Cámara oculta: otorgaron la «probation» al imputado

El juez contravencional de esta ciudad, Maximiliano Boga Doyenard, le otorgó la «probation» (suspensión de juicio a prueba) al único imputado que tuvo la causa que se inició en diciembre pasado por la colocación de una cámara de video vigilancia en el despacho municipal de la localidad de Intendente Alvear.
El hecho lo denunció el anterior intendente, Francisco Traverso, poco días antes de la asunción del actual mandatario, Juan Cruz Barton.
Por el caso se hicieron una serie de allanamientos y se practicaron diferentes medidas de prueba. Desde el inicio, la causa la llevó adelante Sebastián Rawson Paz, fiscal del Juzgado Contravencional de General Pico. A mediados de agosto, el funcionario judicial elevó la acusación contra el imputado, Rodrigo Delgado, y la defensa, a cargo de Hernán Salamone, pidió la suspensión de juicio a prueba, que fue otorgada por el juez a cambio de un pedido de disculpas.
El hecho ocurrió durante los primeros días de diciembre de 2019, cuando Traverso encontró una cámara camuflada en un sensor de movimiento de una alarma, dentro de su despacho. Luego avisó a Barton y a la policía. La Brigada de Investigaciones hizo las pericias correspondientes, y determinó que se trataba de una cámara que estaba en condiciones de funcionar. Al día siguiente se allanó el domicilio de Delgado, quien realizaba de manera periódica, reparaciones sobre los servicios de telefonía e internet de la comuna.

Investigación.
«La causa se inició en diciembre de 2019. El objeto de investigación fue conforme la denuncia, que había un sensor de movimiento donde había sido simulada una cámara. Por las pericias se determinó que la cámara podía funcionar, pero no se podía determinar si había captado imágenes», le dijo Rawson Paz a LA ARENA.
«La fiscalía llevó a cabo medidas de prueba y el 12 de agosto, formuló acusación contra el imputado en la causa. Quiere decir que con la prueba con la que se contaba, se estimaba que había elementos para la realización del juicio oral y público. La fiscalía eleva la acusación, fija los hechos para que se fije fecha para el juicio, y en ese lapso, la defensa solicitó el beneficio de la suspensión de juicio a prueba, debiendo cumplir con los requisitos que exige la norma del Código Contravencional y disposiciones de aplicación supletoria, ofreciendo la reparación del daño que llevaba un ofrecimiento de pedido de disculpas», agregó.
El fiscal indicó que Delgado era una «persona de confianza», dado que era convocado «para trabajos en reparaciones en la parte de internet y telefonía».
También agregó que se le achacó la contravención de haber causado molestias y perturbaciones y la de haber ingresado a un lugar al que no podía hacerlo. En el supuesto que la causa terminara en un juicio oral, el imputado podría ser condenado al pago de una multa económica. En caso de «no cumplirse la multa, se transforma en trabajo a favor de la comunidad, y de no cumplirse esto, se transforma en arresto».

Disculpas.
Rawson Paz subrayó que la causa no quedó cerrada, dado que el imputado debe cumplir con una serie de normas de conducta durante el plazo de un año. En caso de incumplir estas reglas, el juez puede revocar la suspensión y fijar un juicio oral.
«La fiscalía escucha a la víctima que hace una presentación, donde marca ciertos intereses que tenía y la situación que se dio. Evaluado en conjunto esos intereses manifestados por la víctima, se entendió que podía resultar viable el beneficio y de ahí que se pide al juez una audiencia para que ventile el pedido de suspensión», indicó.
«Fue en esa audiencia en la que el imputado ofreció un pedido de disculpas, aunque no quiere decir que reconozca el hecho ni asuma una responsabilidad civil. Esto no configura una confesión pero si ese pedido tiene que tener cierta entidad como que se materialice que hay un conflicto y un ánimo de superar el conflicto», añadió.
«De la audiencia resultó tal circunstancia por lo que se hizo lugar a la suspensión del juicio a prueba. Se suspendió la realización del juicio, y si durante el tiempo de suspensión no comete una nueva contravención o no incumple esas normas de conducta, la causa se termina. Si no cumple, se revoca el beneficio que pidió el imputado y si llega a juicio oral y público», finalizó.