2001, la Odisea del campo que pagamos todos los pampeanos

En plena crisis política y social, a los pampeanos se les cobró durante dos años un tributo que apuntaba a beneficiar al campo y garantizar su producción. Se trata del impuesto a los titulares de medidores de electricidad, que tuvieron que pagar $1,50, entonces 1,50 dólares (regía la Ley de Convertibilidad), para financiar las obras en la red terciaria, debido a que resultaba «imperioso» asegurar una red caminera indispensable para la próxima cosecha de granos y para el normal funcionamiento de los productores.
Corría el año 2001, y el país afrontaba una profunda crisis, que desencadenaría la rebelión popular de diciembre y el fin del mandato del presidente Fernando de la Rúa. La Pampa no era ajena a esta situación, y el por entonces gobernador, Rubén Marín, y su ministro de Economía, Ernesto Franco, peleaban con Nación por los montos adeudados de coparticipación.
Sin embargo, ese no era el único problema de la provincia. Las lluvias azotaron al territorio pampeano, ocasionando importantes desastres, tales como anegamientos de rutas, tanto nacionales como provinciales, caminos rurales e inundaciones en cascos urbanos. A su vez, por el temporal hubo suspensión de clases en algunas localidades y se registraron siniestros viales. «Las rutas pampeanas siguen muy anegadas», «ya suman 25 los evacuados en Intendente Alvear», «Aseguran que la red terciaria está ‘desastrosa'», eran algunos de los títulos de las ediciones de LA ARENA en octubre de aquel año. A este «grave» panorama, se le sumó la preocupación por los productores, que quedaron aislados por el agua.
Metileo, Intendente Alvear, Caleufú, Rolón, Riglos, Macachín, Monte Nievas y Lonquimay fueron algunas de las localidades fuertemente afectadas. «El gobierno provincial prorrogó la vigencia del estado de ‘emergencia hídrica’ en los departamentos Maracó, Trenel, Chapaleufú, Realicó, Quemú Quemú, Conhelo, Catriló», informaba este diario. Luego se amplió a otros.

La voz de los productores.
«Se agrava la situación en la zona rural» y «se multiplican los problemas en las rutas pampeanas», titulaba LA ARENA el 10 de octubre. A partir de allí, los productores empezaron a alzar la voz. Los Productores Autoconvocados comenzaron a mantener reuniones con el Ejecutivo, exigiendo que se concreten los trabajos de un proyecto que habían elaborado.
Por esos días, ante las inundaciones, la Legislatura aprobó un proyecto para autorizar al Ejecutivo a endeudarse por 15 millones de pesos para realizar obras. En tanto, con 1.350 campos inundados, los productores ya comenzaban a advertir «se perdió gran parte de la cosecha fina».
«La preocupación de los productores hoy por hoy no pasa tanto por cuándo y cómo se repararán los caminos, sino por saber cuánto esperarán los bancos. ‘Nada de cosecha record, lo que tenemos es quiebra record. Si los bancos no esperan, los remates en esta zona serán cosa de todos los días en un par de meses más'», advertía un productor en la edición del 20 de octubre.

Cortocircuitos.
Desde Provincia, se armó un Comité de Crisis para encarar la problemática de las inundaciones que afectaban al norte, sur y el oeste de La Pampa. Había 280 mil hectáreas bajo agua, de las cuales el 85 % pertenecían a los departamentos del noreste provincial y desde el Ejecutivo «confiaban en la posibilidad de alcanzar una zafra récord». Pero, el presidente de Carbap de aquel momento, consideró que los funcionarios hacían «cuentas equivocadas» y que era un análisis «poco serio». Además, señalaba que «las redes terciarias se encuentran cortadas» y que «si sigue lloviendo no se va a cosechar».
Esto planteaba un primer cortocircuito entre las partes, que luego se iba a profundizar con las acusaciones que hicieron los productores contra el Banco de La Pampa por los remates. En este punto, el titular de la Asociación Agrícola Ganadera, Jaime Murphy, acusó al banco estatal de «falta de sensibilidad» y, días después, denunció: «el BLP ya deja de ser nuestro banco».
Mientras aumentaban los pedidos de condonación de deudas, advirtiendo como contrapartida que se «condenará a los chacareros», Marín le dio una dura respuesta al campo por las críticas al BLP: «Yo no entiendo si el banco de los pampeanos tiene que no cobrar, porque la plata de los pampeanos se la llevaron. Si el objetivo es que algunos saquen créditos y no paguen, que luego el pueblo tenga que capitalizar y ellos sigan tomando créditos me parece injusto».

Crisis financiera.
Las páginas de aquellos días señalaban que la crisis financiera se agravaba y que, por estos motivos, los productores afectados comenzaron a pedir audiencias, y respuestas, al Gobierno provincial. Su reclamo fue explicitado en un petitorio, elaborado tras una reunión en Alvear, donde pidieron «declarar la emergencia o desastre agropecuario por productor y luego una solución inmediata a los problemas hídricos de mayor conflictividad» que se registran en distintos puntos. A su vez, plantearon «la urgente elaboración de un listado de prioridades para la reparación de la red terciaria», que «se concreten créditos del CFI» y «plazos prolongados de espera para el pago de impuestos inmobiliarios, ayuda bancaria según escala de productividad», entre otros.
Por su parte, el presidente de la Asociación Rural de Realicó, Sergio Toundaián, advertía que «la problemática del agua es muy grave» y precisaba que la cosecha fina estaba perdida, mientras que la gruesa estaba paralizada por completo.

