Declaran causa “compleja”

Continúa la investigación por la muerte de Felisa Acevedo, una jubilada de 86 años que falleció en noviembre de año pasado luego de estar internada durante 20 días en el hospital Lucio molas de esta capital, luego de ser asaltada y brutalmente golpeada en su departamento del barrio Calfucurá.
Por el crimen de la mujer, hay dos personas acusadas. Se trata de Pablo Daniel O’Lery (30) y Melody Cecilia Martínez (35), quienes están imputados por el delito de homicidio “criminis causa”. Y ahora el juez de Control, Gabriel Lauce Tedín, determinó que ambos seguirán detenidos en forma preventiva hasta la finalización del proceso.
Además, el magistrado también declaró la causa como “compleja”, por la falta de recolección de pruebas, algunas de ellas que fueron autorizadas pero se esperan sus resultados. Esa condición permite ahora extender los plazos de prisión preventiva para los acusados y también en la investigación judicial.
El planteo de la continuidad de los acusados en prisión, para que no entorpezcan la investigación o por peligro de fuga, y la condición de causa “compleja”, fueron dos medidas propuestas por el fiscal penal Facundo Bon Dergham, que tuvo la oposición de los defensores, Silvina Blanco Gómez (de O’Lery) y Gastón Gómez (de Martínez).
En la audiencia realizada ayer en la Ciudad Judicial, el fiscal manifestó que el delito de homicidio “criminis causa” tiene una pena en expectativa única de prisión perpetua y destacó que se incorporaron al expediente distintas pruebas de ADN, allanamientos, secuestros de diversos elementos, y que ello “no disminuyó los peligros procesales sino que se agravaron”.
Dijo que la pena en expectativa genera la posibilidad que los acusados puedan fugarse, al rechazar la posibilidad de su liberación que luego solicitaron los defensores de los imputados en ambos casos.

El caso.
Bon Dergham solicitó la realización de la audiencia porque mañana vence el plazo previsto de la prisión preventiva dictada por el juez Lauce Tedín, en la audiencia de formalización. En aquella audiencia, ya había realizado el pedido de causa “compleja” que ahora otorgó el magistrado.
Martínez y O’Lery están acusados de ingresar con conocimiento de Acevedo a su departamento, el 31 de octubre del año pasado, entre las 17 y 22 horas. “Ingresaron con intención de robarle y causarle la muerte. Martínez era conocida de Acevedo y llevaban una barreta de hierro para cometer el hecho, y esa fue el arma homicida”, explicó la fiscalía.
Dijo que “la mujer fue golpeada en la frente con la barreta, provocándole una lesión que le produjo la muerte”. En rigor, Acevedo fue hallada gravemente herida por una nieta y derivada al Molas. Estuvo inconsciente en su casa durante más de 24 horas en el suelo. La mujer no se pudo reponer de las heridas y falleció horas después.

“Un plan armado”.
Durante la audiencia, el fiscal Bon Dergham dio cuenta de las pruebas con las que cuenta el expediente para acusar a los imputados y aclaró que aún hay otras pericias autorizadas de las que todavía no están los resultados. Entre otras cuestiones, resaltó el testimonio de Franco Ríos, quien “involucra en forma directa a las personas” porque “dice que vio a Martínez ensangrentada, y es un testimonio que compromete severamente a las autores”.
Contó que O’Lery volvió al lugar del homicidio en una oportunidad aquel día de octubre, según consta en las cámaras de la zona, y que el motivo del hecho era robarle a la jubilada. Al imputado, en tanto, le secuestraron unos 7.500 pesos de la víctima.
A Martínez se le secuestró una computadora de su casa, y las pericias arrojaron que antes del hecho hay registro de búsquedas de links de videos con tutoriales de hechos delictivos y de prácticas de “torturas”.
“Hubo un plan armado”, destacó el fiscal.
Blanco Gómez, que encabeza la defensa de O’Lery, rechazó el planteo de la fiscalía porque “fueron disminuidos” los elementos que podrían llevar a considerar la posibilidad de peligro procesal para el desarrollo de la investigación y entorpecimiento de la misma. Y afirmó que la prueba “no es suficiente” para determinar esa condición. Pidió la libertad del acusado o la prisión domiciliaria en forma subsidiaria.
El abogado Gómez intentó derribar cada argumento de la fiscalía. “Le faltan pruebas concretas para posicionarse”, remarcó. Y mencionó a Eduardo Gómez, un testigo que supuestamente fue “perseguido”. Para argumentar el pedido de prisión domiciliaria de Martínez, agregó que es madre de niños de 6, 7 y 10 años y planteó la necesidad de considerar “el interés superior del niño que habla de tener cerca a la madre y en este caso hace dos meses que no se ven”.

Siguen detenidos.
Por último, el juez Lauce Tedín consideró la cuantiosa prueba que tiene el expediente y que hay pericias autorizadas que no fueron incorporadas aún, por lo que decidió avanzar en la declaración de causa “compleja”. Además, señaló que existen “peligros” procesales en cuanto a los testigos y pruebas de ADN que se podrían realizar para rechazar los pedidos de fin de la preventiva para los acusados.
“La única medida que puede garantizar el transcurso del proceso y la comparecencia de los testigos es la prisión preventiva. Hoy con estos elementos de convicción suficiente, puede haber el peligro de fuga”, manifestó el magistrado, advirtiendo que “la gravedad y violencia del hecho, la influencia y temor que manifestaron los testigos, me lleva a la convicción de mantener la preventiva efectiva hasta la finalización del proceso”.