Varela impugnó el juicio político
Redacción 29/10/2014 - 04.48.hs
El ministro Jorge Varela se jugó la última carta, y presentó ayer un pedido de nulidad al juicio político que se le lleva adelante en la Cámara de Diputados; con lo que espera que el proceso se caiga para poder continuar en su cargo. Este diario adelantó el domingo último que el funcionario jorgista abandonaría su cargo, en caso que la Sala Acusadora decida que el proceso debe continuar en la Juzgadora. Sería un modo de descomprimir la situación, y de no exponerlo durante más de un par de meses en el banquillo como acusado, con todo lo que podría disparar su juzgamiento. En tanto la Sala Acusadora decidió fijar para el lunes a las 9 el momento en que se deberá votar si traslada las actuaciones a la Sala Juzgadora, que es la que deberá determinar si es responsable o no de lo que se le imputa, el funcionario presentó en Mesa de Entradas de la Legislatura su "pedido de nulidad". ¿Cuáles fueron los argumentos de Varela para hacer esta presentación? Culpa de Baudino. Consideró que la presidenta de la Sala Acusadora -la diputada vernista Mariana Baudino- "ha violentado el derecho de defensa en juicio y debido proceso; en clara contravención a la Constitución Nacional, los pactos internacionales de derechos humanos y las leyes provinciales referidas. A partir de ello deberá hacerse aplicación del artículo 28 de la ley de juicio político", señaló Varela en su escrito. La estrategia del funcionario parece ser cargar las responsabilidades en la presidenta de la Sala Acusadora, para poder conseguir alguna adhesión en el resto de los integrantes y conseguir así que se haga lugar a su petición. Difícil que algo cambie. Aunque podría encontrar la solidaridad de Miguel Tanos (PJ-K) y Darío Hernández (Pueblo Nuevo), pareciera difícil que el vernismo (Mariana Baudino y Juan Pablo Morisoli), y los frepamistas Martín Berhongaray y Claudia Giorgis, cedan en sus posiciones de votar por pasar todo a la Sala Juzgadora. Argumenta Varela que en las actuaciones llevadas adelante en la Sala Acusadora se le han violentado "las exigencias y garantías previstas en los tratados de derechos humanos, la Constitución Nacional, la Constitución Provincial, ley provincial 1246 -reglamentaria del Juicio Político- y Código Procesal Penal, todo lo cual ha conculcado groseramente", afirma, su derecho de defensa en juicio y el debido proceso. Argumentos para la nulidad. El ministro Varela enumera en su escrito cuatro elementos que, a su entender, tornan nulo el juicio político que se le lleva adelante. Sostiene que no se precisó "el hecho omitido según el razonamiento de la F.I.A.", lo que a su entender "violenta la garantía de defensa del derecho de defensa en juicio, ya que se desconoce el hecho atribuido del que debe defenderme". Impugnó que no tuvo asistencia letrada, al no correrse traslado al defensor oficial de las actuaciones. Agrega que no tuvo acceso "al control de la prueba, como marcan las exigencias constitucionales y procedimentales". Dice Varela que no fue notificado "de ninguna de las audiencias testimoniales que se llevaron a cabo". Finalmente apuntó que "no se labraron las actas pertinentes con las declaraciones testimoniales" como exige la ley. "Derechos de defensa" El ministro Jorge Varela brindó una rueda de prensa ayer, a las 19.15, en una oficina del Centro Cívico. A su lado estuvo el asesor legal Marcos Paz. "No se han garantizado mis reales derechos de defensa", dijo el funcionario. "Primero por la falta de configuración de un hecho -explicó-. (...) En la resolución del doctor Carola (Juan Carlos, titular de la FIA) no aparece cuál es la omisión de la cual estoy acusado". A su entender tampoco se cumplió con la obligación de proporcionarle un abogado defensor. "Yo no puse y por ley correspondía que me hubiera asistido un letrado oficial", explicó. Añadió que no se le permitió el control de pruebas, dado que no había sido notificado de las audiencias testimoniales para presenciarlas e interrogar a los testigos. Por último, agregó que no se labraron las actas de las audiencias. Marcos Paz recordó que el procedimiento de juicio político se regía supletoriamente con el Código Procesal Penal. Explicó que se reservaron el derecho de acudir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y