Verna rescindió el contrato por incumplimiento de la empresa

El gobernador Carlos Verna rescindió ayer mediante un decreto el contrato de la construcción del hospital de alta complejidad de Santa Rosa, advirtiendo el incumplimiento de las empresas que estaban encargadas de la obra, que apenas tenían un avance del 46,57 por ciento cuando en realidad debía estar finalizada, según el plazo original, durante el mes pasado.
Según se informó desde Casa de Gobierno, el mandatario firmó el decreto 1704/16 por el que "dispuso rescindir el contrato de la obra 'Construcción Hospital de Alta Complejidad Santa Rosa' a la UTE (Unión Transitoria de Empresas) Eleprint SA, Tecma SA, Iaco Construcciones SA, por incumplimiento contractual de la contratista encuadrando su responsabilidad en el artículo 107, incisos a) y b) de la Ley de Obras Públicas".
El contrato de la obra, que fue adjudicada en febrero de 2014, ascendía a 335.437.233 pesos mientras que el plazo original de ejecución establecido era de 700 días corridos. En 2015, la UTE fue multada por 600 mil pesos por los retrasos injustificados en la obra. También obtuvo una prórroga. En la última semana, el gremio Uocra advirtió que la obra solo contaba con 30 empleados haciendo tareas de limpieza. El proyecto del hospital cuenta con una superficie de 22 mil metros cuadrados cubiertos y 180 camas de internación.

Los argumentos.
Al informar la rescisión, el gobierno planteó que "las falencias constructivas se han visto reflejadas a lo largo de toda la obra, y que sólo pudieron cumplir con los plazos estipulados contractualmente cuando el avance mensual se preveía en 3 por ciento promedio y por el contrario, cuando los planes de trabajo presentados por esa misma contratista estipularon un avance superior al 3 por ciento mensual, evidenciaron una falta de capacidad para poder cumplir con lo establecido".
La obra tenía previsto como plazo de finalización el 7 de junio pasado y al mes de mayo tenía un avance físico acumulado real del 46,57 por ciento, lo que necesariamente derivó en el incumplimiento de su ejecución en el plazo contractual convenido, por responsabilidad de la contratista. En tanto, la empresa intentó justificar su incumplimiento contractual excusando que se había producido porque las devaluaciones de enero de 2014 y de diciembre de 2015, habían producido un quebranto en la ecuación económica del contrato.
Sin embargo, el gobierno afirmó que "de la realidad contractual surge que la devaluación se produjo antes de que la obra fuera adjudicada, inclusive antes de la firma contrato de obra pública formalizado el 26 de febrero de 2014, con ello, la pretendida causal de quebranto del contrato se produjo con anterioridad a que la contratista asumiera a sabiendas y voluntariamente sus obligaciones contractuales, por lo que se desvirtúa totalmente esta hipótesis".

Curva negativa.
En las explicaciones se expresa que "inclusive, con fecha 30 de junio de 2015, se le otorgó una ampliación de plazo de 109 días corridos y se formalizó un nuevo contrato a esos fines, y en ese convenio de partes ésta no requirió y ni dejó expresada la necesidad de modificar el monto de la obra, aunque sí renunció expresamente a 'cualquier reclamo por gasto improductivo general por la tramitación de plazo contractual'".
Sobre la devaluación, se explicó que allí la firma "llevada un avance de obra del 37,84 por ciento, cuando debería haber llevado según el Plan de Trabajos Original un 87,17 por ciento. Es decir, la tendencia constructiva de la obra anterior y posterior a diciembre de 2015 no reflejó ningún cambio tras la devaluación; es más, se mantuvo la proyección negativa de curva de trabajo, del modo que se venía produciendo con anterioridad a ese hecho, situaciones todas que acreditan la responsabilidad de la empresa en el incumplimiento del contrato suscripto con el Estado Provincial".