Antenas: la CPE pide “suspender” la ordenanza

LA NORMA "PERJUDICA EL PROYECTO TELECOMUNICACIONAL" DE LA COOPERATIVA

El Concejo Deliberante de Santa Rosa aprobó la modificación de una ordenanza para permitir al gobierno local firmar convenios con empresas de servicio que pretendan instalar estructuras de soportes de antenas y equipos de comunicación en la ciudad. La situación abrió una fuerte polémica entre el municipio y la Cooperativa Popular de Electricidad (CPE).
El presidente de la cooperativa, Alfredo Carrascal, se quejó porque la entidad solidaria no fue consultada y se mostró “preocupado” por “las consecuencias actuales y futuras sobre nuestro proyecto de telecomunicaciones”. Planteó sospechas y advirtió que “Telecom y Clarín podrían estar detrás de esto”.
Además, manifestó que la ordenanza fue “impulsada” por una firma privada, según trascendió en los medios, y remarcó que “se está cediendo espacio público a empresas que son prestadoras actuales sin considerar los reparos para cuando nosotros tengamos que prestar el servicio” de telecomunicaciones.
Ante esta situación, la CPE pidió una audiencia “urgente” con el intendente Leandro Altolaguirre, que abre así un nuevo frente de conflicto en su gestión municipal. “Queremos agotar la vía institucional porque creemos que hay desconocimiento. Por ahora no consideramos una presentación judicial, pero tampoco la descartamos”, añadió.
Para Carrascal, en principio, el Departamento Ejecutivo debe “suspender, postergar la aplicación de la ordenanza y recabar información sobre los espacios disponibles” para instalar las antenas y “tener en cuenta las necesidades de la cooperativa, que en definitiva también afecta los intereses de los vecinos santarroseños”.
Dijo que “no puede ser” que “una decisión de este tipo se tome solamente para recaudar” como planteó el intendente ante la prensa. “Se está abriendo la oportunidad a las prestadoras actuales, dejándonos atrás a nosotros”, siguió.
La CPE tiene desde hace años un proyecto de telecomunicaciones que incluye el servicio de telefonía móvil. Por ahora, la entidad continúa avanzando con “la certeza de ser operador móvil virtual” con expectativas que “se abran las frecuencias”.

Cuestión de recaudar.
El intendente Altolaguirre afirmó que la ordenanza “generó más ruido que otra cosa” y surgió “porque hay muchas antenas en la ciudad que no están tributando al municipio por el uso del espacio aéreo y señales”, y por los proyecto que se plantearon para colocar nuevas estructuras.
Manifestó que “son antenas para 4G” y advirtió que “en muchas terrazas de edificios, hay instaladas antenas sin tributar”. Además, destacó que las empresas deberán cumplir con las normas de seguridad y los estudios de impacto ambiental en cada intervención para instalar las estructuras en terrenos municipales.
Ante las críticas opositoras sobre la celeridad en la aprobación de la ordenanza, señaló que “se venía debatiendo hace bastante” y sobre el concejal Miguel Bravo (UCR-Cambiemos, ex aliado al oficialismo), que rechazó la normativa, dijo: “No es una de las personas que más participó en los debates en el Concejo”.
En varios pasajes del diálogo con la prensa, el intendente se encargó de destacar que se trata de una cuestión recaudatoria. “La ciudad está sembrada de antenas que no están tributando”, remarcó. También dijo que se debe cumplir en las instalaciones con las normas del Enacom y rechazó que se abra la puerta a una avanzada de empresas multinacionales.
– El presidente de la CPE dijo que detrás de esto está Telecom y Clarín.
– Hay muchísimas empresas que no tienen nada que ver con las empresas de telefonía que andan hoy en el país, son distintos proveedores, como hay distintos proveedores de TV, de Wi Fi y telefonía. Lo que se hizo es un marco para que si quieren venir puedan hacerlo pero en un alquiler con el Estado, con lo cual vamos a recaudar fondos en un momento de arcas flacas.