al Superior Tribunal de Justicia (STJ). Tampoco descartó presentar un recurso de amparo. "Hacemos responsable a la presidenta (...), la diputada (Mariana) Baudino, porque la ley provincial que reglamenta el juicio político pone en cabeza de la presidenta todo lo atinente al trámite administrativo", dijo Paz. Apuntalamiento techo del megaestadio El vernismo legislativo acusó al gobernador Jorge de "hacer circo" en torno al tema megaestadio y aclaró que no se opone al apuntalamiento del techo ya construido, pero que ese costo esté a cargo de Inarco, y no de la Provincia, como propuso el mandatario. El diputado Martín Borthiry fue categórico al afirmar que no está en contra de que se haga el apuntalamiento requerido para el montaje del pesado techo del megaestadio, pero aclaró: "la plata debe ponerla la empresa Inarco y no el gobierno provincial". El legislador de la Plural dijo que ésta fue la respuesta que se le dio al gobernador Jorge cuando envió un proyecto a la Cámara de Diputados solicitando la autorización para adquirir el equipamiento, con un costo aproximado a los 40 millones de pesos, que permitiría instalar la estructura metálica de más de 900 toneladas. "En esa oportunidad no nos negamos a esa solución técnica, sí dejamos en claro que debía respetarse lo normado y suscrito por la empresa contratista, de que toda obra para terminar con el megaestadio correría por su cuenta. Es por eso que le pedimos al gobernador que vuelva a leer todo el expediente de la obra, cosa que nosotros sí hicimos". Borthiry cuestionó al mandatario provincial por el "circo" que ha montado en torno al tema y, puntualmente, a la reciente convocatoria de intendentes y organizaciones civiles para dar a conocer la visión del Ejecutivo sobre este controvertido tema. "El gobernador no tiene que manejarse con caprichos personales, tiene que hacer cumplir las leyes y si la alternativa de solución al tema pasa por el apuntalamiento, que ese costo corra por cuenta de Inarco. Si no lo enfrenta, que se le rescinda el contrato y no demos más vueltas, ni embarremos más la cancha", agregó el diputado de la Plural. También dijo que Jorge tiene un conocimiento acabado de todo lo que viene ocurriendo con el megaestadio, como que está al frente del gobierno pampeano desde 2007, año en el que debía estar concluida y que recibió en un grado de avance superior al 80 por ciento. "Por ahora no", dijo el ministro En medio de versiones que ayer lo daban como renunciante, el ministro de Obras Públicas, Jorge Varela, negó al mediodía en diálogo con LA ARENA y por la tarde en rueda de prensa que hubiera tomado tal determinación o que pudiera tomarla en el corto plazo, salvo un expreso pedido del gobernador Jorge. Cuando este diario lo consultó telefónicamente, el funcionario respondió con un rotundo "no", desechando las versiones circulantes en la víspera, que aseguraban que había comenzado a despedirse de sus colaboradores y allegados en la Casa de Gobierno. "Estoy en medio de una reunión de trabajo", sostuvo Varela, quien dijo desconocer qué puede ocurrir en caso de ser ratificada por la Sala Acusadora de Juicio Político la denuncia en su contra efectuada por el fiscal Juan Carlos Carola. De acuerdo a la normativa que rige ese tipo de juicio, en caso de ser acusado, el funcionario involucrado debe ser suspendido de sus funciones, sin percibir sus haberes. "Por ahora no", insistió el ministro, al planteársele qué actitud adoptaría si se lo acusara y si, ante esa posibilidad cierta, decidiría renunciar para evitar la Sala Juzgadora. Además, recordó los dichos al respecto del gobernador Jorge, cuando el lunes, ante intendentes y dirigentes sociales, negó la renuncia de Varela. Este diario adelantó en su edición del domingo que la dimisión era una de las posibilidades que analizaba Jorge para no exponer a su ministro a dos meses de juicio político. Ayer, a la tarde, en la rueda de prensa que ofreció junto al abogado Marcos Paz en su despacho del Ministerio, Varela afirmó que renunciará cuando se lo pida el gobernador. "Llegado el caso, el único que me puede pedir la renuncia a mí, es el gobernador. Lo otro, son rumores", sentenció. Para Rojo, "hay soluciones técnicas" El ex subsecretario de Obras Públicas del vernismo, Julio