TIP: Tierno “tuvo intención dolosa”

FALLO CONFIRMO CONDENA PARA EX INTENDENTE Y ACTUAL MINISTRO DE SEGURIDAD

El Tribunal de Impugnación Penal confirmó el fallo contra el ministro Juan Carlos Tierno, y lo consideró “autor material y penalmente responsable del delito de abuso de autoridad, a la pena de dos años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos por el término de cuatro años”.
De esa manera quedó confirmada la sentencia dictada por la Cámara en lo Criminal nº 1, que los jueces consideraron “ajustada a derecho”.
Como anticipó este diario, ayer por la mañana la Sala A del Tribunal de Impugnación Penal, se leyó el fallo producido por la sala A del TIP conformada por los jueces subrogantes María Florencia Maza y Néstor Daniel Ralli.
La lectura estuvo a cargo del secretario, también subrogante, Guillermo Casal, y la sentencia no hizo lugar a las nulidades planteadas por la defensa del ministro de Seguridad, Juan Carlos Tierno, ni al recurso de impugnación contra el fallo condenatorio en su contra que dictó la Cámara en lo Criminal n° 1 el 16 de diciembre de 2014.

Abuso de autoridad.
De esta manera, el TIP confirmó el fallo contra Tierno, como autor material y penalmente responsable del delito de abuso de autoridad, a la pena de dos años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos por el término de cuatro años.
El fallo completo de la Sala A resolvió de esa manera el recurso de impugnación interpuesto oportunamente por el defensor particular, Armando Agüero -hoy fiscal general de la II Circunscripción Judicial- por la defensa técnica de Juan Carlos Tierno, en la causa nº 02/15 caratulada “Tierno, Juan Carlos s/ Recurso de impugnación”, originario nº 92/13 conforme registro de la Cámara en lo Criminal nº 1.
Fue precisamente esta Cámara la que condenó a Juan Carlos Tierno como autor material y penalmente responsable del delito de abuso de autoridad previsto en el artículo 248, primer supuesto, del Código Penal, a la pena de dos años de prisión de ejecución condicional (art. 26 del C.P.) e inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos por el término de cuatro años con costas (art. 29 inc. 3º del Código Penal y 375; 498 y 499 del CPP).

Agüero, el abogado.
Contra esa sentencia el abogado Armando Agüero interpuso recurso de impugnación al considerar que “existía inobservancia de la correcta valoración de la prueba, de acuerdo a las reglas de la sana crítica racional, resultando la sentencia, a su entender, carente de fundamentación y de errónea aplicación del derecho invocado”. El profesional también planteó que hubo “violación de garantías constitucionales tales como juez natural, juez imparcial, debido proceso y defensa en juicio, habiéndose concedido el recurso interpuesto, solo de manera parcial”, tal como se desprende de la resolución de fecha 6 de febrero de 2015 (…). El TIP rechazó la concesión del agravio consignado en el recurso, por entender que las cuestiones allí planteadas se referían a decisiones irrecurribles por haber adquirido firmeza con antelación a la presentación efectuada”.

Sí a jueces sustitutos.
En referencia a la impugnación que hizo Tierno de los jueces sustitutos Miguel Angel Vagge, Elvira Rosetti y Miguel Angel Gavazza, la jueza Maza consideró que, como fuera “resuelto oportunamente el régimen de sustitutos se creó a los fines de optimizar el sistema judicial ante supuestos de ausencias, licencias, subrogancias y otras situaciones que naturalmente atentan contra un servicio esencial del Estado, implementando así el sistema, con un fin esencial y de alto contenido constitucional, cual es el de asegurar a la ciudadanía un permanente, rápido y eficiente servicio de Justicia”.

Continuidad como funcionario.
Además sostuvo que no estaba prescripta la acción penal “por haberse visto la misma suspendida por la actividad desarrollada por, al menos, dos de los coimputados, quienes desempeñaban a esa fecha, funciones públicas”; y en ese sentido refirió al fallo condenatorio de primera instancia que señalaba que Juan Carlos Tierno era asesor de su esposa en la Cámara de Diputados; y que el 15 de diciembre de 2015 pasó a desempeñarse como ministro de Seguridad.
Como se recordará la causa se inició por una denuncia porque Tierno, en su breve paso por la intendencia -solo 87 días estuvo al frente, hasta que fue destituido- dictó una resolución con la que aprobaba el presupuesto y la tarifaria municipal 2008, obviando al Concejo Deliberante.

