Inicio La Pampa Comisarios ante la Justicia

Comisarios ante la Justicia

INVESTIGACION POR DROGAS Y LAVADO DE ACTIVOS EN LA PAMPA

Los jefes de la Unidad Regional Uno (URI) y de la Brigada de Investigaciones, Luis Blanco y Marcelo Calderón, respectivamente, asistieron ayer sobre el mediodía de manera espontánea al Juzgado y a la Fiscalía Federal. Acompañados por el abogado Marcelo Piazza, los uniformados dialogaron primero con el juez Juan José Baric y luego fueron a presentarse frente al fiscal, Leonel Gómez Barbella.
Ambos aparecieron nombrados en la lista de 25 personas investigadas en una supuesta organización de tráfico de drogas y lavado de activos. En dicho nombramiento apareció también el nombre del diputado provincial y jefe del bloque del PJ, Espartaco Marín.
Los dos uniformados dijeron que se enteraron de la situación a través de los medios y juntos, previo a remitirse a las oficinas federales, se pusieron «a disposición» de la Jefatura de la Policía.
En plena avenida San Martín, los uniformados dialogaron con la prensa después de salir del Juzgado. Blanco, Comisario General con 30 años de servicio en la fuerza, declaró que «puse mi traslado a disposición de Comando Jefatura».
Con respecto a su nombramiento en la lista de 25 personas investigadas por esta supuesta organización, integrada por personalidades ligadas a la compra y venta de vehículos, empresarios de la noche, individuos con causas y condenas por venta y tenencia de estupefacientes, policías y tres personas de nacionalidad paraguaya; el jefe de la URI sostuvo la postura de no efectuar mayores declaraciones ya que «del resto (de la investigación) desconozco. Me enteré en el día de ayer -por el domingo-» a través de los medios de comunicación.
En cuanto a su situación, Calderón manifestó: «Nos vimos sorprendidos por esto». El jefe a cargo de la Brigada de Investigaciones también se puso a disposición del jefe de la Policía, Roberto Ayala, e hizo lo propio ante la Justicia Federal: «para que determinen lo que tengan que determinar». Calderón adelantó que Baric «nos atendió y nos dio la garantía de que se va a trabajar el tema y que eventualmente se nos informará».
Lo ocurrido tomó rápida repercusión y movió los cimientos de la política pampeana y también de las autoridades de la fuerza policial. Es por ello que Blanco aseguró que «estamos a disposición de nuestra institución que es lo que más nos interesa».

Descartó que sea político.
Por su parte Piazza manifestó que la manera en la cual se hizo público el oficio resultó para el letrado algo que «no es habitual». De acuerdo a su visión «es posible que alguien pudo tomar conocimiento a través de alguno de los organismos que se ofició para que informe. Descarto que haya sido de la Fiscalía o el Juzgado, pero estamos en una etapa tan de primera que es difícil tener idea de cuáles van a ser, en definitiva, los hechos».
«El fiscal encausará la investigación para los que realmente crea que hay elementos», dijo el abogado y descartó que esto fuera un «pase de facturas» en lo político: «lo descarto en tanto y en cuanto fueron posteriores a las elecciones. Me parece alguna cuestión de que algún empleado administrativo hizo algo que no debía. Confío en el fiscal (Gómez Barbella) y en el juez (Baric)», concluyó.

“Hay irregularidades”.
La forma en la que se filtró la información invita a sospechar. Un oficio judicial se hace público y en él figuran –gracias a una persona que pidió reserva de identidad– los nombres de 25 personas por las cuales la Justicia Federal solicita cierta información, que luego debe ser remitida a la División de Lavado de Narcotráfico y a la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la PFA, cae en manos de alguien que lo entrega a un medio de comunicación y a partir de ahí se difunde sin límites.
En ese contexto este diario pudo saber que en los pasillos de la Ciudad Judicial de Santa Rosa, también en el MPF, las opiniones coinciden en que hay “irregularidades” en torno a la presentación del oficio. Se dice que, la mayoría de los funcionarios, no entregarían un documento de este calibre sin antes solicitar la reserva de las actuaciones. Otros irían personalmente a plantear la inquietud a la persona encargada del área a la cual se le solicita la información personal de cada individuo. Pero nadie enviaría o dejaría en la mesa de entrada de una oficina un documento con los posibles involucrados de una organización delictiva mencionados. Los resultados quedaron a la vista.