Continúa la polémica por la instalación de antenas

El presidente de la Cooperativa Popular de Electricidad (CPE) de Santa Rosa, Alfredo Carrascal, pidió ayer a los concejales del oficialismo y de la oposición que no cedan ante la “extorsión” del Grupo Clarín en el marco del polémico debate para modificar la ordenanza que regula la instalación de antenas de telecomunicaciones en la capital pampeana.
En el plenario de comisiones, hubo cruces entre los ediles y miembros de la entidad solidaria que resistió la colocación de antenas en espacios públicos -hoy solo se pueden instalar en lugares privados- y terminó forzando la derogación, al advertir que la normativa iba en contra de su proyecto de brindar telefonía móvil.
El concejal Félix Villatoro (Frepam) solicitó a las autoridades de la CPE su opinión sobre el uso de los espacios públicos y el viceintendente Jorge Domínguez fue más allá, al afirmar que “ya no existen espacios que no sean públicos en los nuevos barrios, no quedaron espacios para las escuelas, para la policía, para nada y ese es uno de los reclamos del Concejo. ¿Si no los ponemos ahí dónde los ponemos?”, preguntó y advirtió que la cooperativa usa espacios públicos para los transformadores y el cableado. “¿Entonces para unos sí y para otros no?”, agregó.
Desde la entidad, diferenciaron la prestación de un servicio público y un privado. El primero está “regulado por el Estado, como el eléctrico, donde la CPE rinde cuentas y la tarifa la determina la APE. El gas también, el transporte público, los taxis. Nadie discute la ocupación de las esquinas para el ómnibus”, ejemplificó Carrascal.

Sin extorsión.
“Es muy importante que la Municipalidad de Santa Rosa se distinga del resto. En las otras ciudades el costo de todos estos monopolios es el doble. Pero acá tenemos a la Cooperativa y nos parece que tenemos que preservar los espacios públicos, estamos dispuestos a prestar la telefonía sin invadir los espacios públicos”, reafirmó.
“El Grupo Clarín está diciendo una parte de los argumentos y nos enrostra a los Estados la imposibilidad de mejorar sus servicios. No cedamos a esa extorsión. No hemos visto ninguna convocatoria pública en la que le pidan a los vecinos que les cedan espacios privados”, cuestionó.
“¿Alguien recibe respuesta si quiere saber porqué le cobran lo que les cobran por el servicio de celular?”, preguntó Carrascal. “A nosotros nos parece que la historia nos tiene que ayudar a pensar mejor. Está muy bien aggiornar la legislación y que se empiece a recaudar de las antenas que ya están colocadas” porque “tienen mucho dinero”, dijo.
A la comisión, junto a Carrascal asistieron el gerente general Ariel Martínez, el gerente de Telecomunicaciones Fabián Denda, el gerente del Servicio Eléctrico Luis Usero y el asesor legal Rodrigo Basilio. Entre los concejales estuvieron Claudia Giorgis, Félix Villatoro, Marcos Cuelle, María Celia Ibarguren y Jorge Domínguez (Frepam), junto a Jorge Rodríguez (PJ). No participaron representantes de Cambiemos, Pueblo Nuevo y el FpV.

“De un día para otro”.
Ariel Martínez, por parte de la CPE, también planteó el malestar de la entidad por la modificación de la ordenanza que se sancionó el 7 de septiembre, permitiendo la instalación de antenas en espacios públicos. “Nos encontramos con una ordenanza de un día para otro y a su vez con pedidos de una empresa que viene a prestar servicio”, dijo.
Manifestó que la cooperativa no instalará antenas en espacios públicos mientras que Carrascal recordó que le “sorprendió” la aprobación del Concejo de aquella normativa pero también valoró que “fueron tenidos en cuenta nuestros reclamos” para poder “reflexionar” al respecto.
En tanto, Domínguez afirmó que las protestas fueron vistas “como algo político” a lo que respondieron que es político pero no partidario “porque la defensa de los intereses de la cooperativa la hemos realizado independientemente de quienes estén en el gobierno”. Ante ello, Denda agregó: “Parece ser que hoy si el Estado no interviene las empresas no pueden dar sus servicios. Pido que por lo menos lo pongan en duda”.