“Conocía la ilegalidad”.
Expresó Maza que el ex jefe comunal “conocía la ilegalidad de la resolución que voluntariamente dictó, tanto por su función, experiencia, así como por ser abogado, sabiendo que con dicho dictado estaba burlando la legislación municipal, por lo que, su intervención, tanto en la confección como en su pretensión de ponerla en funcionamiento, conociendo que no estaba facultado para ello, demuestran su intención dolosa de dictar una resolución contraria a la ley, incurriendo así, en el delito de Abuso de Autoridad previsto en el art. 248 del Código Penal”, reafirmó.
Señaló la magistrada que “si bien el impugnante intentó justificar el dictado de la resolución cuestionada, con el estado financiero y económico de la Municipalidad a la fecha de su dictado, lo cierto es que dichas circunstancias, por graves que fueran, no habilitaban al mismo, al dictado de una resolución contraria a derecho, excediéndose así el funcionario mencionado en sus funciones, al haber utilizado, para hacer frente a esas circunstancias por él mencionadas, mecanismos ilegales, contrarios a las disposiciones legales vigentes”, remarcó.

Debió prorrogar ordenanza.
Evaluó el fallo que estando en receso el Concejo Deliberante y no habiéndose podido tratar en sesión extraordinaria el presupuesto y la tarifaria 2008 “debió considerarse prorrogada la ordenanza correspondiente al período anterior, buscándose otra alternativa, legal, a los fines de sortear las dificultades económicas y financieras que atravesaba el Municipio”.
La resolución sostiene que la prohibición “era plenamente conocida por quien en ese momento ocupaba el cargo de Intendente Municipal, Juan Carlos Tierno, ya que sabía éste acabadamente que de ningún modo podía dictar una resolución como la aquí cuestionada, no sólo por el hecho de ser el mismo abogado, motivo por el cual debe conocer la ley aplicable, sino por la circunstancia de haber ocupado, desde el reinicio de la democracia, distintos cargos en el gobierno provincial, tales como Asesor de Gobierno, director del Banco de La Pampa, ministro de Gobierno, cargos que permiten sostener, sin lugar a dudas, el conocimiento que el mismo tenía del funcionamiento y de las atribuciones de los poderes ejecutivo y legislativo”.
El TIP dio por probado que “ha sido el entonces intendente de la Municipalidad de Santa Rosa, Juan Carlos Tierno, el ideólogo y autor material de la resolución cuestionada y por ende es éste quien debe responder penalmente en los términos del art. 248 del Código Penal”.

¿Qué dirá Verna hoy?
Con motivo de celebrarse hoy el Día del Periodista, el gobernador encabezará al mediodía el habitual brindis con los trabajadores de la prensa. Allí se espera que Verna haga referencia a la sentencia del TIP sobre Tierno, sin dudas el ministro más cuestionado de su gabinete, y el único que ingresó a la gestión provincial con una condena a cuestas: en 2014 la Cámara del Crimen 1 lo inhabilitó para ocupar cargos públicos durante cuatro años.

“Derivó en un enorme daño social”
El fallo del Tribunal de Impugnación Penal señala que el ex intendente Juan Carlos Tierno “conocía la ilegalidad de la resolución que voluntariamente dictó, tanto por su función, experiencia, así como por ser éste abogado, sabiendo que con dicho dictado estaba burlando la legislación municipal”.
Refiere que “su intervención (la de Tierno), tanto en la confección como en su pretensión de ponerla en funcionamiento, conociendo que no estaba facultado para ello, demuestran su intención dolosa de dictar una resolución contraria a la ley, incurriendo así, en el delito de Abuso de Autoridad previsto en el art. 248 del Código Penal”.
La jueza María Florencia Maza discurrió que los jueces que sentenciaron al actual ministro en Cámara evaluaron para imponer la pena “la magnitud de la función pública que éste cumplía por ser el funcionario público con mayor responsabilidad en la ciudad capital de la provincia de La Pampa, con sobrada experiencia en cargos públicos, tal como se ha mencionado anteriormente, y con estudios universitarios relacionados con la materia analizada, al ser abogado, teniendo por ello, sobre la base de las consideraciones expresadas, todas las posibilidades de haber optado por una conducta ajustada a derecho, y aún así, no lo hizo”.
Finalizó diciendo que dictó “una resolución a todas luces ilegal, que derivó en un grave perjuicio y un enorme daño social a la comunidad de la ciudad de Santa Rosa, que tuvo que soportar, a raíz de su accionar, la designación de un interventor en el Municipio local, para luego realizar un nuevo llamado a elecciones municipales, con el daño social y económico que ello acarreó a la ciudad toda, circunstancia que claramente debe valorarse en demérito de su conducta”.