Una interna de Sevi Trinitatis salió por orden judicial

La ex estudiante de abogacía se negó a retirarse por su propia voluntad, y después de tres horas de conversaciones, tuvo que ser trasladada por la policía. La orden fue dada por una jueza y cumplida por otra.
El caso Servi Trinitatis entregó ayer la novedad más impensada por el lado menos previsto. Una interna de 32 años fue retirada del cenáculo por la fuerza pública, a partir de una orden firmada por la jueza de la Familia y el Menor, María Cristina Baladrón, y ejecutada por su subrogante, María del Carmen García, e internada por cinco días en el Servicio de Psiquiatría del hospital Lucio Molas.
Hasta ahora, a siete meses de iniciada la causa, ninguno de los jueces que estuvo al frente de la investigación penal se había animado a dar semejante paso. Baladrón lo dio a partir de una medida autosatisfactiva que plantearon los abogados de la familia de la interna para que sea declarada inhábil. Ella ingresó a la secta en 2000 y supo cursar la carrera de abogacía.
El retiro de la mujer de la vivienda de O’Higgins 35 -donde funciona el instituto secular creado en los ’80 en España por un sacerdote franquista y habilitado aquí por el ex obispo Rinaldo Fidel Brédice- no fue sencillo. Iba a cumplirse a las 14 y terminó realizándose a las 17. En esas tres horas hubo tantas idas y vueltas que los padres de la joven, que vieron el desenlace desde la vereda de enfrente, en algún momento llegaron a pensar que García podría dar marcha atrás.
¿Por qué llegaron a pensarlo? Porque hasta el cenáculo arribaron dos abogados de peso, en representación de la interna: Alejandro Menéndez, hijo del presidente del Superior Tribunal de Justicia, Víctor Menéndez, y Gustavo Parra Morón, yerno del ex gobernador y actual senador, Rubén Hugo Marín. Ambos estuvieron un rato en la casa y terminaron yéndose en la moto del primero. Antes de irse, Menéndez, según la madre de la interna, le dijo a ella: "¿Qué hiciste por tu hija durante los últimos 10 años?".
Antes habían llegado un oficial de justicia; la abogada de la familia, Florencia Haspert (la representa junto a Juan Rodríguez Kessy); el defensor oficial subrogante, Marcos Aguerrido; y dos policías femeninas. Y, por lo que trascendió, no fueron bien recibidos por la encargada del lugar, María Angeles Bodoque Díaz, conocida como "La Gallega", quien hasta habría cuestionado la orden judicial.
La permanencia de la jueza subrogante García, en cambio, fue mucho mayor. Ella fue citada -quedó flotando la duda quién marcó su celular- para resolver una situación muy tirante, luego que la mujer se negara a salir del cenáculo por su propia voluntad después de haber dicho que sí. Incluso, en un momento, se la vio salir sola a la calle y reingresar a la casa. Y hasta pudieron observarse movimientos en la escribanía de Yolanda Martínez, que está pegada al instituto.
García trató de convencer a la integrante de la orden religiosa de todas formas, pero su intransigencia y hasta algunas contestaciones inentendibles, la llevaron a recurrir a la fuerza pública. Por eso las policías la tomaron de los brazos y la subieron a un vehículo de la Seccional Séptima (del Menor) que estaba estacionado en la puerta. La interna, con un gesto adusto, se soltó de una de ellas e ingresó al auto sin ayuda. Tenía la mirada tan abstraída, y hasta parecía de furia, que ni siquiera vio que a pocos metros estaban su madre, su padre y sus hermanos.

Una estrategia diferente.
¿Por qué la orden de sacarla del cenáculo no se cumplió dentro del expediente penal? En este punto, para explicar esa pregunta, vale hacer una breve reseña.
En mayo pasado, el abogado Omar Gebruers, en nombre de un grupo de ex internas y familiares de ellas, presentó una denuncia contra los dos curas españoles de la Catedral, Antonio Martínez Racionero y Ricardo Latorre Cañizares, por el delito de reducción a la servidumbre.
El primer juez del caso, Carlos Flores, indagó a los sacerdotes (todavía no está resuelta la situación procesal de ellos), inspeccionó el cenáculo y recopiló varios testimonios, entre ellos uno por escrito de Brédice. Pero luego, el expediente pasó a manos de la jueza Florencia Maza y prácticamente no tuvo avances. En las últimas semanas, al asumir su colega Laura Armagno como reemplazante de Flores en el Juzgado de Instrucción 3, volvió a reactivarse y hasta se ordenaron una serie de pericias psiquiátricas a los imputados.
En ese contexto, y atento al retraso de la causa, la familia cambió de estrategia y solicitó una declaración de inhabilitación a Baladrón. Así intentó "quebrar" el círculo vicioso en que parece haber caído la causa penal.
Haspert, a través de esa medida autosatisfactiva, le pidió tres cosas a Baladrón: la declaración de inhabilidad, la designación de los padres como curadores provisorios y la internación para que sea evaluada por médicos clínicos y psiquiátricos. La inhabilitación es una medida de protección a favor de quienes necesitan que una persona (léase curador) los ayude en administrar sus bienes; aunque no es lo mismo que la persona incapaz. El argumento de la familia para recurrir a Baladrón fue que M. es menor porque su voluntad está viciada.
La jueza aceptó a medias esos puntos, pero la familia -que en el expediente penal está a cargo del abogado Omar Gebruers- consiguió el objetivo principal, que era sacar a su hija del cenáculo.
¿Qué resolvió Baladrón? No inhabilitó a la joven ni nombró curadora provisoria a los padres -sino a la defensora oficial Adriana Pascual, ayer subrogada por Aguerrido-, aunque dispuso que sea trasladada a Psiquiatría del Molas para que los médicos clínicos y los forenses evalúen su estadio físico y mental.
Por ahora, la mujer permanecerá internada en el nosocomio. Con el diagnóstico definitivo en sus manos, Baladrón deberá resolver si admite o no la declaración de inhabilitación. "Si la respuesta es sí, seguramente seguiría internada; pero si es no, como es una persona mayor, no tendría restricciones para volver al cenáculo".