miércoles, 20 noviembre 2019
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Ahora Mendoza también quiere hacer demanda

Mendoza fue una de las provincias que no accionó contra la Nación por los decretos que bajaron las alícuotas del IVA y del Impuesto a las Ganancias, medida que afecta directamente las arcas provinciales. Ahora, el fiscal de Estado de esa provincia, Fernando Simón, pidió por segunda vez autorización al gobernador Alfredo Cornejo para hacer su propia demanda, según informó el portal Mendoza On Line y otros medios de comunicación.
La sentencia de la Corte, aunque de forma y no de fondo, significó un logro de las provincias frente a una medida inconsulta de Nación que le retraía fondos de su masa coparticipable. Para Mendoza no es un dato menor, pues está afectada por las dos medidas más importantes: la reducción del IVA y el Impuesto a las Ganancias y también el congelamiento del precio de los combustibles y el valor al que se liquida el petróleo.

Pedido reiterado.
El fiscal de Estado Fernando Simón envió una nota a los pocos días de conocida la medida. Pero esta semana reiteró el pedido para que el Gobierno analice demandar al gobierno nacional. En ese sentido, realizan un cálculo de los perjuicios que ocasiona a Mendoza la reducción de impuestos.
El pedido de Fiscalía apunta a evaluar cómo impacta la reducción del IVA a un grupo de productos. Vale recordar que ese impuesto es coparticipable y que haberle sacado la alícuota del 21% a los consumidores finales significa una reducción de la recaudación. En la misma nota también piden evaluar el impacto sobre la recaudación de las regalías petroleras, que son el principal ingreso no tributario de la provincia.
«Dichas normas pueden resultar de dudosa constitucionalidad», explicaron desde Fiscalía de Estado. Para ello, analizan las alternativas legales que existen para interponer acciones judiciales.
Hay un antecedente importante. La Nación quitó el fondo solidario que se había constituido con las retenciones a la soja. Allí también se generó un perjuicio a las provincias. Desde Fiscalía de Estado aseguran que está comprobado el daño que ocasionó a la Provincia. Para ello citan informes elaborados por el propio Gobierno. Por eso, incluso, también analizar presentar una demanda por ese tema.