Sospechan que digitan concursos para designar jueces

El Colegio de Magistrados cuestionó la legalidad de los concursos para el ingresos de jueces y funcionarios al cambiarse la forma de evaluar a los postulantes eliminándose la exigencia de realizar una sentencia sobre un caso concreto pese a que la ley taxativamente lo exige.
La nota, que firma el presidente del Colegio, Miguel Vagge, fue dirigida el pasado 10 de octubre al presidente del Consejo de la Magistratura, Eduardo Daniel Fernández Mendía, ministro del Superior Tribunal de Justicia "a fin de transmitirle algunas inquietudes planteadas por diversos colegiados, con relación al trámite de algunos concursos que se están llevando a cabo en la actualidad por ante ese Consejo".
En la nota los magistrados expresan su "preocupación" por los cambios introducidos en "la prueba de oposición en algunos de los concursos" que, de acuerdo a los informado en el sitio web del Consejo, pasarán a ser "en el futuro (tal el caso de la prueba de oposición escrita en el concurso para cubrir el cargo de defensor civil en la I Circunscripción Judicial, a realizarse el próximo 14 de octubre), en la realización de preguntas tomando como referencia los enunciados temáticos fijados para la entrevista personal pública".
Los magistrados consideran ilegal esta modificación del Consejo al contrariarse "lo dispuesto por el Art. 22 de la Ley N° 2600 - Orgánica del Consejo de la Magistratura y por el art. 6 del Anexo I del Reglamento de Concursos de ese Consejo que determina que la evaluación debe consistir en "el planteo de un caso real archivado y con reserva de identidad de las partes, debiéndoselo abordar desde la problemática que requiera el cargo". Advierten asimismo que se viola el artículo 22 de dicha ley al disponer el Consejo que "debido a la metodología de evaluación, no se podrá consultar material de legislación, doctrina y jurisprudencia" cuando legalmente los aspirantes están habilitados para "consultar textos legales y obras de doctrina".

"Espíritu".
"Esta nueva modalidad de evaluación adoptada por el Consejo de la Magistratura -añade la nota del Colegio- no sólo contraviene el expreso y claro texto de la ley sino que se aleja sensiblemente del espíritu del legislador, pues en oportunidad del Debate Parlamentario del proyecto de la que en definitiva se sancionaría con el número 2600, el miembro informante del Dictamen de mayoría, en consonancia con los términos de la norma vigente expresó: "La prueba de oposición, que ha sido un reclamo en orden a la transparencia del proceso de designación por parte de varios sectores, será escrita y consistirá en el planteo de un caso real archivado y con reserva de identidad de las partes, debiéndoselo abordar desde la problemática que requiera el cargo".
Advierte entonces el Colegio de Magistrados que de esta forma no se "respeta el marco de objetividad previsto" en la ley a la vez que se abre la puerta para que, a raíz de estos cambios ilegales, los aspirantes puedan impugnar los procesos concursales.

Dicen que Francisco Marull debió haberse excusado
La nota que el Colegio de Magistrados le envió al Consejo de la Magistratura quejándose por el cambio ilegal en la forma de evaluar a los aspirantes de jueces tiene un destinatario directo: Francisco Marull, integrante por el Colegio de Abogados del Consejo y vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas.
Marull, está interviniendo en la selección del nuevo juez de audiencias de la Primera Circunscripción Judicial para la que se presentaron 17 postulantes. La prueba de oposición escrita se realizó el mes pasado y ayer se realizaba la prueba oral.
La oposición escrita, pese a que la ley establece que debe presentarse a los postulantes un caso judicial concreto que deben evaluar y dictar una sentencia consultando jurisprudencia, consistió únicamente en la respuesta a preguntas sin consulta de textos.
De esta forma, sospechan, el margen de arbitrariedad es muy alto y los integrantes del Consejo pueden digitar a unos en desmedro de otros.
Las sospechas tomaron otro cariz a partir de que una de las postulantes es María Schijvarger, actual jefa de la Oficina Judicial y esposa del fiscal de Estado, José Alejandro Vanini.
Schijvarger es una abogada del entorno de Marull, tanto que juntos han firmado trabajos en revistas especializadas. Uno de ellos, se titula "Oficinas judiciales en La Pampa (Argentina): Proyecciones y realidades de una reforma en marcha" donde ambos evalúan, en primera persona, su propio trabajo en la gestión de las oficinas judiciales pampeanas.
Marull debió haberse excusado no bien Schijvarger se presentó como aspirante en el concurso para cubrir el cargo de juez de audiencia. Pero no lo hizo. Más aún, la presentación de la jefa de la Oficina Judicial como postulante a un cargo de juez de audiencia, llamó la atención en el foro porque sus antecedentes no la muestran capacitada en ese campo sino más bien en tareas más cercanas a la administración como en su actual cargo o cuando fue, no bien llegó a la provincia, presidenta del Comité de Vigilancia de la Zona Franca.
Por esta razón, estiman abogados y funcionarios judiciales que siguen con preocupación el tema, la eliminación de la presentación de un caso a resolver por los postulantes a jueces, realizado en contra de la propia ley, no parece un cambio inocente sino más bien todo lo contrario y toma una connotación mucho más grave pues podría pensarse que se hizo para favorecer a Schijvarger que no tiene experiencia en lectura de casos y resoluciones de sentencias que sí tienen otros postulantes a los que se calificó con dudosa severidad en la prueba de preguntas con que se reemplazó -ilegalmente- la oposición escrita.