“Sufrí la violencia de perder la libertad”

Continuó ayer el segundo juicio de la Subzona 14, en el que se investiga a un grupo de ex policías y ex militares, acusados de cometer delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico militar.
María Cristina Ercoli, que fue privada de su libertad el 19 de noviembre de 1975 a los 23 años, brindó su primer testimonio en la causa. No lo hizo en el juicio de 2010. “Fue terrible lo que pasó, fue un proceso que empezó antes del 76 y fue planificado”, afirmó.
La profesora de Historia dijo que pasaron “muchos años y hay cosas que se van borrando” pero advirtió que “todo el año 75 en La Pampa vivimos cosas que no debían ser” y aclaró: “Nosotros teníamos una actividad política legal, de trabajo y activismo político en la Juventud Peronista”.
Cuando fue detenida trabajaba en la Universidad como ayudante en dos cátedras: Medieval y Moderna, y daba clases en Trenque Lauquen. Además, realizaba tareas sociales en Villa Parque “con mucho orgullo” porque era “para mejorar la vida del pueblo, trabajábamos por la justicia social”, indicó.
Dijo que las persecuciones “se daban con citaciones de la Policía” y recordó que fue detenida mientras “caminábamos sobre la avenida Roca hacia mi casa y cuando íbamos a entrar con mi compañero, dos civiles nos piden que los acompañemos”.
“Vamos en un auto hasta la comisaría Primera, donde nos separan y termino en una celda”, dijo Ercoli. Allí también estaban Susana Berdasco y Adriana Culzoni. Contó que estuvo detenida en forma ilegal porque no estuvo registrado su ingreso a la policía.
Y siguió: “En un Estado de Derecho, toda persona debe ser registrada al ingresar en cualquier dependencia pública. La detención fue a 200 metros de la oficina del gobernador Aquiles Regazzoli y de la Legislatura, donde estaba el vicegobernador Rubén Marín. No voy a hablar del juez del Superior Tribunal de Justicia porque lo llevaron preso”.
“No me vendaron los ojos, veía dónde estaba. Dos veces me llevaron al primer piso y ahí me interrogaron. Era evidente que buscaban a otra persona, me preguntaban dónde estaba la compañera que vivía conmigo, Ana Gisper, compañera de la facultad”, contó. Era una catalana, nacionalizada argentina, que vivía con ella y trabajaba en los barrios como católica embarcada en la opción de los pobres. El obispo Adolfo Arana, acotó, no acordaba con ese activismo.
Dijo que no le preguntaron “mucho” de su activismo político cristiano y que no sufrió tormentos aunque la amenazaban “con la parrilla”, aunque en ese momento ella no sabía que se referían a la tortura. “No sufrí violencia extrema, pero sí la violencia fue perder la libertad de esta forma por personas institucionalizadas del Estado”, apuntó.

“Violencia extrema”.

Fue trasladada a la cárcel de Devoto a principios de diciembre, donde le informan que quedaba a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. “Ahí vuelvo a la legalidad, no sabía en qué situación estaba, así hasta que el 24 de diciembre del 77, nuevamente me llevan a la Policía Federal y me dicen ‘váyase’, sin documentos ni nada”.
Señaló que en la Seccional Primera la interrogaron dos veces en el primer piso y que no estaba vendada. “Era evidente que buscaban a otra persona, me preguntaban dónde estaba la compañera que vivía conmigo, Ana Gisper, compañera de la facultad”.
La amenazaron con llevarla “a la parrilla”. Le decían “si no decís, te llevamos a la parrilla”, continuó. “Era un lugar de tortura de distintas formas, pero en realidad es la aplicación de energía eléctrica sobre diversas partes del cuerpo”.
Gisper era un joven catalana, nacionalizada argentina, que también realizaba tareas sociales en la opción por los pobres de la iglesia. Ercoli dijo que el obispo Arana no estaba de acuerdo con ese tipo de actividades.
Ercoli, además, manifestó que no sufrió violencia extrema, pero aclaró que “la violencia extrema” también “fue perder la libertad de esta forma por una situación totalmente arbitraria por personas institucionalizadas del Estado”.

Devoto.
A la cárcel bonaerense llegó en un avión del Servicio Penitenciario Federal (SPF), junto a Raúl D’Atri y otros profesores. “Ahí pensamos que perdimos, porque nos sacan de La Pampa”, manifestó la actual militante de Mujeres por la Solidaridad.
“En Devoto crucé 13 rejas que se iban cerrando de los pabellones. Siempre que estuvimos en ese pabellón, pasamos a celular, que son lugares de celdas más pequeñas, de dos por tres metros”, continuó.
Sobre su liberación, dijo que en Devoto recibió una carta firmada por el general Suárez Masson, el “nefasto genocida”, donde se dispone su libertad. “Había un Estado de Derecho formal, las autoridades no hicieron nada, por eso siempre me refiero a la complicidad civil, no puedo presentar ninguna prueba, pero por omisión, no hicieron”, indicó.

