“Si quieren, que paguen”

MUNICIPIO PROCURA DESMENTIR, PERO NO HABLA DE INDEMNIZAR

La comuna sostiene que “no ha objetado” llegar a un acuerdo en el litigio. Pero no afirma que va a pagar el monto indemnizatorio que, según García y su abogado, debe ser en los términos de la condena.
La pretensión de la Municipalidad de Santa Rosa de desvincularse de una actitud que la mostraría como negándose a hacer frente a la indemnización que -de acuerdo a un fallo judicial- le corresponde a Sergio García por sufrir un terrible accidente que lo dejó en sillas de ruedas, no alcanza a despejar dudas.
Un par de días después que se informara en este diario que hubo algún tipo de acercamiento para llegar a un acuerdo y que García cobrara más de 7 millones de pesos, la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad de Santa Rosa, emitió un comunicado.
Textualmente se indica: “Este Municipio no ha objetado la posibilidad de arribar a un acuerdo en relación con el litigio tramitado en autos: García Sergio Francisco c/Ilka Construcciones SRL y otros s/Daños y Perjuicios (expte. 88594), en trámite por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil Comercial y Laboral nº 2 de esta ciudad, y por ende resulta falsa la imputación que se formula”.

Si los otros quieren pagar…
Agrega que la municipalidad “no ha recibido ninguna propuesta concreta de acuerdo, desconociéndose los términos de la misma, por lo que no existe tramitación de ninguna índole en sede administrativa que amerite su evaluación y consideración por el intendente Leandro Altolaguirre. Por otra parte, nada de ello obsta a los restantes intervinientes en la causa judicial a allanarse o acordar los términos de la pretensión indemnizatoria. A mayor abundamiento, debe señalarse que pese a que este municipio resulta ajeno a la obra que motivara el accidente, y que fuera realizada por la provincia de La Pampa a través de una Empresa Contratista (Ilka Construcciones SRL), oportunamente y atendiendo a razones de índole humanitaria (la comuna) contrató al señor Sergio García para prestar servicios como empleado municipal”.
Y sigue: “Con posterioridad a su solicitud se procedió a reemplazarlo por su cónyuge, quien en la actualidad es agente de planta permanente en este municipio, todo lo cual da muestra que las acusaciones que pretenden hacer recaer la responsabilidad de la situación que padece el señor García en cabeza de la Municipalidad de Santa Rosa, son claramente injustas y tendenciosas”.

Más de 7 millones.
Este diario había informado que Sergio García -quien cumplió un año viviendo en la explanada de la Ciudad Judicial, donde se armó una “casita” con lonas- padecía la insensibilidad de funcionarios que se negaban a hacer frente al resarcimiento que de acuerdo a la sentencia de la jueza María del Carmen García le correspondía. El fallo hizo lugar “a la demanda promovida por Sergio Francisco García contra Ilka Construcciones, Provincia de La Pampa y Municipalidad de Santa Rosa, condenando a los demandados a que paguen al actor la suma de $2.648.000, con más los intereses debidos, conforme a la liquidación que practicara la parte actora”. Los intereses elevan la suma a más de 7 millones de pesos. Por su parte a un importante grupo de profesionales -abogados y peritos- también se les había regulado honorarios.

Apertura de cuenta judicial.
Lo cierto es que convocado desde Casa de Gobierno, el abogado que patrocina a Sergio García, fue comunicado que las partes estaban dispuestas a pagar: esto es la Provincia, Ilka y el municipio. Al parecer, en el marco de negociaciones que el gobierno provincial mantenía con la administración de Leandro Altolaguirre -por otros temas, a los que luego se incluyó el de García y la sentencia-, se iba a avanzar para hacer frente a la indemnización.
No es que por un impulso absurdo Sergio García y su abogado salieron a abrir una “cuenta judicial” en un banco de la ciudad; y además accedieron a la suspensión de los plazos procesales.
Después de algunos días, los mismos interlocutores que los habían convocado les informaron que la Provincia y la empresa estaban dispuestas al pago, pero “la municipalidad no”. Y allí se cortó todo.
Vinieron siete recusaciones -incluso de algún profesional por la regulación de sus honorarios-, y el joven que vive en la Ciudad Judicial decidió continuar con su protesta.

Si quieren que paguen.
Un breve contacto con el abogado Guillermo Galcerán -poco afecto a formular declaraciones, según dijo-, permitió conocer algunos detalles de aquella “negociación” frustrada. “Existió, incluso abrimos la cuenta en el banco… pero finalmente nos dijeron que no se iba a hacer porque la municipalidad no quería”, afirmó.
En un párrafo del comunicado municipal, se dice que “nada obsta a los restantes intervinientes en la causa judicial a allanarse o acordar los términos de la pretensión indemnizatoria”. Cómo se ve no sostiene: “Bueno… si las otras dos partes están de acuerdo en pagar la municipalidad también”.
Galcerán completó que aquellas recusaciones que se deben resolver, no impedirían que si ahora el municipio capitalino accede se pueda acordar el pago. Lo que sí aclaró es que debería ser en los términos del fallo judicial, y no con una transacción que pretenda menoscabar los montos determinados. “Si quieren pagar, que paguen, bienvenidos, los estamos esperando”, reafirmó el abogado.