Allanan a dos de cinco CF denunciadas

FACTURAS APOCRIFAS: COSTOYA CADA VEZ MAS COMPLICADO

Las comisiones de fomento (CF) de Limay Mahuida, Chacharramendi, Colonia Santa María, Relmo y Adolfo Van Praet se sumaron a otras cinco ya denunciadas por el Tribunal de Cuentas de la provincia, acusados sus principales funcionarios de presentar facturas apócrifas para justificar gastos de gestión.
Mientras las dos primeras ya fueron allanadas, en operativos dispuestos por la fiscalía general que conduce Guillermo Sancho, las otras tres aún no han sido notificadas ni objeto de procedimiento alguno.
Además, la Justicia amplió la acusación sobre la CF de Unanue. Ante la aparición de más documentación, Manuel María Costoya fue formalizado el viernes, mientras que un día antes compareció en Tribunales y fue formalizado Roberto Kronemberger, presidente de la CF de Perú.
Frente a recursos presentados por sus defensores, no se concretó la formalización a Hugo Colado, titular de la comisión de fomento de La Reforma. La fiscalía aceptó que la causa pase a jurisdicción de los tribunales de General Acha. Algo similar sucedió con el caso de la CF de Rucanelo, cuyo titular Pablo Lázaro es investigado ahora por la jurisdicción de Victorica. La nómina inicial se completa con Hugo Martínez, de Loventuel, a quién se le reclama 5,2 millones de pesos, la cifra más abultada.
Si bien no se conocieron con exactitud todos los montos reclamados, o facturados de forma supuestamente ilegal, la CF de Loventuel presidida por el peronista Hugo Martínez es la más comprometida con 5,2 millones por justificar. Con la ampliación de la denuncia, muy cerca quedó Unanue con 4,7 millones.
La nueva tanda de acusados la componen Angel Gutiérrez, de Limay Mahuida, Ariel Mauna de Chacharramendi, Serafín Eberhardt de Colonia Santa María, Néstor González de Relmo y Mario Marcelo Vicente de Adolfo Van Praet, los tres primeros del Partido Justicialista y los dos restantes de la UCR-Frepam.
En estos casos, si bien no se precisaron los montos pudo conocerse que a Gutiérrez y Mauna y sus funcionarios se le reclaman sumas importantes, mientras que en los tres casos restantes las cuestionadas como “truchas” son una o dos facturas.

Los justos y los pecadores.
Fue total el hermetismo en los últimos días, tanto en el Tribunal de Cuentas denunciante como en los ámbitos judiciales donde comenzaron a tramitarse las acusaciones. Sin embargo, el tema fue motivo incluso de algunas consecuencias en el ámbito gubernamental desde donde salieron algunas medidas supuestamente relacionadas con el tema, también todo rodeado de un importante cerrojo informativo.
En el transcurso de la semana, una alta fuente del gobierno de Carlos Verna dijo a LA ARENA que “algunos de los casos son indefendibles, los montos lo certifican, pero estamos seguros de que en otros lo que puede haber son errores administrativos pero nunca intención de robar. Conocemos bien a cada uno…” y sostuvo que “si el Tribunal encuentra irregularidades está bien que lo denuncie, cada uno sabrá como defenderse pero estamos seguros de que acá están pagando justos por pecadores”.
María Alejandra Mac Allister, presidenta del TdeC, se negó sistemáticamente a brindar detalles, escudada en el argumento del respeto a la Justicia y sus tiempos. “No quiero interferir ni provocar que fracasen medidas procesales dando a conocer los nombres y los montos”, sostuvo y prometió detalles una vez que desde el Poder Judicial se dieran a conocer los nombres de los denunciados.
Consultada por este diario, la funcionaria negó que haya mal trato de parte de los trabajadores encargados del control, dijo también que “no es una tarea fácil, hasta nos han puesto un arma sobre la mesa” y también defendió su tarea indicando que “sabemos cuando se puede pasar una factura prestada para pagar un servicio de alguien que necesita y no está inscripto, pero lo que no podemos aceptar es el robo de identidad, el uso del cuit o datos de otras personas y truchar las facturas”. Contó que “hemos recibido gente que ha venido llorando a decirnos que los han involucrado y causado mucho daño”.
Pidió “paciencia, ya se van a enterar los montos y las razones y después nos podrán decir si las denuncias están o no bien hechas” y una vez más defendió su independencia partidaria indicando que “cuando conozcan los nombres verán que no hay una cuestión partidaria, controlamos a todos por igual y si vemos irregularidades vamos a la Justicia y allí se podrán defender”.

