¿Un “error” de 20 millones?

GASODUCTO

Juan José Reyes – La provincia habría perdido 20 millones de la ampliación del gasoducto a Santa Rosa al incumplir el convenio con Nación en una de sus etapas y que, en vez de recibir 100 millones que costó la obra, solo recibió 78.
La Fiscalía de Investigaciones Administrativas de la provincia tiene en sus manos un nuevo expediente que comprometería al ex gobernador Oscar Jorge y a su último ministro de Obras Públicas, Horacio Giai. Las actuaciones fueron remitidas por el Ministerio de Obras Públicas y la Asesoría Letrada del gobierno, luego que se detectaran inconsistencias en una cuenta provincial por 20,7 millones de pesos.
La primera luz de alarma se encendió en la Tesorería General. Su titular, Paula de Elorriaga, notó que con fecha del 4 de septiembre de 2015 habían ingresado a una cuenta del Estado provincial unos 20,7 millones de pesos. Esta última imputó la suma millonaria al convenio marco que se había formado un año antes con la provincia para la ampliación de un gasoducto, pero del propio convenio no surge nada que justifique ese monto ni la cuenta donde fue depositado. A esto hay que agregar que nadie en el actual gobierno sabe qué fue de ese dinero.

Gas natural.
La causa está caratulada “Ministerio Obras y Servicios Públicos-Dirección General de Obras Públicas extracto: S/irregularidades en el cumplimiento de Convenio”. Se refiere al acuerdo marco para “Obras Provisión de Gas Natural en La Pampa, Más Cerca, Más Municipio, Mejor país, Más patria”, donde se constataron inexactitudes extrañas. La obra fue realizada y permitió ampliar un gasoducto troncal, con lo cual se habilitó la extensión de redes de gas natural y se permitió que más vecinos de distintas zonas de la provincia se conectaran al servicio.
Las actuaciones, que llegaron al órgano consultivo del gobernador Verna, dieron lugar a la emisión de un duro dictamen sobre la posible “configuración de irregularidades” en el Convenio, ratificado por Tesorería General, donde se inició la investigación, y a la Asesoría Letrada de Gobierno.

Un inicio complicado.
El trámite se inició a instancias de la Dirección General de Obras Públicas, a cargo de Daniel Ucciardello, quien solicitó al Director del Registro Permanente de Licitadores de Obras Públicas (Diego Ullan) que informe acerca de las actuaciones llevadas a cabo en ese marco. Allí se ven compromisos asumidos ante Nación, que asistió financieramente a la Provincia para ejecutar la obra gasífera por un monto millonario, en el contexto de un convenio marco para la Provisión de Gas Natural y su addenda complementaria llamada “Convenio Unico de Colaboración y Transferencia”.
Para las actuales autoridades de Obras Públicas, “surgirían posibles irregularidades ya que el 4 de septiembre de 2015 la Provincia recibió un depósito de 20.769.546 pesos”. Tesorería General (actualmente a cargo de María Paula de Elorriaga) informó que el depositante lo había imputado al convenio referido. Sin embargo, ese importe no se corresponde con cumplimiento de ninguna cláusula del convenio, pues aquél “preveía que las remesas debían coincidir con reintegro de las certificaciones de obra que abonaría la provincia a la firma contratista, cuestión ésta que no se verifica”.
En el gobierno creen que fue un incumplimiento del gobierno pampeano del convenio que había firmado con Nación para la financiación de la ampliación del gasoducto lo que determinó que no se giraran esos fondos desde el gobierno nacional. Como la provincia adelantaba con fondos propios el pago de certificados de obra, al incumplirse con los plazos, la Nación no giró esos 20 millones desde Nación y La Pampa se habría visto perjudicada en su erario por ese monto millonario.

Un contrato incumplido.
La Tesorería provincial le expresó a la Asesoría Letrada que “no se ha podido comprobar” el cumplimiento del convenio que habría motivado la pérdida de 20,7 millones que Nación no envió, justamente, por el incumplimiento de ese contrato.
La cláusula séptima establecía el “deber” de la provincia de presentar toda la documentación respaldatoria referida al proceso licitatorio, mientras que la cláusula octava dispuso que Estado Nacional efectuaría “…los desembolsos contra presentación de las solicitudes de pago, …”.
La novena cláusula añadía “que la provincia debía presentar ante el organismo competente la ‘solicitud de pago'”. En ese marco, las cláusulas décima y décimo primera establecen que respecto a la “solicitud de pago” correspondiente al primer certificado de avance de obra la Provincia debía presentar la rendición de cuentas correspondiente a la solicitud de pago anterior y los certificados de avance de obra en forma mensual.
“Si bien la Provincia abonó los Certificados de Acopio 1 y 2 y los Certificados de Obra 1 a 5, no se pudo constatar de que se haya cumplimentado con dichas cláusulas del convenio referidas a su presentación y rendición en Nación”, dice el documento de la Tesorería.
Tanto el Registro Permanente de Licitadores y Consultores de Obras Públicas, como la Asesoría Letrada de Gobierno, afirman que “cabe al caso considerar que del informe reseñado se desprende que los funcionarios o agentes responsables de la gestión y buen recaudo del Convenio Marco, aprobado por la Ley Provincial 2821 y su consecuente Convenio Particular, no habrían cumplimentado las obligaciones asumidas por la Provincia referida a la presentación en el plazo estipulado de los 60 días para su inicio” lo que podría haber ocasionado la operatividad rescisoria de la cláusula cuarta y presentaciones pertinentes de las certificaciones de obra ante Estado Nacional, con el fin de gestionar la devolución o reconocimiento por parte de éste de importes pertinentes. Las conductas descriptas podrían haber ocasionado un perjuicio económico al Estado Provincial”.
A partir del mes de diciembre de 2015, “los funcionarios a cargo de velar por cumplimiento del Convenio, se encuentran realizando gestiones ante Nación, con el fin de hacer efectivo el reconocimiento de los importes pertinentes y es por ello que toda la documentación se remite a la FIA (en cumplimiento artículo 2º inc. h) y 28 de la Ley 507) con el fin de aquel que tome la intervención que es de su competencia.

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