Un debate con la interna de fondo

En una sesión presidida por Juan Pablo Morisoli, ante la ausencia de la vicegobernadora Norma Durango, el principal tema vinculado a Portezuelo fue considerado sobre tablas y el vernista Martín Borthiry quien se encargó de fundamentarlo. Remarcó que los mendocinos avanzan unilateralmene con la obra sobre el río Grande y que cuenta con el aval del gobierno central porque se ha facultado al Jefe de Gabinete a destinar fondos con ese fin.
Tomando como antecedente lo ocurrido con el Atuel, el legislador de la Plural anticipó los perjuicios que ese aprovechamiento significarán para La Pampa y cuestionó severamente a los representantes pampeanos en el Congreso Nacional que acompañaron "sumisa y pasivamente" con su voto el polémico artículo. En este punto, aludió a la diputada María Luz Alonso como del Partido Humanista, a Gustavo Fernández Mendía y a la senadora María Higonet, contrastando esa actitud atentatoria a los intereses pampeanos con la asumida por Carlos Verna, quien se encargó de denunciar al tratar el Presupuesto la arremetida mendocina y su oposición.
La respuesta defensiva de los legisladores objetados estuvo a cargo del camporista Luciano Di Nápoli, quien además de adelantar su voto negativo (junto al de Miguel Tanos) a la resolución en tratamiento, defendió a los diputados nacionales y a la senadora del PJ pampeano, diciendo que el artículo 64 contenía cinco obras hidroeléctricas (no solo la mendocina) y que la aprobación del Presupuesto significa un acompañamiento al proyecto nacional y popular de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Borthiry también había cuestionado que el gobierno central por no tener en cuenta a nuestra provincia en el Plan de Obras ("sólo viviendas",remarcó), que no paga las deudas y que lo que reciben los pampeanos de Nación responde a leyes o decretos que implementan la Asignación Universal por Hijos, el Procrear o el PAMI, hitos que Di Nápoli mencionó como parte de un política integral a nivel país, cuestionando al vernista de plantear una discusión interna del peronismo provincial .
El radical Martín Berhongaray sumó el voto afirmativo de su bancada al proyecto en discusión y alertó sobre los riesgos que representa la decisión mendocina de hacer Portezuelo del Viento, hizo un repaso de los proyectos de trasvase de los ríos Negro al Colorado y Grande al Atuel, como condicionantes de Portezuelo como generadora de energía y reguladora de aguas, y resaltó la necesidad de analizar la problemática integral de la cuenca del Colorado y las subcuencas que involucran otros ríos como el Salado y el Atuel.
Con el apoyo del PJ (salvo los dos kirchneristas), del Frepam y de Darío Casado (PRO), fue aprobado el proyecto que también insta a las autoridades del Ejecutivo a que hagan una vigorosa defensa de los derechos hídricos pampeanos.

Vetos.
En la sesión de ayer fueron girados a Comisión los dos vetos del Ejecutivo a sendas leyes vinculadas con los hidrocarburos. Como adelantara LA ARENA, en ambos casos (contra el aumento de Ingresos Brutos a la actividad petrolera y la declaración de zona estratégica a la Gobernador Ayala II), el trámite suscrito por el gobernador Jorge llegó fuera de término a la Legislatura, por lo que las leyes sancionadas deberán ser promulgadas sin más trámite.
Al término de la sesión, se reunió la Sala Acusadora de Juicio Político para dar ingreso a las denuncias contra los ministros González y Evangelista, efectuadas por el empresario Rosón en el marco de una larga batalla que tiene con el Ejecutivo por la mala liquidación de los servicios que le presta al Estado.

Protección telefónica
Los diputados provinciales sancionaron por unanimidad el proyecto de Ley de la frepamista Claudia Giorgis por el que nuestra provincia se adhiere a la norma nacional 26951 de "Protección de los usuarios de telefonía, creación del Registro No Llame".
Mediante esa ley, los que se sirven de esa telefonía pueden inscribirse en el registro y evitar ser involucrados en negociados de organizaciones fantasmas que, sin el consentimiento del usuario, deben soportar su costo que le cobra la empresa prestataria.
Giorgis recurrió a la justicia y logró un resarcimiento económico de la telefónica (Claro), como también que le informara las direcciones físicas de esas compañías. Con estos datos, la diputada viajó a la ciudad de Buenos Aires con la intención de entrevistar a los titulares de esas firmas, encontrándose con que muchas no existían o que actuaban fajo la fachada de "cuevas" y donde recibió respuestas evasivas de sus responsables.
La representante frepamista resaltó lo millonario de este negocio irregular, en el marco de uno de mayor magnitud como es el de las multinacionales telefónicas, que este año en la Argentina tendrán una rentabilidad que supera al monto que el país destina al pago de la deuda externa, en el orden de los siete mil millones de dólares.
Giorgis aprovechó el tema para bregar por la conformación de una empresa provincial de telefonía, con participación de las cooperativas, y citó el ejemplo uruguayo donde el Estado tiene a su cargo el servicio de telefonía (fija y por celulares) con costos inferiores y niveles tecnológicos superiores al argentino, en manos privadas.