Una encrucijada para la Justicia

Ya reiniciada la actividad judicial después de la feria de enero y con el anuncio del gobernador Oscar Mario Jorge de que irá la justicia, es posible que en los próximos días el gobierno provincial concrete la amenaza de plantear en el Superior Tribunal de Justicia la inconstitucionalidad de la ley de regalías hidrocarburíferas, que obliga a repartir entre las municipalidades y comisiones de fomento el 20 por ciento de los fondos que ingresen al Estado por ese concepto.
El mandatario ha venido blandiendo esa herramienta legal desde que el vernismo se plantó en la Legislatura, y con el respaldo del Frepam, ratificó la norma a pesar del veto del Poder Ejecutivo. ¿Hay margen para que dé marcha atrás? La única opción posible sería llegar a un acuerdo con los diputados vernistas, después de la reunión que mantuvo ayer con dos de ellos (ver aparte).
Esta no es la primera vez que el Poder Ejecutivo amaga con ir a la justicia con un planteo de esas características. Lo hizo cuando, hace algo más de tres meses, Diputados ratificó la ley de hidrocarburos. En esa oportunidad fuentes oficiales aseguraron que la Legislatura había avanzado en facultades propias del Ejecutivo cuando dispuso que le correspondía a ella autorizar los permisos de exploración, concesiones de explotación, transporte, distribución, desarrollo e industrialización, contratos de obras y servicios, prórrogas, y sus plazos. Sin embargo, el tiempo pasó y el amago quedó en la nada.
Ahora la historia se repite. Esta vez Jorge ha expresado que la incorporación al presupuesto 2013 del 20 por ciento de las regalías es inconstitucional porque viola el artículo 68, inciso 13, de la Carta Magna pampeana, que indica que la Legislatura “en ningún caso podrá votar aumentos de gastos que excedan el cálculo de recursos”.
Quienes están en la vereda de enfrente expresaron, en cambio, que “el engaño es que el gobierno dice que lo de las regalías es un gasto, cuando en realidad es un recurso”.

¿Qué hará?
Si finalmente el gobernador concreta la amenaza, y paralelamente presenta una medida cautelar para “congelar” la vigencia de la ley hasta que se resuelva la eventual inconstitucionalidad, es posible que la Justicia acepte la cautelar, aunque el gran interrogante es saber si se pronunciará por la cuestión de fondo.
Los antecedentes marcan que el Poder Judicial ha dicho que las cuestiones políticas no son judiciables. Al menos mantuvo ese criterio, en los últimos años, cuando debió emitir opinión sobre temas muy urticantes.
Lo más reciente ocurrió en 2011, luego de la intempestiva renuncia de Carlos Verna a la candidatura a gobernador por el PJ. En ese momento surgió el nombre de Jorge para reemplazarlo, y a pesar de que no tenía los avales que exige la ley, el Tribunal Electoral Provincial dio vía libre a la candidatura del actual mandatario con el argumento de que esa situación -la renuncia con la lista ya presentada- no estaba contemplada y, por ende, existía un vacío legal.
Así allanó el camino para que el congreso partidario definiera al sustituto de Verna, pese a que juristas destacados habían dejado claramente establecido que ese lugar le correspondía ocuparlo a la candidata a la vicegobernación, Norma Durango.
Mucho más allá en el tiempo, el STJ permitió en 1998 que se aprobara la reforma constitucional -que habilitó la re-reelección del gobernador Rubén Hugo Marín- al convalidar que los dos tercios de 26 diputados eran 17 votos y no 18.
El gran interrogante es qué hará ahora si le llega esta “papa caliente”. ¿Modificará esa línea de pensamiento o no? Si lo hace, beneficiará a Jorge; si mantiene el criterio histórico, le dará la espalda al gobernador…