Un camión con piedras.
“Es probable que estemos en la nueva lista”, sostuvo el presidente de la CF de Colonia Santa María, Serafín Eberhardt, la ser consultado sobre el tema antes de conocerse desde la Justicia los nombres de las acusadas por el Tribunal de Cuentas.
El funcionario ya había anticipado a este diario, un par de meses atrás, que había sido observado por el TdeC, incluso multado, por una factura que tenía la CAI vencida. “La verdad es que aproveché una situación, compré una carga de piedra muy barata y la factura tenía ese problema”, dijo. Relató que “entró al pueblo un camión cargado con ese material con un problema mecánico, se lo solucioné parcialmente y como estaba muy cargado le ofrecí comprar la carga a un precio conveniente para nosotros. Cuando quisimos ubicarlo para cambiar la boleta y salvar el error nos fue imposible, estaba de paso”.
“Me pasó por rata”, sostuvo en forma elocuente. “Fuimos observados, estuve en el Tribunal para aclarar el tema y pagué la multa, pero puede ser que por este tema estemos en la nueva nómina, no me extrañaría”, dijo Eberhart que, como otros funcionarios se quejó de la falta de sentido común del TdeC.
“Acá solucionamos problemas a le gente todo el tiempo. Por ejemplo compramos materiales de construcción y evitamos que los que lo necesitan deban ir a otros pueblos y pagar mucho más. Me dicen que no puedo hacer eso y deben tener razón, pero no voy a inscribir a la comuna como vendedora de materiales, lo hago sólo para hacerle fácil las cosas a la gente”.
Indicó que “no se que pasará, pero estoy tranquilo con lo que hacemos con el dinero público. Mi familia pone el grito en el cielo, me dicen que voy a salir en los diarios pero los que estamos en los pequeños pueblos sabemos cómo son las cosas en realidad, por lo tanto paciencia”, cerró.

Nos tratan como a delincuentes”.
“Desde hace más o menos un año nos controlan y nos tratan como si fuéramos delincuentes”, dijo a LA ARENA amargamente, el secretario-tesorero de una CF administrada por la UCR y sostuvo que “no tienen idea de cómo es la cosa en los pequeños pueblos”.
El interlocutor indicó que “ya no podemos dar una changa a gente que está sin trabajo, el TdeC nos obliga a que esa gente que no tiene para comer nos de una factura”. Añadió que “en las comisiones de fomento no tenemos ni el personal ni la idoneidad para hacer las cosas que nos piden. Primero deberían darnos las herramientas y después sancionarnos”.
Indicó que “hemos ido a hablar con las autoridades del Tribunal, nos han atendido muy bien pero los relatores nos siguen hostigando e incluso nos han sancionado mal, equivocándose ellos y debieron disculparse”. En ese sentido recordó “una boleta observada por CAI vencida. Conseguimos con el proveedor la copia (el original lo retuvo en el expediente el TdeC) y el error fue de ellos. Se disculparon, pero a nosotros nos costó tiempo y dinero el trámite de conseguir la copia”.
“Ya le hemos explicado cómo funcionan algunas cosas, pero nunca nadie vino al pueblo, lo manejan todo desde Santa Rosa”, continuó y reveló que “para cobrar una changa de 300 ó 400 pesos la gente tiene que conseguir una factura prestada. Eso es TdeC lo sabe porque se lo hemos dicho, pero lo prefieren así”.
“Desde hace unos meses vivimos con sobresaltos, hostigados y con miedo porque no sabemos en qué momento nos van a sancionar, incluso por algo injusto como ya nos pasó y nos publicaron en el boletín oficial y los medios. Después, cuando se disculparon, no volvió a salir la noticia”, se quejó y anunció que “a pesar de que estamos seguros de tener todo como piden no nos sorprendería que nos hayan denunciado”.