Le confirmaron la pena a un ex juez

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los doctores Mariano Borinsky, Juan Carlos Gemignani y Gustavo Hornos, confirmó este miércoles la sentencia contra el ex juez federal subrogante de La Pampa, José Antonio Charlín. El ex magistrado había sido encontrado culpable de los delitos de uso de fondos públicos para un destino personal, amenazas para amedrentar al personal a su cargo, abuso sexual y amenazas hacia sus empleadas en un contexto de violencia de género laboral, amenazas a un periodista y otros funcionarios y daños sobre el mobiliario de la oficina judicial en ataques de furia.
Los hechos que se juzgaron en nuestra provincia ocurrieron durante los casi dos meses que Charlín ejerció en La Pampa, a partir de la primera quincena de junio de 2013. Según publicó ayer el portal digital Infobae, de la Capital Federal, el voto del juez Hornos destacó el contexto de violencia general que generaba el imputado en el lugar de trabajo y la impunidad con la que se desenvolvía, dirigiéndose a los empleados con agresiones verbales y brotes de ira.

"Numerosa prueba".
Respecto a la falta de pruebas o testimonios en su contra que alegó la defensa de Charlín al apelar el fallo del Tribunal Oral Federal de Santa Rosa, Hornos fue claro: "Resulta contundente la univocidad de los discursos de las víctimas quienes relataron en forma concordante y bajo un mismo 'modus operandi' situaciones violentas en las cuales el condenado fue el protagonista, en un claro abuso de su función de juez".
"Debe resaltarse, a diferencia de lo sostenido por la defensa, que cada suceso enrostrado al ex magistrado contó con numerosa prueba testimonial", añadió.
Borinsky, Gemignani y Hornos dieron por probado también que Charlín tenía una especial animosidad en contra de las empleadas mujeres atento a los comentarios estereotipados contra el género femenino dirigidos a cosificarlas y a incomodarlas.

Acoso sexual.
Uno de los hechos que Casación ratificó fue el intento de acoso sexual a la secretaria penal del juzgado, Iara Silvestre. La mujer relató en el juicio cómo Charlín le hablaba de sus pechos, le hacía comentarios groseros, le tocaba la ropa con la excusa de preguntarle de qué material era y en una oportunidad le pasó la mano por toda la espalda hasta la cintura.
Casación consideró probado que la violencia utilizada por el ex magistrado se extendía hacia todos sus empleados, en ocasiones utilizando una trincheta y amenazando de muerte con irónicos comentarios, diciendo por ejemplo, que tenía ganas de "meterle la cabeza en la laguna hasta que dejaran de salir burbujas".

Amenazas al personal.
Otro hecho que también quedó probado, según el tribunal de alzada, fue el de las sucesivas amenazas contra el personal, concretamente unos 12 empleados contratados de la Secretaría Electoral, a los que el entonces juez citó individualmente a su despacho para preguntarles quién los había nombrado y cuál era su afinidad política. En esas reuniones, les dejó en claro que podía echarlos porque quería nombrar a gente de su confianza.
Añadieron también el caso del reportero gráfico del matutino local El Diario, al que el juez amenazó cuando éste realizaba la cobertura del recuento de votos de la PASO del año 2013.
También fue condenado por malversar fondos públicos. El juez gastó 32.970 pesos del juzgado para comprar sillones, una televisión full HD de 32 pulgadas, un reproductor, un escritorio, un equipo de música y sanitarios.

Juicio oral.
Por todos esos hechos, el 18 de mayo pasado, en un duro pronunciamiento, el TOF de Santa Rosa condenó a Charlín a cinco años de cárcel y diez de inhabilitación para ejercer cargos públicos en la Justicia por un total de nueve delitos cometidos durante su breve gestión de casi 60 días en el Juzgado Federal.
Los jueces Luis Salas, Orlando Coscia y Carlos Grosso lo consideraron culpable de los delitos de abuso de autoridad en concurso ideal con malversación de caudales públicos y real con abuso sexual simple en grado de tentativa y en situación de violencia de género, daños, amenazas para compeler a otro a hacer abandono de trabajo y amenazas agravadas por uso de arma.