Una maniobra que desnuda la falta de control de gestión del TdeC

ADICIONALES TRUCHOS

Los policías encargados de los adicionales se repartían entre ellos los servicios que cobraban de forma ilegal. La falta de control de gestión del TdeC permite que se cometan este tipo de maniobras.
La Fiscalía de Investigaciones Administrativas de La Pampa emitió el viernes una resolución sobre un caso que tiene a la Unidad Regional II (con centro en General Pico) en el ojo de la tormenta: el organismo identificó serias irregularidades en la distribución, asignación, ejecución y el cobro de los adicionales policiales. El caso también compromete al Tribunal de Cuentas que manifestó no haberse enterado del tema y deja al descubierto la falta de controles de gestión situación que habilita a que se cometan maniobras fraudulentas con el dinero de todos los pampeanos.
El caso llegó a manos del fiscal Carlos Carola luego de que el comisario Javier Marotti, jefe de la UR II, denunciara en la FIA las irregularidades que supuestamente cometían los cuatro encargados del sistema de adicionales en esa jurisdicción (José Castillo, Vanesa Reale, Sergio Mario Escurti y Hugo Alejandro Muñoz) y que presentara una denuncia penal ante la fiscala Ana Laura Ruffini.
La pesquisa del caso estuvo a cargo de la contadora Carolina Marrón, quién entre el 18 y el 24 de agosto pasado comprobó las anormalidades y, ante la posibilidad de que constituyan ilícito, determinó que se diera intervención a la justicia penal.

Investigación.
Lo primero que hizo la contadora Marrón en su investigación fue ir a las fuentes: los usuarios de los servicios adicionales y el personal policial que los garantizaba. A partir de distintas entrevistas, pudo identificar que el encargado de la Oficia de Adicionales URII recibió pagos en efectivo por parte de los Usuarios del Servicio Adicional y en algunos casos los depositó en la cuenta exigida con meses de demora (por Ley los usuarios deben realizar el depósito del costo del adicional 48 horas antes del servicio) y que se omitió realizar los depósitos (a la fecha del informe no pudo saberse que pasó con el dinero), que algunos usuarios afirmaron haber abonado, pero sostienen que no cuentan con los recibos correspondientes. Además detectó que a la hora de asignar servicios adicionales a determinados agentes policiales había incompatibilidades con la posibilidad física y horaria para realización.

Un gran desorden.
“En general encontré un gran desorden administrativo importante en la Unidad Regional II. Tomando como ejemplo el caso de Pico Fútbol encontré que existía como una cuenta corriente. El Club solicitaba el adicional, se cumplía y luego se liquidaba mandando un oficio donde constaba la deuda con detalle (aportare las fotocopias), luego se veía que iba la policía y lo cobraba en efectivo sin depositar la en forma inmediata posterior. En ese caso, encontré que la plata estaba abonada desde enero de 2016 y recién se deposito en agosto. Hubo otro Club Deportivo Independiente y el Viejo Galpón adujeron haberle pagado a Castillo todos los adicionales pero que no tienen recibos por la confianza que tenían con este. En el caso de IPAV se encontró adicionales realizados por policías (Reale, Castillo y Escurti) que figuraban con muchos en un día (mas de dos – la ley solo permite hasta dos). No hice el control de todos los empleados. Lo empecé a visualizar cuando vi de los informes del IPAV que se repetían los nombre”, indicó la contadora.
“Los informes adjuntados por la funcionaria muestran una evidente desprolijidad en la tramitación de los servicios de policía adicional en la Unidad Regional II (UR-II): falta de numeración de algunos expediente donde se tramitaba el pago del servicio, la certificación del agente que había realizado el servicio, la omisión de la firma del solicitante, entre otras”, versa la resolución de la FIA.

“Se tramitan sumarios”.
Los servicios adicionales que están siendo revisados fueron prestado al supermercado a Anónima; Club Independiente; Forestal Pico; IPAV-G. Pico; Club Ferro Carril Oeste; Donatto Pub; Club Deportivo Unión; El Viejo Galpón; Club de Veteranos; Pico Football; BNA-Brigada; Club Jorge Newbery; IPAV-Realicó; Ozono; Municipalidad de General Pico; Sociedad Española; Juan Ramón García; BNA-Cria. 3º y Club Ferro de Alvear.
“Se notaba claramente que efectuaban servicios determinados policías excediéndose de las horas que podían, entre ellas Vanesa Reale, Sergio Mario Escurti, Hugo Alejandro Muñoz, y el propio Castillo de acuerdo a sistema. Escurti llegó a hacer 74 servicios en un mes cuando la cantidad de hora es de 6 horas por días. Si bien se ha devuelto dinero de lo que encontramos que no estaba rendido aún falta bastante. Se que dentro de la Policía se están tramitando sumarios administrativos a Castillo y Reale”, dijo el comisario inspector Hugo Gómez, actual a jefe cargo del Servicios de Adicionales de la Unidad Regional URII.

Las resoluciones de Carola.
Luego de analizar toda la información recabada por la contadora Marrón, el fiscal Carlos Carola resolvió que la Jefatura de Policía debe informar sobre “las actuaciones administrativas labradas en relación a las irregularidades halladas en la gestión” y solicitó “si aún no se hubiera decido, la apertura de una investigación administrativa para establecer con claridad, la cantidad de servicios adicionales liquidados a José L. Castillo, Vanesa N. Reale, Sergio Mario Escurti, y Hugo Alejandro Muñoz en los últimos dos años”. Asimismo dejó en claro que se debe realizar una “presentación ante la Fiscalía Temática de Delitos Económicos de la II Circ. Judicial,” sobre “fraude a la Administración Pública”.
Por otra parte el fiscal solicitó “a la Jefatura de Policía conjuntamente con el Tribunal de Cuentas el acuerdo de un mecanismo que permita a este último llevar un registro de los servicios adicionales realizados, la fecha en que fueron cobrados y de cualquier deuda al respecto que se mantenga en los términos indicados en los considerandos y que se ponga “en conocimiento de lo actuado al Ejecutivo Provincial para que a través de los órganos naturales analice la situación advertida y, en caso de considerarlo procedente, gestione la readecuación de la normativa y procedimientos involucrados en la percepción y pago del servicio de policía adicional”.