Condenan a comerciante

PRISION EN SUSPENSO

Por el procedimiento de juicio abreviado, el juez de control santarroseño Carlos Matías Chapalcaz condenó a un comerciante de 66 años a un año de prisión en suspenso, por resultar autor material y penalmente responsable del delito de abuso sexual simple.
Con las pruebas incorporadas al expediente, quedó probado que el 21 de enero de este año, el acusado mientras almorzaba en la casa de la abuela de la víctima, y en circunstancias en que se quedaron solos en la cocina, aprovechó para efectuarle “tocamientos impúdicos” a una menor de 12 años “con la finalidad de satisfacer sus deseos libidinosos”.
El abreviado fue promovido, en forma conjunta, por el fiscal Walter Antonio Martos, la defensora Maribel Hernández, la asesora de Niñas, Niños y Adolescentes Graciela Massara y el imputado, quien aceptó su culpabilidad. La madre de la niña, y a su vez denunciante, al ser informada del acuerdo también prestó su conformidad.
Chapalcaz tuvo en consideración, entre otros elementos probatorios, un informe de la Oficina de Atención a la Víctima del Delito y a los Testigos, una pericia psiquiátrica, la declaración de la víctima en Cámara Gesell y las conclusiones brindadas por la psicóloga que la asistió.

Cámara Gesell.
Al margen del reconocimiento dado por el comerciante, el juez señaló que el hecho fue acreditado en mérito al testimonio dado por la menor en Cámara Gesell, ya que “sus dichos resultaron contestes con los oportunamente denunciados por su progenitora”; agregando que “en igual sentido valoro el amplio informe confeccionado por la Oavyt”.
Las partes también resolvieron que el imputado debe cumplir con las siguientes pautas de conducta durante dos años: fijar domicilio, del que no podrá ausentarse sin autorización de la autoridad judicial; someterse al cuidado y contralor de la Unidad de Abordaje, Supervisión y Orientación de personas en conflicto con la ley penal; abstenerse de relacionarse de modo alguno con la víctima; y realizar un tratamiento psicológico.
Además, una vez que el fallo quede firme, Chapalcaz dispuso que se lo remita al Registro de Procedimiento y Notificación de Antecedentes de condenados por delitos contra la integridad sexual, cuya autoridad de aplicación es la Procuración General.