Rojo, sostuvo que "soluciones técnicas hay más de una para este techo o cualquier otro"; atribuyó toda la responsabilidad de la no conclusión del Megaestadio a Inarco "por errores de cálculo", y recordó que la empresa no obstante los asumió y "pidió la oportunidad" de construir a su costo la nueva estructura. "Sólo pidió más tiempo", repitió ante la Sala Acusadora del juicio político que se le sigue al ministro Jorge Varela. Los diputados le preguntaron por algunas expresiones que tuvo en la misma sala la arquitecta Adriana Kuntz Aza, y las calificó de "disparates", señalando que con la adjudicación de la obra "se cumplió estrictamente con lo que establece la ley". Preciso... y elusivo. Aunque por momentos fue preciso en algunas respuestas, pareció elusivo en otras, como cuando Claudia Giorgis (Frepam) le preguntó sobre una viga perimetral (de 0,75 por 1 metro). Aunque le mostraron fotos Rojo titubeó, y naturalmente dejó dudas porque no parecía muy creíble que quien estuvo en el área de Obras Públicas desconociera algunos detalles gruesos del polideportivo. Aunque hicieran 7 años que dejó la función pública. Explicó, ante algunas preguntas que "Inarco construyó el 80% de la obra sin problemas", y le erró en el cálculo del techo. Sobre si era motivo de rescisión admitió que así está planteado en la ley 38 de Obras Públicas, pero que se decidió darle a la empresa la oportunidad de enmendar su error y que termine el estadio a su propio costo. "Lo único que pidió fue tiempo", repitió. "Ni un peso más". Rojo, que es ingeniero, dijo que por el nuevo techo hubo un compromiso de Inarco: "Y no pagábamos un peso de más", aseguró. Después especuló, ante una pregunta, que "rescindir implicaba una nueva licitación. En la licitación se cumplieron estrictamente todos los pasos legales; se hizo a conciencia. La Ley de Obras Públicas exige un proyecto y no un proyecto ejecutivo, que contempla cálculos estructurales que debe realizar la empresa adjudicataria", amplió. Indicó que "el pliego licitatorio no exigía un antecedente de una obra similar en los cinco años anteriores. Sí pedía que se pidieran los antecedentes de obras que tenía cada empresa en ese lapso para tener elementos a la hora de adjudicar, sin ser un requisito excluyente. En ningún momento eso era causal de rechazo", completó. Rojo no consideró que el montaje del techo pudiera considerarse una nueva obra. Chicanas. En la reunión de ayer hubo lugar para algunas chicanas, que corrieron por parte de Darío Hernández. Primero señalando a los justicialistas, al recordarles aquellos momentos en que "ustedes eran todos kirchneristas". Los aludidos sólo sonrieron. Pero la que no se quedó callada fue Claudia Giorgis (Frepam), ante una broma de parecido tenor del mismo Hernández. Se puso seria y le contestó: "Yo estuve siempre en el mismo lugar". "Kuntz Aza falta a la verdad" Julio Rojo desmintió una a una algunas acusaciones de Adriana Kuntz Aza, quien había señalado en la Sala Acusadora que la construcción del Megaestadio era "una aberración"; y que ella nunca lo hubiera hecho así. Además acusó a Rojo de haber pretendido armar un concurso trucho para pagarle a la arquitecta honorarios que reclamaba porque entendía que el suyo era un nuevo proyecto, y no la readecuación del Boxing Club de Río Gallegos. "Sólo hizo algunos ajustes", dijo Rojo en tanto recordaba que la Justicia no le dio la razón a la arquitecta. Sobre el armado de un expediente trucho señaló que "falta a la verdad porque está afectada. No me sorprendieron sus declaraciones, es una insensatez y están en línea con lo que viene diciendo desde 2007", agregó Rojo y deslizando conque sabía que "está con ese problema" (¿). Se le preguntó a Rojo si era verdad que a la empresa Riva, en La Casa de La Pampa en Buenos Aires se le había vendido un pliego que tenía sólo 8 planos de los 46 que constituían el pliego de condiciones. "En ese tiempo Riva tenía contacto con nosotros", recordó -estaba construyendo la ciudad judicial-, "por lo que me extraña por qué (desde la empresa) habrían llamado a la arquitecta Kuntz Aza para pedir una aclaración, cuando ni siquiera figuraba en el pliego". De esa manera descartó que se hubiera dejado fuera a Riva, para beneficiar a Inarco.
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