Tarifazo: el fallo de la CSJ es un “duro revés político”

LA CAME ANALIZABA AYER PRESENTAR UNA AMPARO PROPIO PARA INCLUIR A LAS PYMES

El diputado nacional Sergio Ziliotto consideró que el fallo de la Corte Suprema de Justicia que anuló el “tarifazo” en el servicio de gas natural significa “un revés muy grande del gobierno nacional” desde un punto de vista político, aunque le dio “nuevas oportunidades” que, por ahora, ha dejado pasar. La primera de esas oportunidades, evaluó, ya la desperdició. Fue la opción de “hacer extensivo el fallo a las pymes”, un gesto que hubiera sido bien recibido por el resto de la sociedad y sobre todo la pequeña industria.
Ziliotto visitó ayer el edificio de LA ARENA para hablar en Radio Noticias sobre su proyecto de “alcohol cero” en el tránsito. Al terminar la entrevista habló de la sentencia de la Corte Suprema que frenó el aumento tarifario en el gas natural, una de las medidas más antipopulares del gobierno nacional.
“Yo había dicho hace tiempo que la Corte iba a tomar el tema como corresponde, que no se iba a dejar influenciar; así ha sido y bienvenido sea”, sostuvo Ziliotto. “Ha sido un revés desde el punto de vista político muy grande al gobierno nacional, pero creo que también le está dando nuevas oportunidades al gobierno nacional”, evaluó.
La primera oportunidad ya la perdió, según el diputado nacional. “El gobierno tenía toda la posibilidad de hacer extensiva la anulación de los aumentos tarifarios a las pymes y a los comercios”, dijo. Esa decisión hubiera sido “un gran gesto hacia el resto” y principalmente hacia todas aquellas pequeñas y medianas empresas “que están a punto de dejar de existir” por la enorme importancia que el costo de la energía tiene en su estructura de costos.
El costo fiscal de esta extensión “no hubiera sido tan importante”, consideró Ziliotto, y habría mostrado cintura política de la gestión macrista, algo que hasta ahora está ausente.

Segunda oportunidad.
“La otra gran oportunidad -continuó Ziliotto-, es cuando nos enteramos que el 12 de septiembre van a estar las audiencias públicas, o sea que es posible que a partir del 1 de octubre tengamos un nuevo cuadro tarifario”, que quizá no se aleje del que objetó la Corte. “Esperemos que no vuelvan a cometer el error -de sostener esos aumentos desmedidos-, y que lean en su totalidad el sentido del fallo, que plantea que no solo hay que hacer audiencias públicas sino que las tarifas deben ser hechas en base a la razonabilidad, tal como le planteé a (el ministro de Energía de la Nación, Juan José) Aranguren el día que fue al debate en el Congreso”.
“Es cierto que las tarifas están desfasadas, que hay un gran atraso tarifario, y eso quedó corroborado por el ministro Aranguren en la comisión (de Energía de la Cámara de Diputados), pero la limitante es el poder adquisitivo de los asalariados y la poca capacidad de absorción que tienen las estructuras de costo del sistema productivo”.
Esta es una nueva oportunidad para el gobierno nacional, evaluó Ziliotto. “Tal como le reclaman sus socios dentro de la coalición del gobierno, los dirigentes de la UCR, a este gobierno le ha faltado política en la gestión”, concluyó.

