"Buscan impacto mediático"

"El Gobierno Nacional intenta instalar temas de campaña y olvidarse de los descalabros económicos que vienen empujando a la clase trabajadora argentina por debajo de la línea de pobreza", cuestionó el senador nacional Daniel Lovera, quien además criticó los últimos Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) que firmó el presidente Mauricio Macri. "Son casos a trabajar de inmediato porque representan una vulneración a los derechos republicanos", apuntó el legislador pampeano.
En las últimas semanas se dieron a conocer tres DNU que motivaron criticas y repudios en un amplio abanico de la sociedad: las auditorías a las universidades nacionales públicas por parte de la Sigen, la extinción de dominio y el abordaje oficial sobre la Ley Corta de Telecomunicaciones. Consultado acerca del impacto institucional de estas tres medidas, el senador nacional analizó las consecuencias inmediatas.
En ese sentido, Lovera calificó como "prácticas contra natura" los DNU impulsados desde Nación y planteó la necesidad de realizar un "abordaje consciente y cuidadoso" por parte de "nuestra fuerza política, que hoy representa la principal oposición nacional".
"Son casos a trabajar de inmediato porque representan una vulneración a los derechos republicanos", aseguró.
Por tal motivo consideró que, a pesar de que los DNU sean una herramienta constitucional, "el valor conceptual de esa herramienta ya desacredita su aplicación para estos casos", y prosiguió: "Es claro que todos estos temas revisten una clara necesidad, pero son perfectamente aptos para ser tratados en el ámbito que corresponde, que es el Poder Legislativo".
Es así que acusó que dichas medidas no se refieren a una "urgencia institucional" sino que "lo único que desnuda es una búsqueda de impacto mediático para impulsar una campaña electoral".

Ley Corta.
En lo que refiere a la Ley Corta de Telecomunicaciones, Lovera recordó que tuvo su media sanción en la Cámara Alta con algunas modificaciones como la demora, hasta 2020, de la habilitación de la televisión satelital y, hasta 2022, de este servicio para localidades pequeñas.
"Con las correcciones del Senado, la ley ofrece a las cooperativas un porcentaje de las frecuencias de la compañía estatal y, al pasar a Diputados, se planteó que a las provincias se les otorgue parte de las frecuencias de Arsat que el Gobierno Nacional pretende vender al mercado. Ante la negativa del Gobierno Nacional, el proyecto se quedó sin la media sanción en la Cámara Baja", explicó el senador.
Y se preguntó: ¿Y qué hizo el Poder Ejecutivo Nacional?, fiel a su estilo, firmó un decreto en el que modifica la Ley 27208 y, consecuentemente, las reglas de juego en el sector de las comunicaciones, asignándole a las operadoras de telecomunicaciones privadas las bandas de frecuencia para servicios de telefonía móvil reservadas, hasta ahora, a Arsat".
"Es decir, lo que no pudo lograr en el ambiente legítimo de debate -el Congreso de la Nación- lo hace por decreto, ignorando todo el andamiaje republicano", cerró el legislador.

Extinción.
"Respecto a la extinción de dominio, si el Gobierno veía la necesidad de movilizar el tema, bien podría haber propuesto su inclusión en las extraordinarias de diciembre, y no lo hizo. Este apuro no solo desnuda desprecio constitucional sino que expresa, una vez más, un grado temible de improvisación", criticó Lovera, quien señaló que es "incomprensible" que no se hayan usado las herramientas institucionales para sacarla en Diputados en los tiempos razonables.
"Esto no puede quedar como el intento de una cruzada anticorrupción de un puñado de dirigentes demagógicos, las condiciones para protegernos de los mecanismos que abonan a las prácticas vinculadas a la corrupción, justamente, deben ser públicas y transparentes, y si algo no tiene la compulsión que lleva a firmar una sucesión de DNU por parte del Presidente es transparencia, esto no le hace bien al país", planteó el senador y reiteró que esta práctica corresponde a una acción proselitista.

Auditorías.
Respecto a la intención del Gobierno nacional de tener un mayor control sobre el uso de los fondos que hacen las Universidades Nacionales, el senador aclaró que "no creo que ninguna universidad nacional tenga problemas en mostrar sus cuentas. Pero este decreto representa una virtual intervención".
"El Decreto 72/2018, por el que se habilita a la Sindicatura General de la Nación (Sigen) a auditar las cuentas de las universidades públicas, afecta los principios básicos de autonomía y autarquía, al posibilitar que la Jefatura de Gabinete de la Nación designe a auditores para que trabajen dentro de las universidades. Además de ser anticonstitucional lesionaría el gobierno de estas instituciones", criticó Lovera.