Un delito grave sin denuncias ni condenas

USURA EN LA PAMPA

Las declaraciones del docente Hernán Martín (37), del colegio salesiano de Victorica, pusieron en foco un ilícito que se ha naturalizado en la provincia pero que rara vez llega a los tribunales: la usura. En una entrevista concedida a LA ARENA Martín rompió el silencio y denunció que “el prestamismo ilegal, la usura y el juego clandestino están instalados y nadie les pone freno”, que “los prestamistas hacen sus negocios a la luz del día” y que “muchos han amasado fortunas”. La situación parece repetirse en distintas localidades en donde la especulación de algunos vecinos es socialmente aceptada y, muchas veces, encubierta con negocios legales como la “financiación”.
Lejos de los que debería ocurrir, actualmente en la provincia no hay más de una o dos causas tramitándose por usura y no hubo, al menos en el sistema nuevo, una sola condena por ese delito. Esta información fue confirmada por el fiscal General Guillermo Sancho, quien está al frente de la Fiscalía Temática de Delitos Económicos y Delitos Contra la Administración Pública. “No hay muchas denuncias, las que se han radicado han trascendido. Es un tema difícil para investigar, sobre todo para probarlo”, dijo Sancho.
-¿Piensa que se ha naturalizado la usura?
-No me lo he puesto a pensar. Pero pareciera que hay gente que no está bancarizada y que no puede ingresar en el circuito bancario oficial acude a estos lugares al costo de pagar intereses mucho más altos.
-¿La Justicia tiene herramientas suficientes para investigar la usura?
-Si. No creo que sea un problema de la Justicia. Al no estar regularizado el interés que pueden cobrar o no, esa es la cuestión. El que presta la plata no sabe cuál es la necesidad particular de la persona a la que le va a prestar el dinero. Alguien va voluntariamente, acuerdan y firman. Muchas veces la gente acude porque no tiene otra escapatoria y firma a sabiendas de que los intereses son altos. Lo difícil después, es probar esa necesidad que tenían.

El proyecto Scovenna.
En el año 2009 el diputado de la Coalición Cívica Juan Carlos Scovenna presentó un proyecto de resolución para que se investigue a las entidades financieras, una iniciativa que no tuvo el visto bueno por los diputados del Partido Justicialista y que nunca se trató en el recinto. Por entonces señaló el legislador, solo enSanta Rosa había 21 casas de crédito que ofrecían dinero a tasas altísimas. “El proyecto no dio ningún fruto porque al justicialismo en su momento no le resultó interesante y no quiso tocar el tema. Era una época en la que proliferaban las financieras”, dijo Scovenna.
El proyecto de Scovenna le pedía al Poder Ejecutivo, al Ministerio de la Producción y a la Oficina de Defensa del Consumidor que informen el listado de comercios o entidades de crédito autorizados a funcionar en nuestra provincia. También el detalle de los controles que se realizan e información acerca de denuncias y reclamos de damnificados. Finalmente reclamó campañas de difusión y de prevención para alertar a la población sobre las altas tasas de interés que se cobran por préstamos de dinero de algunas de esas entidades, y los posibles fraudes a que podrían exponerse firmando pagarés que terminan siendo trampas financieras.
-¿Por qué piensa que no se le dio importancia al proyecto?
– Yo pienso que porque tocaba a funcionarios y ex funcionarios, en ese entonces teníamos esa sospecha. Las personas que denunciaban haber sido víctimas de la usura sostenían eso. De todas formas, era algo que nosotros, los diputados, no podíamos acreditar si la Cámara de Diputados no lo investigaba por medio de la Comisión de Investigación y Reclamos Públicos. Realmente es una comisión que no funciona, no sé para qué está. Hoy cualquiera que tenga unos pesos puede poner una financiera. Los bancos tienen un control del Banco Central (BCRA) pero a las financieras no las controla nadie.

Los que rompieron el silencio
Si bien las denuncias por usura son una rareza en la Justicia Pampeana, en los últimos meses han habido casos que rompieron el silencio y denunciaron los abusos de prestamistas codiciosos. En algunos casos, para evitar sentarse en el banquillo de los acusados, los usureros tuvieron que dar marcha atrás en sus intenciones de cobrar.
En agosto del 2015 la Casa de Préstamos Provencred condonó la deuda a Mirta Gladys Domínguez para evitar la denuncia por “usura”, luego de que se determinara que la tasa de interés aplicada por la entidad crediticia al préstamo otorgado a la mujer fue de 139,84 por ciento, mientras los bancos aplican en estos momentos una tasa promedio inferior al 40 por ciento.
Según el informe que dieron a conocer los diputados Luis Solana y Martín Berhogaray, quienes impulsan el caso, “Domínguez es una clienta a la que la empresa aprovechó en una clara situación de precariedad económica y social, situación que comenzó desde que falleció su pareja, se agravó con el tiempo hasta entrar en un estado de vulnerabilidad económica y social que la llevó a tomar créditos sin analizar los pormenores”. Se comprobó sobradamente que Provencred violó el artículo 175 Bis del Código Penal.

En Pico.
En el mes de marzo, el abogado Pablo Rodríguez Salto realizó la denuncia por usura en General Pico contra de una financiera que prestó 5.000 pesos a una mujer y le requirió, pasado el tiempo, que devuelva 65.000 pesos a pagar en 36 cuotas. Por esa investigación, la Justicia piquense ordenó un allanamiento.
El letrado señaló entonces que no era la primera vez que tomaba conocimiento de situaciones de este tipo por parte de financieras, e incluso de casas que venden electrodomésticos, pero ésta es la única que llega a una causa penal.
“Será difícil revertir esta modalidad de préstamo mientras que las personas afectadas no denuncien y si no hay un control más estricto por parte de los organismos oficiales”, dijo Salto.

La usura en el Código
El delito de usura está tipificado en el Artículo 175 bis del Código Penal de La Nación y tiene una pena máxima de hasta 6 años de prisión. Dice textualmente: “El que, aprovechando la necesidad, la ligereza o la inexperiencia de una persona le hiciere dar o prometer, en cualquier forma, para sí o para otro, intereses u otras ventajas pecuniarias evidentemente desproporcionadas con su prestación, u otorgar recaudos o garantías de carácter extorsivo, será reprimido con prisión de uno a tres años y con multa de pesos tres mil a pesos treinta mil. La misma pena será aplicable al que a sabiendas adquiriere, transfiriere o hiciere valer un crédito usurario. La pena de prisión será de tres a seis años, y la multa de pesos quince mil a pesos ciento cincuenta mil, si el autor fuere prestamista o comisionista usurario profesional o habitual”.

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