Las pymes, “en estado de alerta”
“Las pymes entraron en un estado de alerta con este fallo”, sostuvo ayer el empresario pampeano Roberto Torres en relación a la sentencia de la Corte que dejó a las pymes fuera de sus alcances. “El departamento legal de CAME está analizando hacer una presentación (judicial) porque hay muchas industrias que se han tornado inviables”, acotó.
Torres formuló estas afirmaciones en una entrevista con Radio Noticias en la que consideró que el reajuste tarifario era necesario pero opinó que debió implementarse en forma gradual y con previsibilidad. “Si te dicen vamos a aumentar 30 por ciento por mes, vos sabés a que atenderte y sacás costos”, explicó.
“Desde que tengo uso de razón, te cambian las reglas de juego de la noche a la mañana, y pasaste de tener una empresa que trabaja bien, a tener que dejar gente en la calle. Y no es así”, se quejó. Si bien para las pymes los empleados no son una variable de ajuste, el oscuro panorama de la economía argentina actual hace que esa premisa esté cambiando, advirtió.
Torres dijo que la CAME optó por no hacer una presentación en defensa de su sector porque apostó al diálogo como vía para corregir la situación. “Evidentemente, no tuvimos éxito”, se sinceró.
El entrevistado aprovechó la entrevista para informar del proyecto de ley que presentó la CAME en el Senado de la Nación sobre las comisiones que cobran los bancos por las compras con tarjetas de crédito y débito. En el primer caso, la intención es bajar la comisión de 3 puntos a 1,5; en el segundo, que sea a costo 0. “El año pasado, los bancos facturaron 13.000 millones de pesos solo por comisiones”, se quejó el empresario.

Amparos para ampliar el fallo
La Multisectorial Contra el Tarifazo anunció ayer que presentará recursos de amparo por sector la semana próxima para pedir que la nulidad dictaminada por la Corte Suprema en su fallo por las nuevas facturas de gas contemple a sus organizaciones.
La Multisectorial abarca a pequeñas y medianas empresas, cooperativas, centros culturales, clubes de barrio y centros de jubilados que se oponen a la quita parcial de subsidios y organizaron cacerolazos el 14 de julio y el 4 de agosto, además de presentar amparos para toda la ciudad de Buenos Aires.
“Rescatamos como positivo el fallo de la Corte que anula el tarifazo para las facturas residenciales, que fue producto de las acciones de lucha, y vamos ahora por los sectores que no fueron contemplados en la nulidad”, sostuvo el presidente de la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionadas (Facta), Federico Tonarelli.
La Multisecotorial realizó ayer una conferencia de prensa en el Hotel Baun para anunciar sus próximas medidas.
El próximo lunes a las 18 se realizará en el Hotel Bauen una nueva reunión de la Multisectorial con presencia de abogados, jueces y diputados nacionales en el marco de determinar posiciones para la audiencia pública del 12 de septiembre, afirmó un representante de la Corriente Federal de Trabajadores.
“Los equipos jurídicos a partir de la semana que viene empezarán a presentar amparos de cada uno de los sectores afectados”, agregó.
Por su parte, la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme), manifestó en su presentación que observa “con preocupación” que el conflicto es un “problema político porque en el contexto de recesión, liberación de importaciones y caída real del salario se hace difícil afrontar las tarifas”.
“Celebramos como un triunfo de todo el pueblo este alivio para los hogares de todo el país pero como cooperativas sigue un camino de lucha hacia adelante porque todos venimos soportando la recesión y la caída en ventas, a lo que se suma el tarifazo”, apuntó Silvia Díaz de Facta.

CAC.
La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) salió ayer a pedirle al gobierno nacional que implemente una revisión en los aumentos de las tarifas de servicios públicos y moderar los incrementos que puedan comprender a los sectores productivos.
La CAC evitó pronunciarse sobre la posibilidad de ir a la Justicia a pedir que el sector productivo también sea comprendido en el fallo que decretó la nulidad de la suba de tarifa de gas. (Télam)

“Aranguren es un traidor a la Patria”
Cheli expresó su “satisfacción” porque en el fallo la Corte “resuelve lo que nosotros planteamos en nuestro amparo y que el juez federal local (Salas) no aceptó”.
El abogado santarroseño indicó que lo resuelto por el máximo tribunal “hace hincapié en la relación del consumo y que los usuarios (domiciliarios) son un granito de arena frente a las montañas que representan las multinacionales”.
“El juez Salas desconoció el derecho de los usuarios, por eso sosteníamos que era inconstitucional (el “tarifazo”, porque no hubo audiencias) y es ilegal (al no contemplar lo que establece la Ley del Consumidor)”.
Cheli, entrevistado por Radio Noticias, añadió: “el fallo me sorprende, desde lo jurídico, porque solo se hizo lugar al reclamo de los usuarios domiciliarios. La Corte falló sobre lo resuelto por la Cámara Federal de La Plata, que declaró nulo al tarifazo y acá no hay dos inconstitucionalidades, porque la igualdad es igual para todos en igualdad de condiciones. Acá se violó la Constitución para todos”.
“En lo político me queda en claro que las visitas de Lorenzetti a Macri hacen pensar que el fallo fue elaborado por los abogados de las multinacionales y eventualmente de Shell. El fallo abarca solamente al 23 por ciento del total de consumo de gas, el resto corresponde a los grandes consumos de las empresas. Pero qué le hace una mancha más al tigre”.