“Tengan cuidado”.
Cuando estaba detenida, la mujer comentó que sus padres pusieron un abogado de Capital Federal, Otto Elizalde, “porque nadie hacía nada”. El letrado presentó un hábeas y el caso llegó a la Suprema Corte. “El juez dijo que me tenían que liberar porque no tengo causa”, pero ello no ocurrió.
En 1974, estaba a cargo de una campaña de alfabetización de adultos, y recordó que un policía les dijo: “Tengan cuidado porque a ustedes los vigilan, es decir que el trabajo de inteligencia sobre el activismo político venía antes del golpe militar”.

Perseguida.
La persecución, tras recuperar la libertad, siguió: se casó y se fue a vivir a Fortín Olavarría, en Buenos Aires, en el ’78. Comenzó a trabajar en una escuela rural pero tuvo que renunciar ante la amenaza de la policía. “Lo tuve que hacer”, indicó Ercoli.
Además, comentó que en 1981 asumió Otto Elizalde como ministro de Educación del gobierno de Telleriarte y que a los seis meses le dijo que se anotara para dar clases como si “recién” se hubiese recibido y consiguió empleo de preceptora aquel año.
En el final de la audiencia, Ercoli agregó: “Para siempre, agradezco al Poder Judicial este juicio para mantener viva la memoria, saber la verdad y hacer justicia. Toda la ciudadanía debe trabajar para mantener el Estado de Derecho”.
La audiencia, que llevó adelante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Rosa, se realizó en el Colegio de Abogados y Procuradores de La Pampa. El debate oral y público continuará el 14 y 15 de noviembre.

“Sacaban libros y decían que eran armas”.
Osmar Atilio Sombra, que en aquella época era personal no docente de la UNLPam, relató que fue detenido junto a su pareja Cristina Ercoli, en medio de “un operativo aparatoso” donde los militares “sacaban cajas con libros y decían que eran armas, cuando en realidad eran apuntes universitarios”.
Dijo que “todos creían que éramos guerrilleros e incluso en nuestras familias dudaban” y recordó que fueron trasladados a la Primera en el auto de una persona de apellido Pedraza. “Nos tuvieron todo el día sin agua y sin poder ir al baño. Recuerdo que (Oscar) Yorio entraba y salía con papeles”, indicó.
Al día siguiente fue liberado y le dijeron que Ercoli ya salía, por lo que se quedó esperando frente a la comisaría, pero ello no ocurrió, por lo que se fue a su casa y contó que durante 9 días le llevó la comida hasta que le dijeron que había sido trasladada por el Ejército, sin mayores precisiones.
El sábado, en tanto, le habían incendiado su casa y cuando llegó fue detenido nuevamente. “Habían tirado una bomba”, dijo y siguió: “Miguel Gauna me interrogó con otro oficial joven y me preguntaba si yo había puesto la bomba. Me hicieron desvestir porque en la puerta había manchas de sangre, pero no tenía ninguna lastimadura así que al otro día me liberaron”. Sobre la bomba, Sombra dijo: “Entiendo que la pusieron ellos mismos”.
Luego, se enteró que su compañera estaba en Devoto y recordó que los policías le preguntaron por Ana Gisper, pero “no sabía nada” porque se había ido antes. “Pensaban que yo tenía información importante”, afirmó.
Por otro lado, advirtió que en su casa faltaron grabadores y libros antiguos de Gisper. “Se buscaba subversión en todos lados, se metieron al pozo del agua buscando armas o un papel que dijera que éramos subversivos, entonces en mi casa yo también destruí cosas, discos, libros, cosas personales, no porque fueran extremadamente comprometedoras”
“Se creó un estado de terror en el cual hasta en nuestra familia o compañeros de trabajo pensaban que éramos guerrilleros. Ese fue el mayor daño que nos hicieron”, manifestó Sombra.

“Nunca entendí el operativo”.
En la audiencia, también declaró María del Carmen Subotich, que era alumna del Instituto José Ingenieros de Jacinto Arauz, y advirtió que “nunca” entendió porqué se realizó el operativo represivo el 14 de julio de 1976, en el que fueron detenidos profesores y vecinos de la localidad.
Además, la testigo comentó que el hecho se dio cuando “estábamos en clase, en un examen, con el ingeniero Alvarez. Entró la secretaria del colegio a buscarlo y no volvió más”. En ese momento era alumna de quinto año y tenía 16 años.
“Nos llamó la atención porque pasaban los minutos, entonces algunos compañeros abrimos las ventanas y nos encontramos que el instituto estaba rodeado con vehículos militares y soldados que nos apuntaban”, agregó Subotich.
“Intentamos salir al pasillo y también nos detuvo un soldado que nos indicó que esperemos adentro, hasta que la secretaria vino a explicarnos lo que pasó”, siguió.
Dijo que cuando se escapó Guillermo Quartucci en medio del operativo, los militares lo buscaron e ingresaron a distintas viviendas. A mi casa entraron al patio y no encontraron nada, en otros domicilios también revisaron”. No tenían orden judicial.
La testigo agregó que unos meses después fueron interrogados sobre las actividades que realizaban en el colegio con orientación Agraria y tuvieron que llevar el material de estudio a la comisaría.
“Lo único que hacíamos eran prácticas en campos, como vacunar animales, castrar”, señaló. “Nos preguntaron y respondimos que nunca nos hablaron de política”, siguió.