Aplican sanción a una cadena

OTRA SENTENCIA A FAVOR DE LOS CONSUMIDORES

El juez en lo civil de primera instancia, Abel Argüello, hizo lugar parcialmente a la demanda por incumplimiento de contrato entablada por una usuaria contra la firma Frávega Saciei y condenó a la empresa a entregarle una computadora “nueva, de iguales o similares características a la oportunamente adquirida, más la suma de 28.000 pesos en concepto de daños y perjuicios”. La resolución se fundamentó en la ley 24.240 de Defensa del Consumidor, no está firme y fue recurrida ante la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería.
De acuerdo a lo informado ayer por la Justicia, la mujer demandó a esa empresa porque oportunamente compró, en la sucursal de esta capital, una computadora marca Admiral en 7.778 pesos, y antes de las dos semanas dejó de funcionar. Cuando fue a reclamar, le dijeron “que debía acudir al servicio técnico Total Service y que allí se harían cargo de la reparación”. La consumidora fue allí, donde le extendieron una orden de servicio, pero como transcurría el tiempo y no podía recuperar la computadora -“cansada de efectuar reclamos verbales”, dijo en el escrito-, concurrió a Defensa del Consumidor.
El organismo público, luego que Frávega, Total Service y Admiral no acudieran a las audiencias, le aplicó a la primera una sanción económica de 30.000 pesos por haber incurrido en conductas ilícitas por incumplimientos de la Ley de Defensa del Consumidor.

Cartas documento.
La damnificada, previo de iniciar la demanda civil, envió cartas documentos a Frávega y a Total Service, reclamando la restitución de la computadora y el pago de 10 mil pesos por daños y perjuicios, y la firma accionada tampoco respondió. Por ello demandó a Frávega, al entender que existió un “supuesto proceder delictivo”, ya que esa conducta “implicó una estafa hacia sus derechos y a la buena fe que debe imperar en toda transacción contractual”; mostrando la empresa “un desinterés manifiesto e injustificado”.
El reclamo por daños y perjuicios -la mujer había solicitado 50.000 pesos- estuvo fundado en tres aspectos: “falta de trato digno y equitativo como consumidor”; “carencia de dicho elemento para la educación de sus hijos en edad escolar”, y “desvalorización de la compra atento el proceso inflacionario de nuestro país.