Crímenes de lesa humanidad: hay 611 causas en trámite

Al cumplirse 43 años del golpe de Estado que dio inicio a la última dictadura militar en la Argentina, organizaciones de derechos humanos y ciudadanos marcharon el domingo a Plaza de Mayo en conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia; como también lo hicieron en todas las capitales del país. En ese contexto, la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, realizó un informe sobre el estado de los juicios por delitos de lesa humanidad y cómo avanzaron en el último tiempo.
Los juicios por delitos de lesa humanidad se reiniciaron hace casi 15 años, luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictara el fallo "Simón", en el que confirmó la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final. Esto quiere decir que los juicios se reiniciaron más de 20 años después de finalizada la dictadura. Por eso, la mayoría de los militares juzgados tienen una avanzada edad.
Conforme a los datos de la Procuraduría, a cargo de la fiscal Angeles Ramos, del total de personas investigadas desde la reactivación de los juicios un 22% murieron. Y cada vez son más los que acceden al beneficio de la prisión domiciliaria. A esto se suma el problema de la importante demora en los juicios.

La situación actual.
Los datos de la Procuración reflejan que a marzo de 2019 hay 611 causas en trámite por delitos de lesa humanidad. El 40% se encuentra en la etapa de instrucción, es decir, en la parte preliminar de investigación y recolección de pruebas. En el otro extremo, hay un 36% que ya obtuvo una sentencia. Un 17% fueron elevadas a los tribunales orales, pero aún no comenzaron los juicios. Y sólo un 2% está actualmente en juicio oral.
"Si bien a la fecha se encuentran en juicio 14 causas, entre febrero y marzo de 2019, se pospuso al menos el inicio de tres juicios", señala el informe. Un año atrás, en marzo de 2018, un 47% de las causas estaban en instrucción y un 34% tenían una sentencia.

Demoras en el proceso.
El estudio realizado de los expedientes judiciales por delitos de lesa humanidad muestra que desde el momento en que una causa se eleva a juicio oral hasta que se resuelve el último recurso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación pasan en promedio 5 años. Es decir que desde el momento que una causa se radica ante un tribunal oral hasta que su sentencia queda firme pasan 5 años. "Tomando en consideración estos promedios, y aun suponiendo que las 244 causas que hoy están en etapa de instrucción sean elevadas a juicio durante 2019 podría estimarse que continuarán en trámite al menos hasta 2025", señala la Procuración. Ese año se cumplirán casi 50 años desde el golpe militar.
El principal problema está después del juicio, cuando las sentencias pueden ser apeladas, primero ante la Cámara Federal de Casación Penal y luego ante la Corte Suprema de Justicia. Desde que termina el juicio hasta que la Corte dicta la última sentencia pasan en promedio 3,7 años.

¿Cárcel o domiciliaria?
Los represores investigados por delitos de lesa humanidad son en su mayoría personas de avanzada edad. Por lo tanto, cuentan en promedio con mayor acceso al beneficio de la prisión domiciliaria que el resto de la población carcelaria. Según datos del Sistema Nacional de Estadísticas de Ejecución de la Pena (SNEEP), a nivel nacional hay más de 92 mil personas detenidas por cualquier tipo de delito. De ese total, sólo un 0,8% (774) cumplen su detención en su hogar.
En el universo de personas investigadas por su actuación durante la última dictadura militar los números son muy distintos. De los 977 detenidos que hay actualmente, el 66,5% (650) accedieron al beneficio de la prisión domiciliaria. Por su parte, el 25,7% están en unidades del Servicio Penitenciario y el 7,6% restante están en otros establecimientos, como Campo de Mayo o dependencias de Gendarmería Nacional.
Esta tendencia viene ampliándose año tras año. En 2018 los detenidos con prisión domiciliaria eran el 64,8%, mientras que en 2015 representaban el 41 por ciento. Este fue el último año en el que los detenidos en unidades penitenciarias fueron más que los detenidos en sus hogares.