Lo pagó el pueblo.
Ante la crisis, una de las primeras medidas fue adoptada por Nación. El 16 de noviembre se anunciaba que los productores inundados quedaban «eximidos del pago de impuestos». Por su lado, Marín anunciaba la «suspensión de todos los remates bancarios dentro de la provincia y la refinanciación de las deudas de los clientes de los sectores productivos que estén en categorías 3, 4, 5 y 6. La operación implica la compra por parte del Estado provincial de toda la cartera morosa del BLP por un total de 55 millones de dólares». También se ampliaba la eximición del Impuesto Inmobiliario a los productores afectados por las inundaciones.
Luego, llegó el turno de un impuesto a todos los titulares de medidores de electricidad. El Ejecutivo anunció la creación de un nuevo fondo de financiamiento del a Red Caminera Terciaria, fundamental para el sector productivo, que se iba a financiar con un nuevo impuesto. «El nuevo tributo tendrá un costo mensual de 1,50 pesos y será pagado por los titulares de medidores de electricidad», señalaba LA ARENA en su edición del 17 de noviembre de 2001.
Según la crónica, «la crítica situación del sistema caminero terciario impulsó al gobierno provincial a la creación de un nuevo tributo, que fue anunciado por el gobernador Rubén Marín. Los fondos que se recauden se destinarán en un 66 por ciento a Vialidad Provincial y el restante 34 por ciento a los municipios. En ambos casos, su destino será específico: la mejora de la red de caminos».
Los ministros explicaron en aquel entonces: «La recesión económica ha provocado una caída de la recaudación de los municipios, como también de Vialidad Provincial. En consecuencia, los dineros necesarios para atender normalmente la red caminera son insuficientes».
«La urgencia proviene de la crítica situación causada por las inundaciones, que afecta la posibilidad de mover las cosechas por los caminos», continua la crónica y retoma las advertencias de los funcionarios: «Ante la emergencia, el Estado ha realizado y está realizando obras hidráulicas que tienen por objeto mantener y preservar los cascos urbanos, su población y sus bienes, pero resulta imperioso asegurar una red caminera indispensable para la próxima cosecha de granos y para el normal funcionamiento de los productores». Estaba claro, el impuesto iba a beneficiar a un sector fuertemente afectado: el campo. Para ello, la provincia iba a tomar un crédito por $1.500.000 que sería cancelado con parte de los fondos que abonarían las cooperativas.

Gentilezas.
Si bien no es reprochable que el Estado intervenga para asistir a un sector en crisis, reflexionar en el presente sobre este aspecto es necesario. En momentos dónde se discute la necesidad de solidaridad y nuevos impuestos a los sectores más ricos, entre ellos el campo que guarda sus productos especulando con el precio del dólar, se observa una importante resistencia. Sin embargo, parece olvidarse de la historia. Cuando la crisis arrasó, fue el pueblo pampeano el que tuvo que «pagar» para salvarlo. Es momento de devolver la gentileza.

La queja de las cooperativas
El proyecto de un impuesto al medidor incluyó al sector cooperativo. «Dentro del esquema planteado, las cooperativas serán las encargadas de recaudar los fondos del impuesto en base a la cantidad de medidores que cada una de ellas declare. Esto, sin embargo las obligaría a un ejercicio financiero, ya que deberían anticipar los fondos al gobierno ante la existencia de morosos», señalaba la crónica de aquella época.
El por entonces ministro de Hacienda, Ernesto Franco, admitía que «quizás las cooperativas tengan que soportar algún pequeño financiamiento» y señalaba que «la población urbana -Santa Rosa, General Pico y General Acha- tributará en una relación de beneficio a favor de la población rural y su producción, pero este tributo se sustenta en una conducta solidaria».
Las cooperativas no tardaron en hacer oír sus quejas. «Si las cooperativas deben aguantar una carga financiera, no sé cuáles estarán en condiciones de hacerlo», advirtió el gerente de la Fepamco, René Parada. A su vez, deseó «que no hubiera pasado nada, pero también es cierto que hay una necesidad y hay que ponerle el pecho. Si no hay caminos y el agro se para, tampoco se va a mover la provincia».
Pese a su voluntad, precisó la necesidad de una reglamentación «porque no quedó claro si las cooperativas aportarán sobre lo que facturan o sobre lo que recaudan, porque hay un desfasaje muy grande que perjudicaría a las cooperativas».
Por otro lado, desde la CPE rechazaron el impuesto. «Estamos dispuestos a poner el hombro, a tributar sobre lo recaudado, pero no sobre lo facturado», señaló su presidente Oscar Nocetti y agregó: «No somos una caja recaudadora de impuestos ni una Dirección de Rentas substituta para cobrar impuestos que tienen que ver con las rutas y no con el servicio eléctrico».
«Nosotros vemos que hay una emergencia y que hay que poner el hombro, pero lo menos que solicitamos es ser consultados y no que se nos tire por la cabeza una decisión política», se quejó.
«Estaríamos dispuestos a poner el hombro y a cobrar, porque hay que dejar en claro que esto implica mayores costos para nosotros. Pese a que nos cuesta más, estaríamos dispuestos a pagar sobre el total de lo recaudado, no por el total de lo facturado», afirmó Nocetti en aquel entonces.
«Las cooperativas en general no están en condiciones financieras de enfrentar esta situación, esto es un gesto abusivo, es una actitud abusiva. Esto es un impuesto a las rutas pero le cae encima a gente de muy pocos recursos, que no tiene auto y que no utiliza las rutas, en ese sentido es injusto, tal vez hubiera sido más sensato un tributo a la venta de combustibles o a los vehículos», completó.