UCR reclama definición para evitar “fraude”

El radicalismo reclamó que sea la Justicia Electoral la que defina si es legal el “corrimiento” de Ortiz por Jorge para la candidatura a intendente capitalino del PJ. Si como ocurrió en 2011, con la renuncia de Verna y la resolución del tema por el partido, la UCR accionará judicialmente para que no se vulnere la voluntad de los ciudadanos que votaron el 5 de julio.
Francisco Torroba, diputado nacional, presidente de la UCR pampeana y candidato a gobernador de Propuesta Frepam, ofreció ayer una conferencia de prensa para dar a conocer la postura partidaria de cara a los sucesos acaecidos en el PJ luego de que Jorge renunciara a ser candidato a jefe comunal santarroseño y que el Consejo Provincial del PJ aceptara que su lugar sea ocupado por Raúl Ortiz, lo que será convalidado el 5 de agosto por el Congreso peronista a reunirse en General Pico.
Acompañado por dirigentes del radicalismo, de otras fuerzas del Frepam y asesores legales, como también por el aspirante a vicegobernador Eduardo Pepa, Torroba fue claro al decir que el tema no podía quedar en manos del partido, que debía ser la Justicia la que debía dilucidarlo ya que los motivos invocados para la renuncia no se inscriben entre las causales previstas por la ley.

Argumentos.
“Acá se argumentó que la renuncia era en pos de la unidad del PJ”, remarcó el titular de la UCR, quien consideró como “fraude” que Jorge se haya presentado como “candidato testimonial”.
También expresó su rechazo a otra posibilidad, como la planteada por el GEN, de que se desdoblen las elecciones municipales con las provinciales. “Acá la decisión de un partido no puede alterar un cronograma electoral ya fijado”, expresó.
Con respecto al antecedente de lo ocurrido con Verna en 2011, y su renunciamiento a la candidatura a gobernador por lo que fue reemplazado sin avales por Jorge, el titular del radicalismo aclaró que en esa oportunidad fue una decisión de la Justicia la que le otorgó tal potestad al PJ y que si se repetía, su partido accionaría judicialmente por entender que se está violentando la ley y la Constitución.