Sappa advierte “responsabilidad patrimonial” si pagan la obra

ACUEDUCTO DEL COLORADO II

José Sappa, presidente del Tribunal de Cuentas, fue entrevistado por Radio Noticias sobre la suerte a correr por el segundo tramo del Acueducto del Río Colorado, obra preadjudicada en 2009 por 300 millones de pesos y adjudicada en 2013 por más de 1.300 millones.
Aclaró que todavía no llegó al organismo a su cargo ningún expediente vinculado a esta obra y que la última intervención que tuvo en el tema fue en 2009 cuando se aprobó el pliego de licitación y la preadjudicación con el contrato pertinente con la UTE conformada por Supercemento y OAS.
Sappa reconoció, tal como lo adelantó LA ARENA, que hace un mes se reunió con el gobernador Oscar Mario Jorge. “Tengo entendido que está llamando a todos los actores del Estado provincial para ver cómo proseguir la obra del acueducto después de que Nación comprometiera el financiamiento total”, explicó el funcionario, y añadió: “Le dije que a mi entender se había modificado el pliego con el cambio del financiamiento”, que originalmente a propuesta de OAS y de acuerdo al pliego corría por cuenta del Banco de Desarrollo del Brasil.
Hizo la salvedad de que el Tribunal de Cuentas “no decide qué obras hacer”, pero sí que es un órgano que observa un expediente para validar la actuación administrativa.
“El gobernador puede decidir por su cuenta cómo seguir más allá de la opinión del TdeC, pero incurre en lo que se denomina ‘omisión de vista al tribunal’ y por lo tanto es de su responsabilidad la continuidad de la obra modificando el pliego con el cambio del financiamiento”, indicó Sappa.

Cómo seguir.
El titular del TdeC explicó que Jorge “está evaluando con sus asesores la manera de seguir” con este tema y de persistir con la adjudicación a Supercemento-OAS “ante el primer pago el Tribunal se opondría y daríamos cuenta a Diputados de “esta omisión de vista” al TdeC con respecto al pliego, porque los legisladores tienen que ver si hay responsabilidad patrimonial de quienes suscriben estos hechos administrativos”.
-¿Jorge necesita el aval legislativo?
-Es una alternativa que puede plantear, no me parece que pueda estar bien o mal, jurídicamente quienes pueden exceptuar las reglas de contratación son los diputados (la Cámara) porque son los encargados de establecerlas y en este caso cómo el Estado elige a quienes contrata.
-La otra alternativa es que se licite nuevamente.
-El gobernador puede tomar la decisión de enviar una excepción a la Legislatura, pero si los diputados no dan su aval, y entramos en una decisión jurídica-política, el mandatario provincial tiene la posibilidad de hacer la obra con “omisión de vista” del TdeC y bajo su entera responsabilidad, o puede recurrir a la otra vía: la rescisión contractual.
-¿Y qué pasa si insiste con adjudicársela a Supercemento-OAS?
-El Tribunal observaría el primer certificado de pago y comenzaría un juicio de responsabilidad que es lo que corresponde cuando alguien quiere hacer algo y se ve una consecuencia patrimonial para el Estado. Jorge me comentó que todo este problema surgió porque se demoró mucho lo del financiamiento de la obra. Frente a esto, el Tribunal de Cuentas tiene como objetivo controlar, no puede comenzar a subjetivizar las cosas de acuerdo a un color político u otro. Creo que el segundo tramo del acueducto es una obra necesaria y esto debe evaluarlo el gobernador y los diputados, que son quienes meritúan el interés público. Yo a las reglas las tengo que cumplir y los que pueden cambiarlas son el gobernador y los diputados. El TdeC no paraliza las obras, opina en función de observar el pliego y lo que pasó después.

Rescisión
Sappa sostuvo que otra de las alternativas es que se rescinda en contrato de adjudicación de la obra: “Si no hay alternativa, puede ser la última consecuencia. Siempre se prioriza la continuidad de una obra, pero siempre y cuando esté dentro de los márgenes de las reglas y procedimientos”.
“Una rescisión tiene sus costos, como ocurrió con el Megaestadio, pero si se insiste con el pliego original pueden aparecer juicios contra el Estado Provincial por algunas empresas se pueden considerar “autoexcluidas” de la licitación, de acuerdo al Derecho Administrativo, porque frente a una licitación con particularidades (con el añadido del financiamiento por parte de los oferentes) pueden aducir que no se presentaron a la licitación porque no pudieron comprometerse al financiamiento y podría devenir en juicios.
-Por eso la importancia de que se respete una licitación.
-Porque es transparente y se la publicita, lo que garantiza igualdad.