Atuel: ministro pro-Mendoza preside ahora la Corte Suprema

MALO PARA LA PAMPA

El nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Carlos Rosenkrantz, tuvo una disidencia parcial con el dictamen de mayoría en la resolución que emitió ese órgano en diciembre del año pasado, cuando ordenó a La Pampa, Mendoza y la Nación acordar un caudal ambiental del río Atuel y un plan de obras en su cuenca. Su fallo sintonizó la posición de la provincia de Mendoza: dijo que La Pampa no había demostrado efectivamente el daño ambiental causado por el corte del río Atuel y que “se debe evitar socavar el entramado social y económico que ha tenido lugar al amparo de la decisión anterior de la Corte pues no deben destruirse bienes de costoso reemplazo”, frase que podría interpretase como un respaldo a las miles de hectáreas desarrolladas por Mendoza con el agua que no compartió.
El 1 de diciembre de 2017 se conoció la resolución tomada por la Corte Suprema frente al juicio presentado por La Pampa en mayo de 2014 contra la provincia de Mendoza por el daño ambiental causado en gran parte de su territorio por el uso unilateral y abusivo del río Atuel. Aquel día se conoció una resolución que respaldaba en gran parte el planteo pampeano y que llevaba la firma de cuatro de los cinco jueces de la Corte Suprema argentina: Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosati. Era un fallo superador y muy bien fundado que prometía abrir una nueva etapa en el conflicto por el río interprovincial, promesa que hasta ahora no ha cristalizado por los constantes embates de la provincia de Mendoza.
En disidencia parcial votó el juez Carlos Rosenkrantz. Fue el único que lo hizo de este modo. Si bien al ser su posición minoritaria, no tiene efecto legal, sirve para conocer su pensamiento y anticipar que el escenario para La Pampa en la pelea judicial por el Atuel y otros ríos interprovinciales, no es el más auspicioso.

Costosos bienes.
En su disidencia, el ministro Rosenkrantz votó por el rechazo de la excepción de cosa juzgada opuesta por la provincia de Mendoza. Consideró que este caso se trata de una controversia diferente a la ya decidido la Corte Suprema en el fallo del año 1987 -cuando dictaminó que el río es interprovincial pero favoreció a Mendoza otorgándole derechos de riego por 75.000 hectáreas- pero aclaró que “cualquier medida que se tome en este proceso, debe evitar socavar el entramado social y económico que ha tenido lugar al amparo de la decisión anterior de la Corte pues no deben destruirse bienes de costoso reemplazo de los que depende el bienestar de las poblaciones de las provincias involucradas”, detalló el Centro de Información Judicial en el parte de prensa que produjo aquel 1 de diciembre. La reflexión parece un respaldo a los 30 años de apropiación del río que Mendoza consumó desde 1987 en adelante.
Rosenkrantz consideró “inapropiado considerar el conflicto como relacionado con los derechos sobre las aguas del río Atuel”, como pretendía simplificarlo Mendoza, sino que este segundo juicio “se trata de una problemática ambiental de mayor complejidad y alcance”.
Fue crítico con la prueba aportada por La Pampa para mostrar ese daño. Sostuvo que en el caso “no se ha producido todavía prueba sobre las cuestiones de hecho alegadas por las partes por lo que es prematuro adoptar medidas que, para ser justas y eficaces, requieren mayor información sobre la naturaleza, extensión y causas de los daños ambientales invocados por la provincia de La Pampa”, detalló el CIJ.
No obstante estimó que la oportunidad era propicia para, mediante una decisión ordenatoria, impulsar la búsqueda de un acuerdo entre las provincias de La Pampa y Mendoza que pusiera fin al conflicto que las separa. Con tal propósito dispuso que las partes elaboren un plan que permita superar las diferencias vinculadas con la recomposición del ecosistema del noroeste de la provincia de La Pampa de acuerdo y en conjunto con el Estado Nacional.

