisión
Eduardo Watson, a quien la dirigencia del Club San Martín denunció como intruso ,aseguró que los directivos "quieren comercializar las tierras para provecho propio" en relación con el predio de "Las Monjas". Recordó en su momento que "después de dos años y medio, la presidenta Graciela Loyola me dice, en noviembre pasado, que yo me tengo que ir cuando cuidaba el lugar, mantenía el predio y trataba de que no robaran más en la quinta de Las Monjas. Ella venía cada seis meses y decía que no cumplía el rol social: esta gestión, que lleva muchísimos años, buscó la vuelta para no dejar socios", indicó.
Dijo que cuando se constituyó para presentar una contra denuncia hacia la figura de Beatriz Graciela Loyola en su calidad de presidenta del club, "vinieron los hijos de esta mujer junto a ella, a amenazarme con quemar la casa y hasta echarme con mi hija del predio".
Por otra parte este diario confirmó en Planeamiento de la Municipalidad que hay un pedido de subdivisión de la ex Quinta de las Monjas. Watson señaló que sospecha que "detrás de todo hay un negocio inmobiliario". Razonó que cada terreno en esa zona sale 80.000 dólares, de cada manzana se subdividen en 22 terrenos y hay seis manzanas, lo que podría redundar en una venta por 12 millones de dólares. el mismo Watson denunció a la actual comisión "por asociación ilícita, estafa a la institución, falsificación ideológica en documento público".