Despidos y cierres.
“¿A dónde van a parar los aumentos? A los precios y los terminaremos pagándolos entre todos y en lo económico significará que las empresas cierren o despidan personal. Se disminuirá el consumo y habrá menos recaudación de impuestos”, afirmó el abogado Cheli.
“Se pone en discusión lo de los subsidios que son salarios indirectos. En todo el mundo la energía se subsidia y puedo aceptar que a lo mejor de la manera que se habría instrumentado estaba mal, pero no se puede pensar que los subsidios sean malos”.
También cuestionó que “La única provincia patagónica que no se hizo lugar al amparo fue La Pampa y que “el gobernador haya dicho que a través de la justicia no se iba a resolver nada. O el gobernador tenía un adelanto o está fallando en su análisis político. Si me tomo de lo primero había algún contacto del gobernador con juez local (Salas) para saber cómo iba a fallar”.
Cheli destacó además que el fallo de la Corte “confirmó las sentencias que anulaban las resoluciones y se circunscriben a los usuarios domiciliarios. Ahora las empresas van a recaudar más del 70 por ciento de las facturas de gas. El hilo se corta por lo más delgado y pagarán las facturas a costa de salarios o de despedir gente. O sino lo recargarán a los precios, generando más inflación”.
“Me preocupa que siga Aranguren en el gabinete, cuando creo que este señor es un infame traidor a la patria”.
Resaltó que la Corte tiene algunas “perlitas interesantes”, como pedir al Congreso la creación del Defensor del Pueblo. Agregó que los votos de los cuatro ministros de la Corte “fueron divididos, aunque unánimes en su resultado: Lorenzetti y Nolasco lo hicieron en común y Maqueda y Rossati lo hicieron por separado”.
“Citan una crítica al sistema neoliberal, diciendo que el sistema lleva a desigualdades. Pero no adhiere Rossati, como que para él lo del neoliberalismo está bien. Esto es para que pensemos la Corte que tenemos”.

Garavano admite que se cometió un error
El ministro de Justicia, Germán Garavano, reconoció ayer que en el gobierno cometieron un error en el manejo de la suba de tarifas al no haber convocado antes a audiencias públicas, un día después del fallo de la Corte Suprema frenando la suba y que desde el gobierno evitar hacer alguna autocrítica.
Consultado sobre si se había cometido un error en la aplicación de incrementos en los servicios públicos al no convocar antes a audiencias públicas, el ministro Garavano respondió: “Era una
cuestión controvertida, pero hoy con el fallo en la mano, sí, definitivamente”.
Garavano reconoció el error en declaraciones a radio la Red, 24 horas después de haber encabezado una conferencia de prensa junto al jefe de Gabinete, Marcos Peña y su par de Energía, Juan José Aranguren en la Casa Rosada, donde evitaron realizar una autocrítica y negaron que el Gobierno sufra un costo político tras el fallo adverso de la Corte que dejó sin efecto parcialmente el tarifazo en los servicios públicos de gas.

Peña.
El jueves pasado en la rueda de prensa, Peña debió responder en varias oportunidades preguntas vinculadas con alguna “autocrítica” del gobierno nacional o “el costo político” que debió sufrir el Poder Ejecutivo al no poder aplicar durante todos estos meses el ajuste en la tarifas del gas y de la electricidad.
“No creemos que se trate de una discusión de costo político, cada poder tiene que hacer su trabajo”, sentenció el Jefe de Gabinete, quien remarcó que “mirar para atrás no es prioridad”.

