Desalojos: un círculo vicioso

Hay tres canales por los cuales se lleva a cabo un desalojo. La vía civil, la vía penal y la conflictividad familiar. Las tres modalidades tienen relación directa con la crisis económica que azota al país.
Un desalojo por vía civil tiene que ver cuando hay un contrato formal de por medio, es decir, un inquilino -por ejemplo- alquila una casa o un departamento y, de pronto, no puede pagarlo más. El dueño del inmueble, entonces, inicia acciones judiciales.
Por vía penal se da directamente cuando se ocupa una casa del IPAV, o sea, no hay nada legal. A veces el dueño se la presta temporalmente, o se alquila (lo cual está prohibido); pero en el mayor de los casos tiene que ver con personas que les llega el dato de una vivienda abandonada, y deciden ocuparla.
La tercera vía está relacionada con la conflictividad familiar. Hay situaciones en donde conviven, por ejemplo, abuelos, padres, hijos, y tíos bajo un mismo techo. Ocurre una discusión y un sector de la familia queda en la calle. Esto siempre puede pasar, pero durante las crisis económicas y sociales, son más frecuentes.

Circulo vicioso.
Ahora bien, en La Pampa, actualmente, se utilizan dos maneras para paliar la situación de las personas que padecen un desalojo: se les otorga un subsidio temporal, para que subsistan y/o alquilen (en general son 6 mi pesos durante tres meses), o se las reubica con sus respectivas familias.
Sin embargo, en todos los casos, las personas desalojadas siguen estando propensas a quedar nuevamente en la calle, ya que muchas se tuvieron que ir de sus casas luego de una pelea con su familia, y los organismos que intervienen en estas circunstancias se encargan de reubicarlas con ellas.
Otras, no pudieron pagar más la renta, y el Estado le brinda un subsidio para que alquile, pero solo por tres meses y, además, es escaso. Es decir, más temprano que tarde volverán a sufrir las consecuencias de la crisis habitacional.
Hay casos, incluso, en donde un grupo (en general son madres jóvenes y solteras con hijos menores) se tiene que ir de sus hogares debido a la conflictividad familiar. Entonces, ocupan una casa de IPAV abandonada, pero son desalojados luego de una denuncia penal. El Estado les consigue un departamento para alquilar, pero cuando se les termina el subsidio no lo pueden pagar más. Vuelven con sus familiares, la conflictividad sigue latente, y corren riesgo de quedar nuevamente en situación de calle.
En este sentido, LA ARENA consultó con el Defensor del Niño, Juan Pablo Meaca, y aseguró que "el que tiene trabajo o alguna changa, en tres meses que lo ayudamos, se puede organizar porque ahorra; pero la familia que no tiene trabajo, que son en general las que llegan a esta situación, en cuatro meses vuelven a lo mismo".
Por esto, dijo que "el tema de fondo es la vivienda del IPAV. Nosotros actuamos como paliativo ante la imposibilidad de obtener casas, para que puedan alquilar o queden con un familiar".
Asimismo, reveló que le ha tocado atender casos en donde "han ocupado viviendas en dos oportunidades diferentes, aunque tengan subsidios de manera permanente".

Un parche.
En estas circunstancias actúan en conjunto diferentes áreas de Desarrollo Social de la provincia, el municipio y la Defensoría del Niño (cuando hay menores de por medio). Se encargan de entregar el subsidio, establecer contactos con las familias, y, ahora también, evitar el despliegue policial.
Pese a esto, el resultado casi siempre es el mismo: un parche que, al cabo de un tiempo no muy prolongado, se despega y deja entrever el estado de vulnerabilidad social vigente.
Una opción podrían ser albergues para contener momentáneamente con techo y comida a las personas que sufren un desalojo, pero ni la provincia ni los municipios tienen.
En relación a esto, Meaca explicó que en algunos lugares del país existe esa modalidad, "pero se da en las grandes ciudades donde tienen mucha gente durmiendo en la calle. Acá intentamos no llegar a eso, por ende la plata se la destina para alquilar o como contención social".
Estas familias tienen una característica en común: son grupos que esperan desde hace mucho tiempo una vivienda social. Sin embargo, hace dos años y medio que el IPAV no otorga casas y, según coinciden los conocedores del tema, cuando comience a entregar viviendas, la problemática se va a ir descomprimiendo.