“Se está volviendo a la impunidad”

CATALANI EN ENCUENTRO DE ABOGADOS QUERELLANTES EN CAUSAS DE LESA HUMANIDAD

El abogado Catalani, querellante en la causa Subzona 14, cuestionó las demoras en las investigaciones por crímenes de lesa humanidad y dijo que es necesario declarar la emergencia nacional judicial.
El pampeano Franco Catalani participó de las IV Jornadas Nacionales del Colectivo de abogados y abogadas en causas por crímenes de lesa humanidad desarrolladas en la ciudad de Buenos Aires y aseguró que “se está volviendo a la impunidad a través de la demora” de las investigaciones, además de plantear, como se advirtió en el encuentro, la necesidad de declarar el estado de emergencia judicial para que ese poder garantice los principios de “continuidad, justicia pronta y activa” en los procesos a represores de la dictadura cívico militar.
“Los motivos de las demoras de las causas son muchos y muy diversos, pero hay uno que es primordial, según se analizó en el encuentro y es de carácter político ya que el Poder Judicial, lejos de la pretendida imparcialidad que se pregona, se reacomoda rápidamente a los cambios de poder y en esos cambios, la Corte Suprema tiene un rol fundamental, así como la Cámara Federal de Casación Penal y el Consejo de la Magistratura”, explicó el letrado, que es querellante en la causa Subzona 14 por la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam).
“Que las causas se aceleren o se demoren depende de ciertas medidas de funcionamiento que pueden tomar o no esas tres instancias, y esto está subordinado a la correlación de fuerzas vigente en este momento histórico. Con la actual Corte, por ejemplo, sería impensable un fallo de similares características al que se dictó en 2005, declarando la nulidad de las leyes de impunidad. A su vez, la correlación de fuerzas, hoy desbalanceada hacia los sectores concentrados que buscan impunidad, depende de que otra vez, los organismos de Derechos Humanos se pongan en marcha en conjunto para obligar al Poder Judicial que cumpla su rol de protector de los derechos, y no del poder establecido”, agregó.

Impunidad.
Consultado por este medio, el abogado dijo que “hoy se está volviendo a la impunidad a través de la demora de las causas por días vías concretas: el levantamiento de las prisiones preventivas por agotamiento de los plazos razonables; y las prisiones domiciliarias por longevidad e insanía. Además se registra un desmantelamiento evidente de los organismos nacionales de DDHH., un aumento alarmante de los amedrentamientos a testigos, militantes y abogados querellantes; encarcelamiento de militantes sociales y políticos y una reinstalación de un relato negacionista, justificador del terrorismo de estado y de estigmatización de la lucha por los derechos”.
Por otro lado y tras participar del encuentro nacional que reunió a abogados de distintos puntos del país que intervienen en causas por delitos de lesa humanidad en la ciudad de Buenos Aires, Catalani cuestionó la política de Derechos Humanos del gobierno de Mauricio Macri y así advirtió además que la comisión interpoderes creada para acelerar las causas donde se investiga el terrorismo de estado “no se reunió casi nunca”.

Piden acelerar juicios.
Después del debate, el colectivo de abogados emitió un comunicado en el que plantearon a los poderes públicos que la Memoria, la Verdad y la Justicia sigan siendo política de Estado; declarar la emergencia judicial en causas en la que se investigan crímenes de lesa humanidad y se dispongan todos los mecanismos legales, procesales y administrativos que garanticen que estos juicios cumplan con el principio de continuidad, Justicia pronta y activa; denunciar en los ámbitos internacionales las practicas políticas negacionistas del gobierno nacional y los intentos de materializar la impunidad, en connivencia con jueces y funcionarios del Poder Judicial; y solicitar una urgente reunión a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a la Cámara Federal de Casación Penal y al Consejo de la Magistratura, para exigir un diagnostico exhaustivo del estado de situación de los procesos en todo el país y requerir la puesta en marcha de mecanismos que apunten a la aceleración de los juicios de lesa humanidad.

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