Un registro.
Para la concejala Giorgis, “lo que generó más ruido fue el apresuramiento y la aparición de una empresa solicitando los lugares”, tema que dijo “desconocíamos en el Concejo” y aclaró que “de ninguna manera surgía que podría llegar a tratarse del uso de espacios verdes sino de yuyales”.
Además, insistió en la necesidad de contar con un Registro Público de antenas -ya hay 100 instaladas en la ciudad- porque “si querés poner un kiosco tenés que contar con permisos, habilitaciones, pero si el kiosco está arriba de un edificio no pasa nada y ese kiosco recauda fortunas”.
Planteó la posibilidad de “modificación de la tarifaria para la penalización” sobre las que adelantó “van a ser fortísimas en el caso de empresas de celulares y televisión” y habrá multas de menos valor “para las radios y demás, con la intención de diferenciar el castigo a las grandes empresas con los pequeños emprendimientos”. Giorgis les pidió colaboración para lograr un registro público de antenas ya que “el Enacom aduce que es un secreto estadístico, aunque no creemos que eso sea cierto”.
También la concejala compartió su preocupación por la antena que estaba colocada en el hospital Lucio Molas y que fuera “misteriosamente retirada cuando se estaba dando el debate en la sociedad. Queremos que nos digan a nombre de quién estaba registrado ese medidor. Necesitamos saber quién pagaba por su uso y a quién. ¿Al gobierno provincial? ¿A quién?”. Usero dijo que hace dos o tres días alguien había dado de baja ese medidor pero que no recordaba quién.
Por su parte, Ibarguren defendió la legislación ya derogada y consideró que “fue una pérdida para los vecinos”. Resaltó que se utilizaría solamente “el 2,5% de un espacio que como mínimo debía contar con 8.000 metros cuadrados. Lugares de yuyales que no solamente empresas, sino también la Cooperativa, podrían haber consolidado como un espacio verde para aprovechamiento de los vecinos”, se lamentó.

“Lo que hay es preexistente”
El presidente de la CPE también fue consultado por las antenas identificadas en Toay, en espacios públicos. “Nos reunimos con el intendente (Ariel Rojas) con esa preocupación y nos dijo que no va a abrir nuevos espacios y que lo que hay es preexistente”, dijo Alfredo Carrascal. Además, destacó que “no hay marcha atrás” sobre el consenso que se logró en la sociedad por el rechazo al uso de espacios públicos para que empresas como Telecom instalen estructuras de comunicaciones en la capital pampeana.

“Posición negativa” ante un pedido
“Después de la derogación de la ordenanza tuvimos un pedido formal del municipio y es la interrupción del servicio eléctrico a las antenas que no tienen autorización”, dijo Alfredo Carrascal de la CPE. Con ello, agregó, “se nos estaba colocando como un órgano ejecutor del control de la legalidad y nos parece que esto no nos va a conducir a nada bueno”.
De esta manera, el directivo adelantó “la posición negativa” al pedido “porque no somos un órgano de aplicación de leyes, ni tampoco tenemos las herramientas burocráticas o administrativa para hacerlo”.
El concejal Félix Villatoro, en tanto, pidió información sobre porqué la CPE les da energía a las antenas que no están habilitadas a lo que Luis Usero -gerente del Servicio Eléctrico- respondió que “además de que la distribución de la energía eléctrica es potestad de la Provincia y que las ordenanzas que se invoca para pedirnos que les cortemos el servicio no son atendibles, cuando alguien solicita el medidor no hay constancia de cuál será su uso. Puede ser para alimentar una antena o abrir un local”.

Citan a multinacionales
Las empresas Movistar, Claro y Personal también tendrán la posibilidad de exponer su postura en el Concejo Deliberante de Santa Rosa sobre la ordenanza que regula la instalación de antenas de comunicaciones en la ciudad capital, según informaron fuentes oficiales. Los consultados no pudieron dar precisiones sobre las fechas en las que asistirán los directivos de las firmas multinacionales. El próximo miércoles, en tanto, desde las 10, está confirmada la asistencia a comisión de miembros de la Cámara de Informática y Telecomunicaciones, del Sindicato de Telefónicos, del personal de Obras de la Municipalidad y también de representantes de pequeños servidores de Internet.