No a la CIAI.
A diferencia de Lorenzetti, Highton, Maqueda y Rosati, el juez Rosenkrantz no validó la Comisión Interprovincial del Atuel Inferior como el ámbito propicio para debatir el uso compartido del río. Sugirió que son las partes deberían elegir el ámbito apropiado de discusión y les dio libertad para elegir la institución en la cual hacerlo.
En su voto el juez Rosenkrantz estableció que las partes debían compartir los costos que devengaran la elaboración y ejecución del plan de solución del conflicto. Como pautas a tomar en cuenta para establecer el modo justo en que dichos costos deben distribuirse mencionó: 1) el beneficio que cada una de las jurisdicciones obtiene en sus bienes o en los bienes de los particulares radicados en su territorio por la ejecución del plan; 2) los perjuicios a esos mismos bienes; 3) los beneficios derivados del mayor desarrollo económico que pueda verificarse en las respectivas economías por la ejecución del plan; y 4) el hecho de que el ambiente sano es un bien que debe ser garantizado a todos los argentinos y no solamente a los habitantes de las provincias afectadas.
Por último, el magistrado sostuvo que su decisión se fundaba en el entendimiento de que frente a la necesidad de dar respuesta a un problema ambiental compartido, todos los involucrados deben contribuir.

Lorenzetti deja la presidencia
El juez de la Corte Suprema de Justicia Ricardo Lorenzetti dejará la presidencia del máximo tribunal del país tras once años en el cargo y será reemplazado por el magistrado Carlos Rosenkrantz a partir del próximo 1 de octubre.
Tras el cambio en la presidencia, la actual vicepresidenta Elena Highton de Nolasco seguirá en el puesto y Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti serán vocales durante los próximos tres años.
La votación que por 4 a 1 eligió a Rosenkrantz como nuevo presidente se conoció el martes tras la reunión habitual de la Corte Suprema, que se extendió por unas cuatro horas y de la que participaron los cinco miembros.
El alto tribunal informó que durante la reunión se decidió adelantar el comienzo del nuevo mandato del presidente al 1 de octubre, ya que la gestión de Lorenzetti vencía el 31 de diciembre próximo, sin dar detalles de las razones de esa medida.
A través del Centro de Información Judicial (CIJ), la Corte explicó que “previo intercambio de ideas” se procedió a votar y en ese marco, Highton propuso a Rosenkrantz como presidente y él la postuló a ella como vicepresidenta.
“El doctor Rosenkrantz adhiere a la propuesta efectuada por la doctora Highton y la doctora Highton adhiere a la propuesta efectuada por el doctor Rosenkrantz. El doctor Rosatti y el doctor Lorenzetti adhieren a las propuestas. El doctor Maqueda propone al doctor Lorenzetti como Presidente y a Highton como Vicepresidenta del Tribunal, respectivamente”, explicó la acordada.
Tras la votación, se designaron a las nuevas autoridades “con mandato a partir del día 1 de octubre del corriente año y por el plazo de 3 tres años, el que expirará el 30 de septiembre de 2021 al doctor Rosenkrantz y a la doctora Highton, respectivamente”, agregó la Corte.

Currículum.
Con este cambio de presidente y vice, la Corte adoptaría un camino menos político, teniendo en cuenta que Lorenzetti tuvo un alto perfil en los últimos once años, con enfrentamientos con el kirchnerismo y sonoras discusiones con la dirigente de Cambiemos Elisa Carrió, que lo denunció en varias oportunidades.
El actual titular del máximo tribunal, de 62 años, es abogado egresado de la Universidad Nacional del Litoral y doctor en Ciencias Jurídicas y sociales.
Ingresó a la Corte Suprema el 12 de diciembre de 2004, propuesto por el entonces presidente Néstor Kirchner, y el 7 de noviembre de 2007 asumió la presidencia del tribunal.
En febrero de este año, Lorenzetti presentó su plan de reformas y modernización del Poder Judicial, luego de situaciones de tensión con el gobierno del presidente Mauricio Macri.
En tanto, Rosenkrantz ingresó al cuerpo el 22 de agosto de 2016, tras ser propuesto por Macri y avalado por el Senado.
De 59 años, es un abogado recibido con honores en la UBA, con un magister y un doctorado en Derecho de la Universidad de Yale, que al entrar al alto tribunal se convirtió en el primer ministro de la Corte Suprema de origen judío de la historia argentina. Ahora estará a cargo del funcionamiento del cuerpo y del presupuesto del Poder Judicial.

Carrió.
La diputada nacional y líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, celebró la salida de Ricardo Lorenzetti de la presidencia de la Corte Suprema de Justicia y consideró que se “terminó la impunidad y la extorsión”.
“Esto es un milagro, terminó la impunidad y la extorsión”, destacó la legisladora del oficialismo, que mantiene un enfrentamiento con el juez de la Corte, a quien denunció en varias oportunidades.
Tras conocerse la noticia de la salida de Lorenzetti de la presidencia del máximo tribunal del país, Carrió recordó: “Yo lo vengo denunciando desde el gobierno de Cambiemos y desde antes, desde hacía 10 años”. (NA)