Macri.
Por su parte, el presidente Mauricio Macri mantuvo el bajo perfil y sin formular declaraciones públicas sobre el fallo, encabezó una reunión en la Residencia de Olivos con la vicepresidenta Gabriela Michetti; los ministros de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, y de Interior, Rogelio Frigerio; los secretarios de Coordinación Interministerial, Mario Quintana y de Coordinación de Políticas Públicas, Gustavo Lopetegui, y el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó.
La propia Michetti publicó pasado el mediodía en su cuenta de Twitter sobre el encuentro realizado en Olivos, que no había sido informado oficialmente en la Casa Rosada, y subió una foto en la que se la ve junto al jefe de Estado, Frigerio y Monzó, además de otros funcionarios.
“Reunión de coordinación política en Olivos con @mauriciomacri y funcionarios nacionales”, precisó la Vicepresidenta sin informar mayores detalles.

Error.
El único que salió a hablar del tema tarifas ayer, luego de que el gobierno publicara en el boletín oficial la convocatoria a audiencias públicas para el próximo 12 de septiembre, tal como lo ordenó la Corte Suprema de Justicia en el fallo que el jueves, cuestionó la forma en que el Gobierno impulsó las subas sin ese paso previo de consultas a consumidores y sectores interesados, y sentó precedentes para los conflictos por los aumentos de tarifas en los otros servicios como la luz y el agua.
“Con el fallo (de la Corte Suprema) en la mano, definitivamente” el Gobierno cometió un error en el manejo de la actualización de las tarifas de los servicios públicos admitió esta mañana
Garavano, aunque sostuvo que la decisión “no es tan negativa como se presenta” y dijo que su colega de Energía, Juan José Aranguren, continuará en su cargo.
Garavano insistió con que la situación “era realmente controvertida” ya que la obligación de audiencias públicas para establecer el precio del gas en boca de pozo “no está previsto en la ley”, tal como explicó Marcos Peña y Aranguren en la conferencia de prensa en la que evitaron hablar de autocrítica pero anunciaron que el Gobierno acatará el fallo.

Aranguren.
Consultado sobre la situación del ministro de Energía, Juan José Aranguren, Garavano afirmó que en ningún momento se manejó la posibilidad de que dé un paso al costado, y que el presidente Mauricio Macri “dispuso que se ponga inmediatamente a trabajar y convocar a la audiencia, que es lo que se hizo”.
Con respecto a las empresas y otras entidades, que quedaron fuera de la anulación de los aumentos, el ministro afirmó que podrán reclamar en la Justicia pero “caso por caso”, y que “ese proceso que va a ser mucho más complejo”. (DyN)

El 12 de septiembre
El Gobierno nacional convocó ayer a una audiencia pública para considerar el precio del servicio de gas para el próximo lunes 12 de septiembre, en la Usina del Arte de la Ciudad de Buenos Aires, tras el fallo de la Corte.
La convocatoria había sido anticipada el jueves, cuando en conferencia de prensa el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Energía, Juan José Aranguren, aseguraron que “mañana (hoy) mismo” se formalizaría la medida.
La realización de la audiencia fue en requisito impuesto por la Corte Suprema de Justicia en su fallo del jueves.
El Ministerio de Energía y Minería instruyó al Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) a que disponga las medidas para que las empresas distribuidoras del servicio apliquen a los usuarios los cuadros tarifarios vigentes hasta el 31 de marzo.
“Convocar a Audiencia Pública a fin de considerar: a) el traslado a tarifas de los precios de gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte y b) las tarifas transitorias de transporte y distribución, que estarán vigentes hasta la aprobación definitiva de los cuadros tarifarios resultantes de la Revisión Tarifaria Integral”, señala el artículo 1 de la Resolución 3953/2016 del Enargas, publicada ayer en el Boletín Oficial.
La audiencia se realizará el lunes 12 de septiembre, desde las 9, en la Usina del Arte, ubicada en Agustín Caffarena 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (NA)