“Buscaron eliminar todo disenso”

SUBZONA 14 II: PRIMERA JORNADA DE ALEGATOS DE LA FISCALIA

El fiscal general Leonel Gómez Barbella abrió ayer una nueva etapa de alegatos en el juicio de la Subzona 14 II, el segundo debate por delitos de lesa humanidad llevado adelante en La Pampa, y destacó que la dictadura cívico militar buscó “eliminar todo disenso” y a los grupos de militantes políticos, gremiales y sociales “progresistas”.
“La finalidad de la dictadura era la reconfiguración del entramado social y de las relaciones económicas del país. Los hechos en esta causa no pueden ser vistos como acontecimientos aislados”, manifestó el fiscal durante su exposición en la audiencia realizada ante el Tribunal Oral Federal en el Colegio de Abogados y Procuradores de Santa Rosa.
Los delitos de detenciones ilegales, seguidas por cautiverio y aplicación de tormentos y vejaciones, ocurrieron durante la represión ilegal originada a partir de 1975 y continuado durante el gobierno militar de facto vigente entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1.983.
Gómez Barbella destacó que La Pampa es “una de las pocas provincias que tiene sentencia firme” en el juicio de 2010, por el que fueron condenados ocho represores, varios de ellos juzgados ahora en la Subzona 14 II por otros delitos.
Dijo que la estructura de mando de la Subzona 14 “hizo posible ejecutar el plan criminal trazado desde las altas esferas del Estado” y resaltó que “la estructura material y normativa es un hecho notorio judicial, y fue el fundamento de la decisión”.
Además, explicó que de las sentencias que existen en el país por delitos de lesa humanidad, que son más de 209, hay un 40 por ciento con sentencia firme y más de 282 condenados. “Es una conquista de la sociedad, de víctimas, familiares y organizaciones de derechos humanos”, agregó.
Sobre la represión ilegal en el país, el fiscal destacó que “se erigió un plan sistemático de persecución y exterminación de opositores políticos”, a los que identificó como estudiantes universitarios y miembros de organizaciones sociales, políticas, gremiales y políticas “progresistas”. Advirtió que ello ocurrió para generar “la creación de la metodología del enemigo interno para ejercer el poder y sembrar el territorio en los demás habitantes, un golpe de disuasión y contagio”.

Informantes civiles.
En la continuidad de su alegato, el funcionario judicial indicó que los militares buscaron generar “terror” en la sociedad y las torturas se practicaron para obtener información. “En las salas de torturas no se preguntaba por bombas a punto de estallar, sino por pertenencia política, gremial, relaciones, donde la característica que predominaba fue la eliminación de cualquier tipo de disenso social, basado en la doctrina de la Seguridad Nacional”.
Siguiendo en esa línea, destacó que la dictadura militar dispuso de los recursos estatales para realizar secuestros, torturas, asesinatos y desaparición de personas. “Las historias de las más de 200 víctimas son una prueba del accionar represivo”, advirtió.
Por otro lado, Gómez Barbella destacó el rol que tuvieron el ex militar Luis Baraldini, jefe policial durante la dictadura en la provincia, y Néstor Greppi, que “cumplió un rol relevante como secretario general de la Gobernación”. También resaltó el rol “central” de los informantes civiles y de las áreas de Inteligencia de las fuerzas armadas. Recordó que Baraldini fue oficial de Inteligencia del Ejército antes de ser designado en La Pampa. “Sus designaciones no fueron casualidad”, explicó sobre los ex militares.
Además, comentó que los detenidos ilegales “sufrían pésimas condiciones sanitarias” y agregó que el juez federal Walter Lema, “desplegó el manto de su investidura para cubrir la realidad subyacente a través de la fabulación jurídica que significaron gran parte de los expedientes judiciales obrantes como prueba reservada en la causa”.
Sobre el final de la jornada, Federico Iparraguirre por parte de la fiscalía hizo referencia al grupo de periodistas detenidos en forma ilegal porque “en sus notas e informes daban a conocer la realidad del país y de la provincia”. El mismo estuvo conformado por Nelson Nicoletti, Saúl Santesteban, Miguel Angel “Pinky” Pumilla, Raúl D’atri, Ricardo di Nápoli y Hugo Ferrari. La fiscalía continuará hoy con los alegatos. Las próximas audiencias ya serán en febrero del próximo año, el Ministerio Público solicitará las condenas para los 14 ex policías y ex militares acusados.