Varela no sabe del arreglo de las empresas

El ministro de Obras Públicas de la provincia, Jorge Varela, afirmó que "no hubo ningún tipo de conversación con las empresas, salvo las preguntas técnicas que se hacen en cualquier licitación" frente al llamado para la construcción de mil nuevas viviendas sociales en La Pampa con fondos nacionales.
LA ARENA publicó que cinco empresas constructoras pampeanas estarían a punto de cerrar un acuerdo para repartirse las obras de los planes de casas sociales que el Instituto Provincial Autárquico de la Vivienda (IPAV) ofertó para este año. De acuerdo a las fuentes consultadas, el acuerdo, de cumplirse, reeditaría el que hace dos años realizó el mismo grupo de firmas que se puso de acuerdo con el guiño del gobierno para quedarse con las licitaciones de viviendas de ese período. La única diferencia sería que, esta vez, no participaría una empresa piquense relacionada a un ex pope del IPAV condenado por peculado.
Varela, al ser consultado por LA ARENA, informó que "no nos consta que ocurra eso, es una licitación pública como cualquiera, y que se hacen con las mismas condiciones y requisitos con que se han realizado otras con precios determinados y topes. Más que eso, no sabemos".
El ministro reiteró que "no hubo ningún tipo de comunicación con las empresas, salvo las preguntas técnicas que se hacen en este tipo de licitación".
Quienes defienden lo que sería un nuevo "arreglo" -desde el gobierno y desde las empresas- para la construcción de las próximas casas sociales, aseguran que de esta forma se garantiza que las empresas pampeanas sigan dando trabajo y movimiento económico a la provincia. Lo justifican además en que, de esta forma, se cierra la puerta a empresas oportunistas de afuera de La Pampa que podrían pasar un presupuesto inferior pero luego dejar "colgado" al Poder Ejecutivo con obras sin terminar o con fallas edilicias que luego saldrían más caras.
El sistema elegido para "blindar" a la provincia de empresas foráneas y garantizar contratos a las locales se usó hace dos años y es discutido internamente porque no beneficiaría por igual a todas las empresas constructoras sino solo a las más grandes discriminando a las más chicas.
En julio de 2012, LA ARENA publicó un informe que detallaba el acuerdo al que habían llegado las empresas pampeanas con el aval del gobierno para ofertar de forma tal que cada una se quedara con un paquete predeterminado de viviendas.
Aquella información nunca fue desmentida y las ofertas que cada una de las nombradas presentó luego en las licitaciones la confirmó punto por punto. Ahora se habla de un acuerdo similar en el que tres empresas se repartirían las viviendas a construirse en Santa Rosa y dos lo harían en General Pico.