Un convenio por 15 mil pesos mensuales
A partir de la modificación de la ordenanza 2592, la comuna podrá firmar convenios de arrendamiento con cualquier empresa de servicio que quiera instalar antenas en plazas o espacios públicos. Se establece que “el espacio a considerar deberá tener como mínimo 8 mil metros cuadrados y la porción a arrendar no podrá superar el 2% de la superficie total”.
Además, se determina que quien instale las antenas deberá hacer obras de mejoramiento para disminuir el impacto visual -y aislar el lugar-, prestar el servicio gratuito de Internet inalámbrico, realizar el mantenimiento del lugar y tendrán a su cargo la instalación y pago de la iluminación.
Las empresas deberán abonar un arancel mensual por cada metro cuadrado utilizado, y se fijó el valor de cada unidad fiscal (UF) en un litro de nafta especial. Se calcula que -de acuerdo al terreno a utilizarse- deberían abonar unos 15.000 pesos mensuales, una cifra poco considerable en el afán por recaudar de la comuna.

“No vale la pena”
El concejal Miguel Bravo cuestionó duramente al intendente Leandro Altolaguirre por la aprobación de la ordenanza y señaló que “no vale la pena” el monto a recaudar por la instalación de las antenas. “No hay una necesidad concreta”, dijo. Advirtió que el tratamiento de la normativa “fue apresurado, por eso voté en contra” y sobre los problemas de salud que pueden generar las antenas para los vecinos, agregó: “Yo no me arriesgo”.

Una preocupación en el gobierno provincial
La ordenanza aprobada el jueves sobre tablas -con indisimulada premura del oficialismo en la Municipalidad de Santa Rosa-, y simultáneamente una incomprensible o no tanto complicidad de los concejales del PJ, llamó la atención y causó preocupación en el gobierno provincial.
Los ediles justicialistas -empezando por el titular del bloque, Araldo Eleno- no habrían consultado para levantar sus manos ni al partido, ni tampoco a autoridades provinciales que podrían haberlos ilustrado sobre la cuestión que se empezaba a gestar.
Pero en pocas horas el justicialismo en el Concejo cambió de opinión. Como lo hizo el propio Eleno que el día previo a la sesión había dicho que “no hay apuro”, y que se podía esperar para sancionar la norma. Naturalmente a la luz de cómo se produjeron los acontecimientos queda margen para la sospecha.
¿Ingenuidad, desconocimiento, o algún otro extraño e inconfesable motivo para actuar de manera muy distinta a lo que se afirmaba apenas unas horas antes?

Asombro en el gobierno.
Lo cierto es que en el gobierno provincial -incluyendo al propio gobernador Carlos Verna- no salen del asombro por una ordenanza amañada de modo tal que lo único que haría es contribuir a intereses que no son los de los pampeanos. Esto es abrirle nuevamente la puerta a empresas monopólicas que ya sabemos muy bien cómo actuaron, cuando podían cobrar sus servicios sin límites ante la falta de competencia. No sólo que las empresas de televisión por cable actuaban en un contexto donde no tenían competencia, sino que además se arrogaban el derecho de utilizar el espacio aéreo sin pagar canon alguno. Y por si faltara algo se puede agregar que cuando la Justicia les ordenó taxativamente que bajaran su cableado de las columnas de la CPE de Santa Rosa lo ignoraron casi desdeñosamente.

Una pelea que sigue.
La norma sancionada -que no debiera promulgarse-, vuelve a colocar a la cooperativa santarroseña -que tramita hace mucho tiempo el servicio de telefonía móvil, y aún espera- en inferioridad de condiciones.
No desconfiar que las grandes empresas (¿Telecom, Clarín?) están detrás de esta movida suena por lo menos a ingenuidad, inexperiencia y/o falta de conocimientos de la cosa pública que no puede menos que alarmar.
La preocupación expresada por funcionarios de la Provincia es por lo que supone la apertura sin restricciones al espacio público de antenas de cualquier naturaleza, sobre todo telefonía móvil. Una movida que, por cierto, no va a beneficiar -como se pretende presentarlo- a los vecinos de la ciudad.
Así vistas las cosas, una pelea que continúa.