Denuncian a la municipalidad local a raíz de una licitación

HABILITACION "EXPRES" A TRANSPORTES ESCOLARES

Un grupo de pequeños empresarios dueños de colectivos para transporte urbano de pasajeros presentaron ayer una denuncia penal en el Ministerio Público Fiscal, a los fines de que se investigue la existencia de un posible delito respecto que el Municipio habilitara en forma “exprés” a la firma Autobuses Bariloche SRL y que no cumpliría los requisitos necesarios y “esenciales” para el servicio de escolares.
Los representantes de las empresa de transporte “Pony”, Enrique Gabriel Marcos; de “Ciudad de Toay”, Marisa Silvia Alvarez y de “CSG Servicios”, Eduardo Cristensen; llegaron a las oficinas del MPF acompañados por su representante legal, Fernando Gutiérrez, cerca de las 10 de la mañana del lunes.
Con ellos llevaron un documento que se presentó en la Unidad de Atención Primaria (UAP) y más tarde fueron recibidos por una autoridad judicial, que próximamente dará intervención sobre la denuncia al o los fiscales correspondientes a la Fiscalía de Delitos Económicos y Delitos contra la Administración Pública.
Con respecto a la presentación hecha ayer, LA ARENA accedió a los detalles de la denuncia en la que los empresarios solicitan que se investigue “la posible comisión del Delito tipificado por el Artículo 248 del Código Penal por parte de autoridades de la Municipalidad de Santa Rosa, en el otorgamiento permitido de transporte escolar Nº 39 a la empresa Autobuses Bariloche SRL, efectuada mediante Disposición Nº 169/2018 en fecha 29 de junio de 2018, de la Dirección de Control e Inspección de Servicios Públicos de la citada municipalidad”.

Irregular.
Tras presentar la exposición, el letrado que representa a los empresarios dialogó con este diario y explicó que “denunciamos una situación que corresponde con el otorgamiento -a nuestro criterio irregular- de un permiso para prestar servicio de transporte escolar a Autobuses Bariloche SRL” y agregó además que “hay una ordenanza del año 2016 que regula todo lo atinente del servicio en el ejido de Santa Rosa, y entre los requisitos que exige la norma es que, quien quiera ser permisionario, debe acreditar al momento de solicitar el servicio la titularidad del cien por cien de las unidades que vaya a afectar ese servicio”.
“Esto que mencionamos Autobuses Bariloche no lo ha hecho, porque todas las unidades que presentó para efectuar el servicio no están a nombre de esa empresa sino que están a nombre de ‘El Recreo’, una empresa de Santa Fe. Por lo cual nunca debió habérsele otorgado el permiso para la explotación del servicio de transporte escolar”, insistió.

Comisión de delito.
“Por más que le quieran dar ahora el rótulo de ‘provisorio’ no es así. El permiso se otorga o no, y a Autobuses Bariloche se lo entregaron sin cumplir, según lo entendemos, con los requisitos que la propia normativa municipal exige. Nosotros entendemos que puede configurarse la comisión de un delito”, continuó Gutiérrez quien aseguró que “no se denunció a nadie en particular, sino que se denunció una situación, hechos, para que la Justicia investigue”.
El delito es contra la Administración Pública que lo comete quien se excede en sus facultades o quien dicte actos o normas en contravención a la normativa a la Legislación vigente. Puede entrar en abuso de autoridad, u otra carátula; “pero no estamos afirmando que existe un delito, sino que afirmamos que existe una situación cuanto menos irregular”, concluyó el letrado.
Por último, Cristensen dijo que las empresas deben estar inscriptas en la municipalidad de Santa Rosa y que “para poder solicitar el permiso de transporte escolar, debe ser una empresa radicada en esta ciudad. Ese mismo día se le otorgó la habilitación de una oficina comercial; o sea, es una habilitación ‘exprés’ con una celeridad increíble. Por esto hicimos la denuncia, para que se investigue”, concluyó.