A dos años de la ley, las empresas pagan mal y a cuenta gotas

A 21 meses de la puesta en vigencia de la ley provincial 3.140, que le otorga la propiedad de los soportes de tendidos de energía y otros servicios públicos a las cooperativas distribuidoras de energía en todo el territorio, son la excepción las propietarias que están recibiendo por parte de «terceros prestadores», el pago correspondiente del canon por su uso y la tasa por mantenimiento.
Con las empresas multinacionales a la cabeza, pero también con una firme posición contraria a lo que dice la ley de «cableros» privados de esta provincia, hoy otra vez las cooperativas están en lucha para hacer respetar sus derechos, ahora escritos en el texto de una ley.
Un relevamiento hecho esta semana por LA ARENA permite afirmar que desde Santa Rosa y General Pico, las dos ciudades más grandes, hasta el pueblo más pequeño donde hay prestadores privados de televisión e internet, las cooperativas cobran lo que se les ocurre a esas empresas o, directamente, no han podido hacerse aún de una moneda por el uso de los soportes.

La excepción.
La Pyme Cable Imagen, con sede central en la localidad de Winifreda y llegada a varias localidades hacia el Este de ese sitio, es la única que no registra deudas y ha pagado lo que fija la ley desde el momento mismo de su sanción.
Lo confirmaron dirigentes de las cooperativas de Winifreda y Colonia Barón. En esta segunda localidad, un prestador privado de internet, Locutorio Barón, también utiliza las columnas y de inmediato se puso en contacto con la cooperativa de la localidad para abonar su obligación. «Los dos están al día, no tenemos ningún problema con ellos», destacó Pedro Ruiz, presidente de la Cosecoba.
En Winifreda, «llegamos a un acuerdo y nos está pagando. Lo actual y de a poco se irá poniendo al día con lo anterior. Siempre hemos tenido una buena relación con Luis Clara (titular de la empresa), incluso hemos compartido tendidos y una antena que es de su propiedad», destacó Hernán Camps, gerente de la Cew.
Al margen de esta discusión quedan varias localidades. Ellas, las cooperativas, ya tienen en marcha televisión e internet y no tienen competidores que utilicen las redes. Entre ellas se puede mencionar a Bernasconi, Doblas, General San Martín, Jacinto Aráuz, Trenel, Arata, Caleufú, La Maruja, Pichi Huinca, entre otras.

Bien, pero no tanto.
Cablevisión, la empresa «pulpo» en el país en materia de tele por cable e internet, resistió algo la sanción de la ley pero finalmente tanto en General Pico como en Santa Rosa comenzó a pagar el canon.
Sin embargo, esta actitud que podría marcar una tendencia y sentar precedentes definitivos, no es tan mansa como parece. En el caso de la ciudad capital, los pagos acordados, luego de alcanzados los acuerdos y verificadas las ocupaciones de las redes, son semestrales, pero nunca han sido «limpios». La empresa multinacional siempre lo hizo haciendo reserva de eventuales acciones en contra de esta ley.
Ni siquiera el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), en manos del macrismo, le dio la razón. Pero insisten. La nueva estrategia es protestar por el valor del canon que pagan.
El último pago lo hicieron cambiando la manera de calcular el monto. De acuerdo a lo estipulado, se paga en base a la tarifa que la cooperativa propietaria de las columnas cobra a sus usuarios en carácter de alumbrado público. Para la empresa del grupo Clarín, la nueva interpretación es que es la tarifa que el mayorista le cobra a la cooperativa.
Desde el Consejo de Administración de la CPE dijeron a esta redacción que el departamento de asuntos legales analiza la situación y cuando la pandemia lo permita seguramente el tema será puesto a consideración de los tribunales.
En síntesis, siguen resistiendo la norma y utilizan los elementos que le van quedando a mano, cada vez menos, para incumplir (no pagar lo que corresponde).
En General Pico sucede algo similar. Desde Corpico dijeron a este diario que Telecom está pagando las facturas pero con una cifra de alrededor del 78% del total. Aducen que «va contra el valor razonable de mercado», y se respaldan en «función de lo establecido por Enacom».

