Ziliotto pide una “licencia plena” para Empatel

EMPRESA PROVINCIAL

Las cooperativas tienen imposibilitado prestar telefonía celular como operadores de red y solo lo pueden hacer, en el mejor de los casos, como operadores virtuales. La CPE, por ejemplo, lucha desde hace tiempo para obtener la licencia.
El diputado nacional del PJ Sergio Ziliotto pidió “licencia plena” para que se constituya la Empresa Pampeana de Telecomunicaciones (Empatel) y que, de esa forma, se pueda competir con los actuales operadores “sin condicionamientos de los grupos económicos que monopolizan el mercado avalados por la normativa actual”.
El proyecto de ley de Ziliotto declara de interés nacional la participación de los estados provinciales, municipios y las cooperativas de servicios públicos como prestatarias de los servicios de telecomunicaciones de conformidad con la Ley N° 19.798 y sus modificaciones.
Además se impulsa fijar la obligación de la Autoridad de Aplicación de impedir “exclusividades o monopolios incompatibles con la soberanía, desarrollo y seguridad nacional” y de garantizar “la atribución de un segmento del espectro radioeléctrico a los estados Provinciales, municipios y cooperativas de servicios públicos para que presten servicios de telecomunicaciones”.
La propuesta parlamentaria propicia que las provincias y las cooperativas, en forma individual o asociadas entre sí, sean titulares de licencias plenas de telecomunicaciones, entre ellas la telefonía móvil, y les permita incursionar libremente “en un mercado claramente sujeto a prácticas oligopólicas”, según destacó el diputado vernista en un comunicado de prensa.
En la actualidad las cooperativas tienen imposibilitado prestar telefonía celular como operadores de red y solo lo pueden hacer, en el mejor de los casos, como operadores virtuales dependiendo de los grandes grupos económicos, que fijan tarifas y condiciones, lo que obstaculiza la libre competencia.

Bandas de Frecuencias.
Para darle operatividad a la medida propuesta se establece que el Ejecutivo Nacional otorgará las pertinentes licencias habilitantes y asignando Bandas de Frecuencias que, por imperio de la Ley 27.208 de Desarrollo de la Industria Satelital, se encuentran reservadas con un objetivo unívoco: “el Estado nacional debe intervenir para garantizar el uso eficiente de este recurso y el desarrollo de las tecnologías y capacidades nacionales para ello”, previéndose “el desarrollo de modelos de comercialización para municipalidades, cooperativas y entes de Gobierno que permitan cubrir zonas alejadas y desatendidas, así como también posibilitar un rápido y eficaz acceso a servicios móviles celulares”, como lo expresa dicha norma.
Ese mandato legal, otorgado a la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima (AR-SAT), “ha sido incumplido por el Gobierno nacional, a pesar de estar vigente desde noviembre de 2015”.
Respecto a las garantías, se plantea que la intervención de los Estados provinciales como prestadores -individual o asociado- o en carácter de garante será suficiente garantía o aval necesario para obtener los permisos y licencias.

Telefónica y Clarín
Según sus fundamentos, el Decreto 1340/16 expresa que “existe un fuerte compromiso de parte del Estado Nacional en asegurar que la convergencia tecnológica entre los servicios de comunicación audiovisual y las denominadas tecnologías de la información y las comunicaciones, posea un adecuado y homogéneo marco normativo” ya que las leyes 26.522 y 27.078 “no contemplaron elementos fundamentales de la realidad actual de la industria de los medios y las telecomunicaciones, generando distorsiones en la competencia, costos significativos para el interés general y perjuicios para los usuarios y consumidores”.
Sin embargo, advierte Ziliotto, “no logra su cometido ya que cualquier interesado en ingresar al mercado de la convergencia tecnológica vería que dicho instrumento legal es un claro impedimento para el ingreso de nuevos competidores”.
Más aún, el remanido slogan de “convergencia plena” que se concretará a partir del 1º de enero del próximo año, permitirá que tres o cuatro operadores actuales puedan “hacer de todo”, es decir que los grupos del sector de telecomunicaciones e Internet pueden prestar servicios audiovisuales y viceversa.
“Así, los grandes jugadores de las comunicaciones, como Telefónica y Clarín, mejorarán considerablemente sus condiciones de incorporar y explorar recursos públicos como el especto radioeléctrico y maximizar beneficios, profundizando la concentración económica”, afirmó.