Cableros pampeanos.
Cada vez más acorralados por el avance de las telecomunicaciones en manos de la gente, a través de sus cooperativas, y lejos de los tiempos de esplendor cuando lograron expandirse y ser ellos los monopolios que dicen combatir, y además la mayoría superados por la actualización tecnológica, los cableros autóctonos son los más irrespetuosos de la ley.
En distintos grados, cooperativas de importancia como las de General Acha, Eduardo Castex, Macachín, Guatraché y Victorica, también pelean para que los privados cumplan con la ley y paguen lo que corresponde por lo que usan hace muchos años.
Si bien mantienen una gestión constante, saben que cuentan con ventajas. La ley dice que el canon y el mantenimiento corren desde el día que entró en vigencia la ley. Por lo tanto, cada día suma y cada día los deudores deben más.
Telega de Acha, que desde los tiempos del inicio de la gestión del «Vasco» Roberto Zamora para poner la TV combatió a la Cosega, es una de las que sigue intentando caminos en busca de impugnar la ley.
Ahora, con la licencia en la mano y una red de fibra óptica funcionando, la competencia que planteará la cooperativa juega un papel fundamental. Cuentan en Acha que intentan algún camino de diálogo, pero el Consejo de Administración no renunciará a percibir lo que la ley dispone, más allá de cualquier tipo de conversación que están dispuestos a tener, señalaron desde la entidad solidaria.
La Red Difusora que cubre localidades del Sudeste tampoco ha pagado, en general, a las cooperativas. La excepción es Riglos, donde está al día con la cooperativa local.
Desde Macachín, Alpachiri y Guatraché confirmaron que en casi dos años ha habido pocos contactos. Las cooperativas presentaron a APE la documentación sobre sus tendidos y han entablado tibios diálogos con la empresa que suma televisión e internet. Guatraché ya tiene licencia y red de fibra, Macachín espera la suya y también espera con fibra, mientras que Alpachiri tiene ambas cosas en sus planes inmediatos.
En Castex, lo confirmaron sus dirigentes y lo publicó LA ARENA el miércoles, Difusora Castex tampoco ha aportado y debe desde enero de 2019.

Parcialmente.
En otras localidades, el pago es parcial y siempre de acuerdo a lo que la empresa privada cree que es lo adecuado. Será tema a resolver, vía diálogo o judicial.
Los casos se dan en Luiggi, donde Cablevisión-Telecom hace un pago considerado parcial por la Copeospil. La misma empresa no ha pagado nunca desde la sanción de la ley a la Cooperativa de Electricidad de Bernardo Larroudé. «Antes de la ley nos pagaban 2.550 pesos por mes, desde la ley nada», dijo la gerenta de la entidad, Patricia Barrancos.
En Realicó, Telecom le está pagando a la Cooperativa de Electricidad un valor que alcanza «al 50% de lo que estipula la ley, así lo interpretan ellos. Estamos analizando el tema y si hace falta llegaremos a la justicia», dijo el presidente Jorge Antonelli.
En Intendente Alvear, donde la empresa local y la Coseria acordaron un pago único que comprende uso y mantenimiento. «Es un importe único y mensual», definieron en la cooperativa.
Por último, otra empresa regional, Cable Digital, ha empezado a revertir la situación de cumplimiento con la Cooperativa de Electricidad de Victorica y sus interconectadas Telén, Carro Quemado, Luan Toro y Loventuel. El presidente Jorge Díaz confirmó que la empresa de la familia Matzkin está meses atrasada con el último pago.
Esta empresa dejó el servicio en Maisonnave luego de hacer caso omiso a los reclamos de la cooperativa de Realicó, propietaria allí de las columnas. Se fue sin pagar, informaron.
Pocos días atrás, vía Zoom, la plana mayor del Enacom mantuvo un encuentro con cooperativas y empresas privadas. Allí se abordaron muchos temas y los cableros se mostraron particularmente interesados en los Aportes No Reintegrables (ANR). David Matzkin, cabeza visible de Cable Digital, con presencia en La Pampa, Córdoba y San Luis, volvió a reclamar contra la ley 3.140. Dijo también en esa oportunidad que la decisión de abandonar el servicio en Maisonnave se debió a que los números dejaron de cerrar al reclamársele el pago del canon. «Era imposible para sostenerlo por solo 20 usuarios», indicó.
Tal vez esa última definición del empresario sirva para graficar lo que siempre se pregona. A las empresas privadas no les interesan poblaciones pequeñas, no son rentables. Ahí sólo llegan las cooperativas y el Estado que son, vaya casualidad, quienes han plantado todas y cada una de las columnas que esas mismas empresas pretenden usar y usan gratis en lugares donde el servicio es rentable. ¿Se entiende?